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El 9 de febrero de 2023, la dictadura Ortega-Murillo excarceló a 222 presos políticos que durante varios años habían permanecido sometidos a torturas y confinamiento solitario en las cárceles de El Chipote y La Modelo en Nicaragua, y los desterró a Estados Unidos. Entre los desterrados estaban los siete precandidatos presidenciales opositores, encarcelados cinco meses antes de las elecciones de noviembre de 2021, y decenas de activistas y líderes cívicos que respaldaron la rebelión de abril en 2018 y participaron en el diálogo nacional con el Gobierno, que fue aplastado por la represión estatal y el estado policial.
Cuando el “vuelo de la libertad” aterrizó en el aeropuerto Dulles en Virginia y los excarcelados empezaron a salir del avión de la empresa OMNI, contratada por USAID, en Managua un magistrado del Tribunal de Apelaciones leyó un decreto anunciando que los 222 eran “traidores a la patria” y habían sido despojados de su nacionalidad nicaragüense, convirtiéndose en “apátridas”.
En realidad, el espurio decreto solamente ejecutaba la condena que anticipó el dictador Daniel Ortega en noviembre de 2021, cuando se autoproclamó ganador en la farsa electoral, sin competencia política, y en cadena nacional de radio y televisión atacó con virulencia a los presos políticos: “Son los hijos de perra de los imperialistas yanquis”, gritó, y ordenó: “se los deberían llevar a los Estados Unidos, ¡no son nicaragüenses, no tienen patria!”
El crimen de apatridia como persecución política fue rechazado por la mayoría de las naciones democráticas de América Latina y Europa, y en medio de esa condena general se destacó el extraordinario gesto político y humanitario del Gobierno de España, que extendió la protección internacional a los “apátridas” nicaragüenses, al ofrecerles la posibilidad de adquirir la nacionalidad española “por carta de naturaleza”.
Una semana después del primer decreto masivo de “apatridia”, el 15 de febrero de 2023, la dictadura ejecutó otro acto de venganza contra 94 ciudadanos, casi todos exiliados, y además de declararlos “traidores a la patria”, sin ningún juicio o proceso legal, ordenó la confiscación ilegal de todos sus bienes. Nuevamente, el Gobierno de España anunció que su oferta a los “apátridas” para obtener la nacionalidad española a través de un proceso de naturalización se extendía para los 94, y para “cualquier ciudadano de Nicaragua que en el futuro pueda quedar en situación de apátrida por las decisiones del Gobierno de Daniel Ortega”.
La solidaridad de España marcó un antes y un después en la protección internacional de los “apátridas” nicaragüenses. Entre 2023 y 2026, el Consejo de Ministros de España otorgó la nacionalidad española por naturalización a más de 135 nicaragüenses, mientras que el régimen desterró a otros 125 presos políticos a Guatemala, despojándolos de su nacionalidad.
Según las Naciones Unidas, más de 452 ciudadanos hemos sido declarados “apátridas”, sin incluir casos que no fueron publicados en un decreto, o que se ejecutaron en juicios secretos, y muchos más a quienes se les prohíbe el ingreso al país, se les niega el derecho de renovar sus pasaportes y documentos de identidad, y se encuentran en un estado de apatridia de facto.
Los “apátridas” representan una muestra de la pluralidad de la sociedad nicaragüense que ha sido objeto del crimen de persecución política por oponerse a la dictadura. Entre ellos, hay obispos y sacerdotes de la Iglesia católica, escritores e intelectuales públicos, líderes y activistas de todo el espectro político, ciudadanos “azul y blanco” sin partido, dirigentes estudiantiles, líderes cívicos, empresarios privados, productores y campesinos, excomandantes guerrilleros del FSLN, exoficiales del Ejército Nacional, periodistas independientes, defensores de derechos humanos, académicos y exrectores universitarios, exdiplomáticos, feministas, artistas, pastores evangélicos y exfuncionarios públicos. Ellos también simbolizan la derrota moral de una dictadura que nunca pudo arrancarles una confesión bajo tortura o dádivas en la cárcel, ni ha podido silenciarlos en el exilio, ni aplacar la demanda de democracia, libertad y justicia.
