6 de septiembre 2020
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El levantamiento social iniciado por los estudiantes en abril del 2018 emplazó a los actores de la sociedad civil nicaragüense a definir sus posiciones frente al régimen de Daniel Ortega, sin lugar a medias tintas. Los eventos que desencadenaron la rebelión no eran extraordinarios en el contexto de la dictadura que vive el país; no era la primera vez que la policía oficialista oprimía con violencia una manifestación pacífica, ni tampoco la primera que pasaba leyes arbitrarias y controversiales. Lo que diferenció el movimiento de abril del 2018 fue la espontaneidad de las protestas y el apoyo generalizado de amplios sectores de la sociedad que, en conjunto, alcanzaron un clímax insospechado. La comunidad nacional e internacional, de súbito, volteó los ojos hacia Nicaragua.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) fue uno de los actores que se trepó a la palestra pública para encarar al régimen. Habituados a la convivencia bajo los términos del desacreditado modelo de diálogo y consenso, la empresa privada no le perdonó a Ortega la publicación de la reforma a la Ley de la Seguridad Social, sin las consultas y acomodos previos con los empresarios. José Adán Aguerri, quien detenta la presidencia de esa institución desde el 2007, debe de haber visto con estupor cómo se rompió de facto la alianza con la dictadura; la vieja serpiente, que creían encantada, les mordió la mano y el bolsillo. Las reformas fueron eventualmente revocadas debido a la presión de la calle, y desde entonces, la cúpula del sector privado, por lo menos de manera temporal, sobrelleva el fin de la época del fast track y del corporativismo complaciente.
En los próximos días, el COSEP elegirá a sus autoridades en medio de la más profunda crisis social, política, económica y sanitaria de la historia reciente de Nicaragua. Esto ha generado una discusión imprescindible sobre el tipo de liderazgo que debe estar al frente de la institución; en este sentido cada vez se escuchan más voces desde las cámaras y asociaciones, que demandan la revisión y fortalecimiento de sus propios procesos democráticos e institucionales, así como la consecución de un rol más determinante del COSEP en la lucha por el restablecimiento de la democracia y del estado de derecho en Nicaragua. Para Ernesto Cruz, ex rector del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) “las mismas razones por las que la reelección del presidente de la República por períodos consecutivos deben ser proscritas hacen aconsejable que no se permita la reelección inmediata del presidente del COSEP”. Por su lado, Ximena González, presidente del Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), fue determinante al decir que “de la mano de la construcción del desarrollo económico, debe venir el desarrollo de los espacios de la institucionalidad democrática, pues de otra forma no va a haber desarrollo sostenible que garantice la paz social”.
Michael Healy Lacayo, uno de los candidatos a la presidencia del COSEP, generó un alud de comentarios al afirmar en una entrevista para Canal 10 que “la única solución a la actual crisis de Nicaragua es a través de un acuerdo político y económico”; Healy evitó mencionar a Ortega, pero sus respuestas evidencian un discurso anacrónico que evoca las alianzas del pasado. Healy colabora con la administración de José Adán Aguerri en diversos puestos dentro del COSEP desde el 2013, hasta convertirse en su primer vicepresidente en septiembre del 2018. Carmen Hilleprandt, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, candidata a la primera vicepresidencia en la fórmula junto a Mario Hanón, opina que “si la juventud y la sociedad civil ya despertaron, nosotros, el sector y la cúpula empresarial, debemos aportar con un nuevo modelo más democrático, basado en estándares de ética y de desarrollo social”.
El COSEP debe elegir terminar de manera contundente con el modelo de diálogo y consenso que lo asocia a la dictadura de Ortega, mediante el que ha sido subordinado por los intereses de las cúpulas económicas y gravemente debilitado en su institucionalidad. La elección que tiene ante sí la empresa privada ha de favorecer la adopción de un modelo más inclusivo, que fortalezca la participación de nuevos liderazgos, que escuche a los ciudadanos y que envíe al país un mensaje claro de compromiso con la democracia y el estado de derecho. Esta es probablemente la decisión más importante de la empresa privada en las últimas dos décadas y debe asumirla con civismo. Es un paso esencial para superar la desconfianza y unir a todos los sectores que apuestan por una transición ordenada hacia la democracia.
*Abogada
