Cristo y Trump: el escándalo y una mirada al pasado
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La lucha cívica debe ofrecer a los nicaragüenses una alternativa de recuperación y modernización en un contexto libre y con mejores oportunidades

Foto: Confidencial
Desde cualquier ámbito en que se mire, Nicaragua retrocedió después de 2018. A pesar de la propaganda oficial y la censura que Rosario Murillo ha usado dentro y fuera del país, los datos no mienten. Es un país que, bajo cualquier indicador que se use, se ha rezagado. Las dictaduras reprimen, explotan, roban y mienten; solo dejan estragos en la sociedad y sus vecinos, y la Nicaragua del 2018, que ya venía con sus problemas, es hoy una fachada de un país más atrasado y desigual.
El discurso de Murillo ha sido el de gobernar un país libre y solidario, lo cual, según ellos, caracteriza el credo sandinista. ¿Será? Solo el nicaragüense que logra viajar fuera de Nicaragua sabe que el país se ha rezagado. El problema es que son pocos los que viajan, incluso por vía aérea; el número de personas embarcadas en vuelos de salida de Nicaragua es igual al de 2018, cerca de medio millón (más de dos tercios extranjeros que visitaron el país), a pesar del crecimiento demográfico y la alta migración.
Frente a la censura y la propaganda, la mayoría no se da cuenta del retroceso en el que se encuentra, solo ve la ‘actividad económica’ y a veces concluye que a lo mejor sólo a ellos les va mal y se concentra en lo suyo o entra en negación y se contenta con un selfie.
El gobierno “responsable y solidario” va a la cola de Centroamérica. Además de ser el país con la mayor proporción de población desnutrida, esta aumentó después de 2018. En el resto de la región, el esfuerzo se ha traducido en caídas superiores al 1% en ese periodo, lo que, más bien, ha aumentado la seguridad alimentaria.
Educacionalmente, el país ha ido hacia atrás. La matrícula universitaria cayó de más de 200 000 estudiantes en 2017 a 82 000 en 2026. También la matrícula escolar disminuyó. La calidad de las universidades ha decaído tanto en su capacidad académica como en su libertad. Para empezar, el porcentaje más alto de jóvenes que ni estudian ni trabajan en Centroamérica se registra en El Salvador y Nicaragua, las dictaduras de la región. Por un lado, Bukele reduce la matrícula con una población encarcelada que no estudia ni trabaja; y, por otro, en Nicaragua, donde no hay mucho empleo accesible ni buenas oportunidades de estudio, nadie quiere matricularse, sino más bien irse, porque el trabajo formal ha caído en los últimos ocho años y el costo de vida ha subido.
Para el Índice de Progreso Social, el puntaje (0-100) de calidad universitaria en Nicaragua no ha cambiado desde 2011: 21 puntos, después de haber subido en 2018 y volver a quedarse en lo mismo en 2025—el resto de los países tiene un puntaje por encima de 40. De igual forma, el IPS reporta que la libertad académica es casi nula, incluso comparable a la de Centroamérica, donde se bate la demanda de inclusión social.
Los nicaragüenses han reconocido que en su país no hay libertad, y esto lo reafirma el Banco Mundial y su evaluación sobre gobernabilidad. Para esta organización, el estado de derecho en la Nicaragua de Rosario Murillo, Laureano Ortega y su clan familiar ha empeorado en todos los niveles y el país está por detrás de Centroamérica.
Y eso es decir mucho, porque la región se ha deteriorado en varios ámbitos políticos, empezando con la autoproclamada dictadura de Nayib Bukele, que coartó las libertades públicas y endeudó al país al máximo; o el populismo de Chaves y Zelaya, que provocó un aumento de las tasas de homicidio y redujo el déficit fiscal a costa del salario del empleado público. E incluso Guatemala, que trató de resolver sus demonios de la extrema derecha, logró mantener un equilibrio frente a la presión de los poderes fácticos.
