Entre la ceguera y la complicidad del FMI

El más reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre Nicaragua representa, a primera vista, un progreso respecto a sus ediciones anteriores, que en su momento critiqué con dureza por su enfoque miope y su incapacidad de capturar la realidad de un país sometido a un régimen autoritario. Esta vez, el FMI ha reconocido –aunque de manera tímida y tardía– que la falta de independencia judicial y el colapso del Estado de derecho no solo afectan la confianza de los inversionistas, sino que están en el corazón mismo de la crisis económica del país. Sin embargo, sigue sin abordar lo esencial: Daniel Ortega y Rosario Murillo han convertido la economía en un arma de represión y el sistema financiero en un mecanismo de control absoluto.

El FMI, con su acostumbrado tono tecnocrático, detalla las proyecciones económicas de Nicaragua y celebra un crecimiento estimado del 4% en 2025 y 3.5% en el mediano plazo. Pero detrás de estos números se oculta una realidad que el organismo internacional parece incapaz o, peor aún, renuente a confrontar. El crecimiento que reporta no es producto de una economía sana, sino del exilio masivo de nicaragüenses que sostienen a sus familias desde el extranjero mediante remesas, que ya representan un 28% del PIB.

Para poner esta cifra en perspectiva, Nicaragua ha superado a países como Tonga, República Kirguisa, Tayikistán, Haití y Nepal, donde las remesas representan cerca del 25% del PIB. Es decir, el régimen de los Ortega-Murillo ha hecho que Nicaragua dependa del exilio y la diáspora incluso más que naciones con una tradición histórica de migración masiva y economías profundamente frágiles. Pero en Nicaragua, esta realidad tiene un matiz aún más perverso: la diáspora no es producto únicamente de la pobreza, sino del destierro forzado de quienes han sido perseguidos, reprimidos y silenciados.

Cada dólar que entra en Nicaragua desde el exterior no es un signo de estabilidad, como sugiere el FMI, sino el sudor, la sangre y el dolor de los nicaragüenses en el exilio. Son los hijos que dejaron a sus madres, los estudiantes forzados a abandonar sus universidades, los profesionales que hoy lavan platos en otros países porque en Nicaragua sus voces fueron criminalizadas. Con cada remesa enviada, la dictadura engorda sus arcas y se asegura de que su modelo de opresión se sostenga. El FMI aplaude la liquidez del sistema financiero nicaragüense sin preguntarse cuál es el verdadero origen de esa liquidez: la desesperación de un pueblo que huye y paga, con su trabajo en el extranjero, la cruel factura de la represión.

El fracaso del FMI ante regímenes autoritarios

El problema del FMI con Nicaragua no es un caso aislado. La institución, concebida bajo los acuerdos de Bretton Woods con la misión de garantizar la estabilidad financiera global, sigue operando bajo un modelo de análisis económico que ignora sistemáticamente el impacto de la represión política en el desempeño económico de los países.

El FMI utiliza un modelo conocido como “programación financiera”, desarrollado por Jacques Polak en 1957, que se enfoca en la estabilidad del balance de pagos y el control del déficit fiscal como pilares fundamentales para la sostenibilidad económica. Sin embargo, este enfoque es completamente insuficiente cuando se aplica a regímenes dictatoriales como el de Ortega-Murillo, donde el problema no es solo económico, sino esencialmente político.

Desde 2018, junto a otras organizaciones, hemos enviado múltiples comunicaciones privadas al FMI advirtiendo sobre el deterioro institucional en Nicaragua. En un arrebato de indignación, incluso realizamos una protesta frente a sus puertas para exigir un mayor escrutinio sobre el uso de los fondos que, de forma indirecta, terminan financiando la represión. Sin embargo, el FMI ha preferido esconderse detrás de tecnicismos económicos en lugar de asumir una postura ética ante el autoritarismo.

El FMI sigue operando con la noción de que el crecimiento del PIB y la estabilidad fiscal son indicadores suficientes para evaluar la salud económica de un país. Pero en Nicaragua, el PIB puede crecer mientras las cárceles se llenan de presos políticos. La liquidez bancaria puede mantenerse mientras se congelan cuentas de periodistas, sacerdotes y activistas. Las reservas internacionales pueden aumentar mientras la dictadura exprime a los empresarios con impuestos confiscatorios y persigue a cualquier sector que desafíe su control absoluto.

 La banca como instrumento de persecución

La dictadura en Nicaragua no solo ha creado un sistema de confiscación de bienes para eliminar cualquier resistencia política, sino que ha convertido el sistema financiero en una herramienta de persecución y vigilancia masiva.

Desde enero de 2025, el régimen ha impuesto un monitoreo estricto sobre todas las transacciones que superen los $1,000, argumentando que busca prevenir el lavado de dinero. En la práctica, esta medida no está dirigida a combatir el crimen, sino a vigilar y restringir cualquier flujo financiero que no esté bajo su control directo.

El régimen ha utilizado las regulaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para justificar la congelación de cuentas bancarias de opositores, bloquear transferencias de organizaciones no gubernamentales y perseguir a críticos bajo la falsa acusación de lavado de dinero. Lo que en otros países es un instrumento de cooperación internacional contra el crimen organizado, en Nicaragua se ha convertido en un mecanismo de censura económica, diseñado para impedir que cualquier entidad independiente pueda operar.

¿Qué debería hacer el FMI?

El FMI ha dado un tímido paso al reconocer la falta de independencia judicial en Nicaragua, así como los déficits en transparencia y probidad. Pero sigue sin entender que la economía de un país no puede analizarse sin considerar la represión que la moldea.

Es urgente que el FMI adopte un enfoque más riguroso en su evaluación de regímenes autoritarios, incorporando indicadores sobre derechos humanos, represión financiera y corrupción. Debe condicionar cualquier asistencia técnica o programa económico a la existencia de instituciones democráticas mínimas y permitir auditorías independientes sobre el uso de sus fondos en países con antecedentes de autoritarismo.

Además, el FMI debe revisar su modelo de análisis y reconocer que en dictaduras como la de Ortega-Murillo, el crecimiento económico no es sinónimo de estabilidad, sino una ilusión construida sobre el sufrimiento de los exiliados. Si el FMI realmente quiere desempeñar un papel en la estabilidad global, debe dejar de ser un mero espectador de las dictaduras y asumir su responsabilidad en la lucha por la democracia.

Porque no hay crecimiento sostenible en un país donde el sistema financiero es una herramienta de persecución. No hay estabilidad fiscal cuando las reservas internacionales se acumulan a costa del saqueo y la expropiación. No hay futuro para Nicaragua mientras el FMI siga aferrado a una visión tecnocrática que ignora lo esencial: sin libertad económica, no hay desarrollo; sin democracia, no hay prosperidad posible.