23 de abril 2025
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Era sábado 15 de marzo de 2025. Jeffrey Goldberg estaba en el estacionamiento de un supermercado de Washington DC cuando sacó el celular del bolsillo para chequear las noticias antes de arrancar el auto. Quería saber si Estados Unidos había bombardeado posiciones de rebeldes hutíes en Yemen. Lo había hecho, y él, como periodista de The Atlantic, no salía de su asombro.
El ataque, que efectivamente se llevó a cabo ese 15 de marzo, confirmó una noticia tan absurda que le costó al propio periodista creerla: oficiales de alto nivel del gobierno estadounidense habían debatido el bombardeo en un chat grupal de Signal –una aplicación de mensajería del estilo Telegram–, y habían compartido detalles técnicos del plan. Lo más insólito: lo habían incluido, aparentemente por error, a Goldberg, editor de la reconocida revista The Atlantic, y crítico feroz del presidente Donald Trump.
Goldberg pensó que era una trampa, porque fue sumado al grupo de chat por alguien con el nombre de Michael Waltz, el consejero de seguridad nacional del gobierno de Trump. Los otros nombres que aparecían en la conversación eran también de peso: el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; Tulsi Gabbard, directora de los servicios de inteligencia; “MAR”, que parecería ser Marco Antonio Rubio, secretario de Estado; “SM”, se supone que es Stephen Miller, uno de los asesores más cercanos de Trump; y John Ratcliffe, director de la CIA.
En el grupo, “Waltz” explicó que se trataba de un comité de coordinación de alto nivel para dar respuesta a la insurgencia de los hutíes –un grupo insurgente apoyado por Irán que atacó a Israel y al comercio marítimo en el canal de Suez–. Trump había criticado como tibia la respuesta del expresidente Joe Biden, y prometido una reacción más dura. Waltz pidió opiniones en el chat: llamativamente, el supuesto Vance planteó postergar el ataque, dijo que el presidente quizás no entiende lo “inconsistente” que puede ser eso en su posición hacia Europa. Otros, como el supuesto secretario de defensa, Hegseth, insistieron en avanzar cuanto antes.
La cuenta identificada como “SM”, presumiblemente Stephen Miller, cortó el debate, y marcó que Trump había aprobado avanzar, si bien esperaba tener una ventaja de Europa. “Si Estados Unidos restablece la libertad de navegación a un gran coste, tiene que haber una ganancia económica extraída a cambio en algún momento”.
Zanjado el debate, Hegseth compartió en el chat el horario previsto del ataque: minuto exacto del despegue, modelos de avión, detalles de objetivos y estimado del bombardeo.
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“Tenía serias dudas de que este grupo de texto fuera real, porque no podía creer que la dirección de seguridad nacional de Estados Unidos comunicara por Signal los planes de guerra inminentes”, escribió Goldberg en una nota explosiva que publicó el lunes 24 de marzo en The Atlantic. “Tampoco podía creer que el asesor de seguridad nacional del presidente fuera tan imprudente como para incluir al editor de The Atlantic en esas conversaciones con altos funcionarios estadounidenses, hasta el vicepresidente incluido”.
Las dudas se disiparon cuando el operativo ocurrió exactamente como había sido detallado en el chat, y luego fue celebrado públicamente por los mismos funcionarios cuyos nombres aparecían en el espacio de Signal. Fue notorio que, de ser simulacro, era interpretado por actores con un nivel de conocimiento “inverosímil”, contó Goldberg después en una entrevista. Pero lo que realmente lo convenció fue otro detalle: el intercambio de emojis entre los participantes del chat al iniciarse el operativo —banderas, brazos haciendo músculo, fuego, manos en rezo–. Para Goldberg, un grupo intentando fingir ser funcionarios “no haría algo tan inverosímil como empezar a insertar emojis juveniles en una conversación de seguridad nacional”.
El episodio plantea preguntas más profundas sobre cómo se tomó una decisión que, según fuentes hutíes, causó la muerte de 57 civiles.
Goldberg se fue del chat y, al intentar verificar la información, recibió la confirmación oficial del Consejo Nacional de Seguridad, que celebró la conversación como “una demostración de la profunda y meditada coordinación política entre altos funcionarios”.
Repercusión
Puede parecer una versión apocalíptica de la pesadilla cotidiana de mandar un mensaje equivocado a un chat de WhatsApp. Pero lo que presenció Goldberg es un gaffe de repercusión política mayor –y muy posiblemente derive en casos penales–. Por un lado, los funcionarios podrían haber violado leyes sobre el manejo de información clasificada. Por otro lado, el chat estaba programado para borrar mensajes después de un tiempo, pero los funcionarios están obligados por ley a preservar este tipo de comunicación oficial. La ironía es fuertísima: muchos de los involucrados fueron críticos acérrimos de Hillary Clinton por usar un servidor privado de correos electrónicos como secretaria de Estado, acusándola de poner en riesgo la seguridad nacional. El escándalo la perjudicó gravemente en las elecciones presidenciales que perdió contra Trump en el 2016.
