13 de junio 2023
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En enero de este año, el Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del Artículo IV con Nicaragua correspondiente a 2022 y publicó un informe en enero de 2023. Esto causó sorpresa en muchas personas, no tanto por los datos macroeconómicos del informe, sino por la notoria omisión de aspectos clave como gobernanza, justicia y transparencia.
El informe resalta que las políticas macroeconómicas, las considerables reservas previas a la crisis de 2018 y la ayuda financiera externa han contribuido a la recuperación de la economía nicaragüense luego de la contracción experimentada entre 2018 y 2020. Se destaca el crecimiento del producto interno bruto (PIB), impulsado principalmente por el aumento extraordinario de las remesas y los altos precios de las exportaciones de materias primas. También se mencionan el incremento de las reservas internacionales brutas y los depósitos bancarios en moneda local (córdobas) como datos macroeconómicos relevantes.
Según datos recientes del Banco Central, que son posteriores al informe del FMI, la liquidez externa de Nicaragua se ha fortalecido. Además, las reservas internacionales se han duplicado desde la crisis de 2018-2019. En ese sentido, es importante recordar el papel fundamental de las remesas. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2018, antes de las protestas de abril de ese año, Nicaragua recibió 353.4 millones de dólares, lo que representaba aproximadamente el 10% del PIB en ese momento. Sin embargo, después de las protestas, hubo una migración extraordinaria de nicaragüenses, con estimaciones que van desde 450 000 hasta 700 000 personas que dejaron el país como migrantes permanentes o a largo plazo. Esto tuvo un impacto significativo en las remesas, que actualmente son el principal motor de la economía. Actualmente, las remesas representan más del 20% del PIB.
No es de extrañarse que las causas sociales detrás de las remesas no se mencionan en un informe del FMI. Lo que sí es lamentable es el enfoque obsoleto y exclusivamente financiero de esta importante organización, en temas de gobernanza y de justicia. El informe de la Consulta del Artículo IV se centra casi por completo en la “prudencia” de las políticas económicas en relación con la sostenibilidad fiscal y otros aspectos de las finanzas públicas. Aunque se elogia la solidez de las reservas de capital y liquidez en el sector bancario, las recomendaciones sobre el clima empresarial, la transparencia y el marco de gobernanza, aspectos clave para la estabilidad económica y que son parte del mandato de supervisión del fondo, son mencionadas de manera superficial, casi ignorándolas por completo.
Además, se minimizan los graves problemas de corrupción y falta de transparencia, así como los desequilibrios en el sistema de Seguridad Social. Apenas se hace una breve mención de que las empresas estatales siguen negándose a publicar informes de auditoría y estados financieros, y de que el país no ha tenido licitaciones internacionales verdaderamente competitivas durante los años de Ortega en el poder. Es bien sabido que Ortega y sus allegados han abusado de los mecanismos de contratación de emergencia como una forma de corrupción a gran escala.
El error más grave del informe es destacar como positivas “las mejoras en el marco de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/LFT) y la reciente salida de Nicaragua de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI)”. En otras palabras, el FMI considera como positivo que Nicaragua cuente con un marco legal y administrativo contra el lavado de dinero, algo que sería normal si no fuera porque desde 2018, dicho marco jurídico se ha manipulado para acusar a organizaciones sin fines de lucro, medios de comunicación, opositores, disidentes e incluso a la Iglesia católica.
El informe recomienda “garantizar el acceso equitativo e imparcial al sistema judicial y a recursos en los procesos jurídicos, a fin de respaldar los derechos de propiedad, el cumplimiento de los contratos y la protección de las inversiones”. Se podría argumentar que, al momento de redactar el informe final en enero de 2023, aun no se habían llevado a cabo los recientes procesos de confiscación contra más de 300 nicaragüenses declarados apátridas y expulsados del país, así como los ataques a grupos empresariales. No es así. De hecho, la mayoría de los juicios injustos, donde el concepto de lavado de dinero se manipuló políticamente para encarcelar a opositores, ocurrieron entre 2018 y 2022.
Sería ingenuo esperar una reforma profunda en el enfoque del FMI, aunque es algo necesario pero que trasciende el alcance de este artículo. No obstante, es crucial exigir una explicación técnica al FMI sobre las razones por las cuales el informe omite estos aspectos. Era posible lograr un informe técnico más equilibrado. Por ejemplo, el pasado 5 de junio, Fitch Ratings revisó la perspectiva de calificación de Nicaragua de “estable” a “positiva”, al tiempo que mantuvo su calificación de riesgo de incumplimiento del emisor (IDR, por sus siglas en inglés) a largo plazo en moneda extranjera en “B-”. Aunque la agencia calificadora destaca las políticas económicas prudentes, anteriormente denominadas como “neoliberales” por el FSLN, al menos hace un mejor esfuerzo por señalar las deficiencias en materia de justicia. Además, menciona los “débiles indicadores de gobernanza” y la migración impulsada por problemas sociales y políticos.
Es hora de que los organismos financieros dejen de operar como entidades aisladas de las instancias multilaterales que hacen recomendaciones en materia de derechos humanos. El informe del FMI debe ser vigorosamente refutado. Para lograrlo, sugiero que un panel de economistas nicaragüenses independientes presente sus observaciones desde una perspectiva más integral, en consonancia con las observaciones que el propio FMI ha realizado en otros países.
