8 de febrero 2025
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En una dramática escalada de las tensiones comerciales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto un arancel general del 10% sobre los productos procedentes de China, ha amenazado con un arancel del 25% sobre las importaciones de Canadá y México, y ha prometido medidas similares contra la Unión Europea. Su objetivo declarado es lograr acuerdos para detener el flujo de drogas y la inmigración no autorizada a Estados Unidos, lo que sugiere que los aranceles serán ahora un instrumento de seguridad fronteriza. Pero las barreras comerciales de esta envergadura podrían desestabilizar los mercados mundiales, hacer subir los precios para los consumidores estadounidenses y arrastrar potencialmente a Estados Unidos -y al mundo- a una recesión. Al apostar que las posibles consecuencias económicas se justifican si se gana en seguridad fronteriza, Trump está jugando con la influencia y la prosperidad de Estados Unidos en el largo plazo.
Efectivamente, la ley federal de Estados Unidos otorga al presidente una autoridad significativa para imponer aranceles sin esperar a que el Congreso actúe. En virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, un presidente que declara una emergencia nacional por una amenaza externa puede regular el comercio, aunque esto ha significado tradicionalmente sanciones económicas, no aranceles. Asimismo, la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962 faculta al ejecutivo para ajustar las importaciones cuando la seguridad nacional está en riesgo. Trump utilizó previamente esta autoridad, en 2018, para imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio de Canadá, México y la UE.
No obstante, el pivote de sanciones financieras a aranceles integrales marca un cambio significativo. Las sanciones financieras ofrecen mayor flexibilidad, precisión e impacto global que los aranceles, ya que pueden imponerse rápidamente a personas o entidades específicas, aprovechando el dominio de Estados Unidos en el sistema financiero mundial. Imponen costos a los países objetivo al restringir el acceso a los sistemas bancarios y de pago de los que dependen las transacciones financieras y comerciales internacionales. Estas sanciones se apoyan en un control estricto, la cooperación mundial y el dominio del dólar, lo que las hace sólidas y difíciles de eludir. Además, países como China, Canadá y México no pueden tomar represalias fácilmente contra las sanciones financieras de Estados Unidos, porque sus monedas no son muy utilizadas por los demás.
En cambio, los aranceles (impuestos sobre los bienes importados) pueden eludirse fácilmente, debido a las lagunas existentes en las prácticas comerciales y a la complejidad que implica monitorear los bienes físicos. Los aranceles hacen subir los precios para los consumidores estadounidenses y para las empresas del país que dependen de insumos intermedios. Y como Canadá, México y China son socios comerciales importantes -el primer, segundo y tercer mercado de exportación de Estados Unidos- pueden afectar a Estados Unidos si toman represalias con sus propios aranceles.
Los países afectados respondieron rápidamente tras el anuncio de Trump de los nuevos aranceles el pasado fin de semana. Antes de que Trump anunciara una “pausa” de 30 días en los aranceles canadienses y mexicanos, Canadá dijo que impondría aranceles del 25% a los productos estadounidenses por un valor de 106 000 millones de dólares (155 000 millones de dólares canadienses), lo que planteaba la posibilidad de una guerra comercial que podría alterar las cadenas de suministro de Norteamérica, profundamente entrelazadas. Las relaciones políticas están tirantes. Canadá argumenta que la inmigración ilegal y el fentanilo que ingresan en Estados Unidos desde su territorio solo suponen alrededor del 1% de la afluencia total, aunque el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informa que aproximadamente el 7% de la inmigración ilegal procede de la frontera norte -una cifra que no ha dejado de aumentar desde 2022.
Aun así, la estrategia de Trump sí parece haber funcionado con los vecinos de Estados Unidos. Aunque la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ordenó aranceles de represalia de hasta el 20% sobre importaciones estadounidenses seleccionadas -excluyendo la industria automotriz-, también acordó desplegar 10 000 soldados en las fronteras de México para combatir el tráfico de fentanilo y otros tipos de drogas. Este resultado refleja la asimetría de la relación. Mientras que Estados Unidos es el mayor mercado de exportación de México, este país es solo el tercero para las exportaciones estadounidenses. Con una dependencia comercial tan elevada, México fue el primero en ceder ante las exigencias estadounidenses.
En cuestión de horas, Canadá hizo lo propio. Desplegará personal en la frontera para ejecutar su plan fronterizo de 1300 millones de dólares, además de nombrar un “zar del fentanilo” para responder a las preocupaciones estadounidenses sobre los flujos de drogas ilícitas. Aunque Canadá es el principal mercado de exportación de Estados Unidos y viceversa, las exportaciones canadienses a Estados Unidos representan aproximadamente el 20% del PIB canadiense, mientras que las exportaciones estadounidenses a Canadá solo suponen el 1% del PIB norteamericano.
Por su parte, China ha condenado el arancel del 10% sobre sus productos (que se suma a los gravámenes ya existentes) y ha anunciado que impugnará la medida ante la Organización Mundial del Comercio. Desestima las acusaciones de la administración Trump sobre el fentanilo y describe la epidemia de opioides como “un problema de Estados Unidos”.
La continua muestra de resolución de China sugiere que puede ser menos probable que capitule de lo que espera Trump. Con su vasto mercado interno y sus extensas relaciones comerciales a nivel global, China tiene la capacidad de resistir los aranceles estadounidenses y aplicar poderosas contramedidas propias. Aunque también depende más del mercado estadounidense que Estados Unidos del chino, la fuerte dependencia de Estados Unidos de insumos intermedios procedentes de China causará un dolor garantizado si la guerra comercial se intensifica.
Al lanzar sus amenazas, Trump apuesta a que Canadá, México y China permanezcan atados al mercado estadounidense, maximizando el poder de negociación de su administración en cuestiones no comerciales. Pero castigar a estos socios clave podría ser contraproducente al empujarlos hacia proveedores alternativos y podría debilitar la influencia económica de Estados Unidos a largo plazo. La estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos se basa en mantener relaciones económicas estrechas con sus aliados y distanciarse económicamente de sus rivales. Una guerra comercial hace que esto sea mucho más difícil de conseguir.
Sin duda, las rápidas concesiones de México y Canadá demuestran que hacer valer las dependencias económicas puede lograr objetivos políticos sin un daño autoinfligido importante a corto plazo, y Trump podría intentar la misma táctica con otros países que dependen del mercado estadounidense. Más allá de sus objetivos declarados, imponer aranceles a los principales socios comerciales le permite decir que está protegiendo a las industrias estadounidenses, fomentando la producción nacional y potencialmente creando empleos y reduciendo el déficit comercial -un tema recurrente de su campaña-. Si los exportadores extranjeros ajustan a la baja sus precios de exportación para adaptarse a la menor demanda estadounidense, Estados Unidos bien podría cosechar ganancias en la relación de intercambio al beneficiarse de unos precios de importación más bajos en relación con los precios de exportación.
Pero este argumento del arancel óptimo ignora los riesgos sustanciales que está asumiendo Trump. Una guerra comercial generalizada empeorará la situación de todos. Nuevas escaladas podrían perturbar las cadenas de suministro mundiales, afectar negativamente a la economía estadounidense y mundial, y dañar las relaciones políticas. En el futuro, más países tendrán razones aún más sólidas para intentar reducir su dependencia económica y política de Estados Unidos. En última instancia, las consecuencias económicas y políticas de las políticas de Trump podrían socavar los propios objetivos que pretenden alcanzar, lo que conllevaría mayores costos que beneficios para Estados Unidos.