Funcionarios de este rango cuentan con sistemas de comunicación seguros en sus casas y oficinas, diseñados justamente para evitar que información sensible quede expuesta a hackeos o robos de celular. Aunque Signal es encriptado, el Departamento de Defensa desaconsejó su uso la semana pasada por una vulnerabilidad que permite acceder a conversaciones encriptadas. Algunos de los funcionarios estaban en viajes internacionales en el momento que participaron del chat, aumentando el riesgo de exposición.
Inicialmente, The Atlantic, optó por no publicar los detalles del chat, temiendo comprometer información sensible de seguridad nacional. Pero, ante las reiteradas declaraciones de funcionarios que desestimaban la nota –incluyendo al presidente que la tildó de “caza de brujas”– asegurando que no había información clasificada en el chat, la revista publicó el contenido completo de la conversación el miércoles. Omitió sólo el nombre de un operativo activo de la CIA.
El escándalo le dio un norte por primera vez en mucho tiempo a los demócratas en el Congreso, que tuvieron dificultades para encontrar una estrategia eficaz frente al tsunami Trump. Crecen los pedidos de renuncia contra Waltz y Hegseth. Este último llegó al puesto con fuertes polémicas –acusado de acoso sexual, consumo excesivo de alchol y malversación de fondos en una ONG–. Gabbard y Ratcliffe enfrentaron una andanada de preguntas en la Cámara de Representantes, donde comparecieron ante una audiencia de comisión. Un congresista llegó a preguntar si Hegseth “había estado bebiendo antes de filtrar información clasificada”.
Si bien la mayoría de los republicanos siguen alineados con Trump, el senador Roger Wicker, de Mississippi,pidió una investigación. El problema es quién la encabezaría: Trump despidió al inspector general del Departamento de Defensa días después de asumir la presidencia en enero.
La primera respuesta judicial al caso vino del juez federal James Boasberg, en Washington DC, asignado por sorteo a una demanda que acusa a los funcionarios de violar las leyes de preservación de registros. El jueves 27 de marzo, Boasberg dijo que emitirá una orden de restricción temporal para prohibir que funcionarios destruyan los mensajes enviados en las fechas relevantes.
Justamente, Boasberg se encuentra en otro conflicto clave con el Ejecutivo: las deportaciones de 238 venezolanos bajo la poco utilizada Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que permite al Gobierno deportar o detener personas extranjeras que suponen un riesgo de seguridad nacional en contexto de conflicto. Fueron enviados hace dos semanas a El Salvador, donde quedaron detenidos en la mega cárcel del presidente Nayib Bukele. El gobierno de Trump los acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, pero los familiares y organizaciones de derechos humanos niegan la asociación en muchos casos. Los deportados se encuentran en un limbo legal, no tienen condenas ni en El Salvador ni en Estados Unidos, y se encuentran desamparados en ambos sistemas judiciales. No queda claro cómo podrían ser liberados del temido Centro de Confinamiento del Terrorismo, símbolo del manodurismo de Bukele que atrae admiradores en toda la región.
Boasberg ordenó detener esas deportaciones e incluso que se hicieran volver aviones ya en vuelo. Cuando dio la orden, ya habían salido dos hacia El Salvador, y uno más despegó minutos después. No volvieron y el juez evalúa si el Ejecutivo incurrió en desacato. El Gobierno no brinda detalles del operativo al juez, dice que es secreto de Estado, la Casa Blanca acusa a Boasberg de extralimitarse, y Trump pidió su destitución. Lo acusa de ser un “radical lunático de izquierda” y “un agitador”.
El suspenso del uso de la Ley de Enemigos Extranjeros fue sostenido por una corte de apelaciones el miércoles, donde una jueza señaló que incluso los acusados de ser nazis en la Segunda Guerra Mundial (última vez que se invocó esta ley) recibieron más garantías en EE. UU. que estos migrantes venezolanos. Ayer, el gobierno de Trump llevó el caso a la Corte Suprema.
El frente judicial se perfila como la principal trinchera contra una doctrina que rige el gobierno de Trump: la “teoría ejecutiva unitaria”, una metodología de gobernar que hace hincapié en el poder presidencial. Ante un Congreso donde Trump tiene mayoría, el contrapeso de la Justicia se vuelve cada vez más relevante. Expertos consideran que el choque entre Trump y Boasberg podría ser el inicio de una crisis constitucional: un conflicto entre dos poderes del Estado que no tiene una solución explicitada en la carta magna nacional.
El caso Signal no es simplemente una anécdota extravagante sino un indicio del sistema de gobierno bajo las reglas de Trump, donde no hay lugar para los controles legales. Atentos a ver si el sistema judicial será el límite o el próximo escenario de crisis.
*Este artículo se publicó originalmente en Cenital.