La promoción en masa de la apatridia en Nicaragua ha superado con creces a las dictaduras militares de Chile y Argentina en el siglo pasado, e incluso a los regímenes de Cuba y Venezuela en el siglo XXI, que han utilizado este recurso represivo de forma selectiva contra sus opositores. El abogado penalista Reed Brody, conocido como “el caza dictadores”, miembro del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua (GHREN), considera que “el uso a gran escala en Nicaragua de la privación arbitraria de la nacionalidad como mecanismo de represión política selectiva es excepcional tanto por su alcance como por su carácter sistemático y constituye una violación de numerosas normas del derecho internacional, en particular de la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia, ratificada por Nicaragua”.
En efecto, desde la creación del GHREN en marzo de 2022, sus informes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Asamblea General de la ONU han llamado a la comunidad internacional para que uno o varios Estados recurran contra Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, por violación a los convenios internacionales para prevenir la apatridia y la tortura, pero hasta hoy no se ha presentado una acusación.
El gesto de protección internacional de España a los “apátridas” ha sido un paso importante, pero insuficiente para castigar los crímenes de la dictadura que se mantienen en la impunidad. Hay por lo menos cuatro razones adicionales que deberían sopesar los Estados sobre la pertinencia de someter a la dictadura Ortega Murillo ante la justicia internacional:
La jurisprudencia de la CIJ
La Corte Internacional de Justicia es el único foro internacional cuya jurisprudencia reconoce el Estado forajido de Ortega y Murillo. Si Nicaragua reivindica la sentencia de la CIJ en 1986 contra la agresión externa de Estados Unidos, y otros fallos en diferendos de delimitación territorial con Honduras, Costa Rica y Colombia, no podría desconocer la autoridad de la CIJ para conocer una eventual acusación y condena en su contra, por violación al tratado para prevenir la apatridia.
Las pruebas y la confesión de Nicaragua
Los decretos emitidos por el Tribunal de Apelaciones de Managua contra los 222 y los 94 en 2023, y la nueva Constitución ratificada en 2025 por la Asamblea Nacional que eleva la apatridia a rango constitucional, constituyen pruebas fehacientes de la comisión de estos crímenes y la culpabilidad del Estado de Nicaragua. Con las pruebas a la vista, es razonable y seguro poder llevar a cabo un juicio en un período corto de tiempo y sin grandes costos.
El significado político de un fallo de la CIJ
Una condena de la CIJ contra Nicaragua por el crimen de apatridia, además de exponer el aislamiento político de la cúpula del régimen y sancionar al Estado por la violación de un convenio internacional, confirmaría la ilegitimidad de origen del Gobierno de Ortega, nacido de la farsa electoral de 2021, y también la ilegitimidad de la “copresidencia” instalada en 2025 con la constitución de Rosario Murillo para legalizar la “sucesión dinástica”.
Una oportunidad para el derecho internacional
Por último, los Estados democráticos, amigos de Nicaragua en la OEA y la Unión Europea, que promuevan un juicio y una condena contra la dictadura Ortega Murillo ante la CIJ, tienen la oportunidad de inaugurar una estrategia política, basada en el derecho internacional y en la colaboración regional y multilateral, como alternativa a la política de fuerza de la doctrina Donroe. Una condena a la dictadura en la CIJ puede ser el primer paso para convocar a una alianza internacional para apoyar una transición democrática en Nicaragua. No existe ninguna garantía de éxito, pero es mejor explorar este camino para salir de la dictadura, que dejar la suerte de Nicaragua, de forma exclusiva, en manos de la política transaccional de Donald Trump.
*Este artículo fue publicado originalmente en El País.