Mientras tanto, en ocho años, la criminalización de la Constitución y las libertades ha alcanzado niveles de represión nunca vistos en Nicaragua o en la región centroamericana: Nicaragua es una cárcel en estado surreal.
Incluso la despiadada corrupción que ha azotado la región es incomparable con lo que se da en Nicaragua, donde el derecho a la seguridad jurídica es una contradicción en términos, porque, al capricho de Murillo o del “chigüín”, confiscan a quien les dé la gana.
La endémica corrupción en Centroamérica se observa en las defraudaciones al sistema de aduanas y al de seguridad social, en el tráfico de influencias y en la obstrucción del debido proceso. Sin embargo, en Nicaragua la concentración de poder garantiza la plena captura del Estado para ejecutar un robo completo en todos los ámbitos de la economía.
De tal forma, para el Banco Mundial, Nicaragua también aparece por debajo de todos los países de la región en cuanto a los niveles de corrupción.
De nada ha servido todo lo que Murillo ha hecho para apoderarse del gobierno y del Estado; el país no está mejor. Nicaragua es el país que, en medio de una crisis global, tiene la población que más migró durante el período pos-COVID-19, y aunque representa el 15% de la población regional, fue responsable del 26% de los migrantes que llegaron a Estados Unidos sin autorización legal. La gente votó con sus pies ante la represión y la situación económica.

Ante los problemas económicos regionales, Nicaragua sigue rezagada frente a los demás países.
El ingreso per cápita de los países del llamado Triángulo Norte se duplicó prácticamente al final del año pasado, y a pesar de la llamada reactivación económica mediante préstamos y expulsión migratoria, Nicaragua se queda atrás.
La realidad es que el modelo de cleptocracia no ha permitido al país avanzar. La dictadura se aprovecha de las condiciones de la gente, y la mejor prueba es que ese ingreso no crece a pesar del fuerte aumento en las remesas que se da en el país y que crea una gran dependencia. La remesa representa el 31% del ingreso per cápita, mientras que, en el Triángulo Norte, que presenta una mayor tendencia histórica migratoria y de envío de remesas, su participación es menor (23%), aunque sus volúmenes son mucho más altos. Si las remesas hubiesen crecido a la mitad entre el 2022 y el 2025, la economía habría registrado un crecimiento nulo.
Regionalmente, Nicaragua también presenta una mayor vulnerabilidad laboral, de acuerdo con el Índice de Progreso Social, y ello se debe al fuerte peso de la economía informal en el país, que representa más de tres cuartos de la fuerza laboral, lo que constituye el porcentaje más bajo de la región.
Y, por si fuera poco, Nicaragua tiene el porcentaje más alto de endeudamiento frente al PIB; y sus reservas (como porcentaje de la deuda externa) están entre las más bajas después de El Salvador.
Lo que Murillo y la dinastía han hecho es dejar cimientos de un retraso que costará recuperar en el corto plazo, porque las brechas entre el estatus del país y el avance global se han ampliado del 15% al 20% respecto del ingreso global, en medio del avance de la sociedad moderna y de la herencia de una deuda muy alta.
La mitad de los nicaragüenses nacieron después del año 2000; son personas cuyos intereses se alinean con el progreso humano, la transformación digital, la identidad individualizada, portátil, flexible y conectada. Murillo ha hecho lo contrario y las frustraciones crecen. La gente vive con menos, depende más de las familias en el exterior (que se encuentran en situación de riesgo de deportación), carece de apoyo del Estado. Hoy en día, es la sociedad más vulnerable materialmente de la región, y quienes creen que el país está peor que antes.
A ocho años de la masacre y de la transformación autoritaria en una dinastía cleptocrática, los líderes cívicos necesitan presentar evidencia de los estragos que esta dictadura está causando en Nicaragua y de sus efectos en la región, porque también afecta al resto de los países. La lucha cívica debe concentrarse en crear conciencia sobre lo que viven los nicaragüenses en el país y ofrecerles una alternativa de recuperación y modernización en un contexto libre y con mejores oportunidades.
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Politólogo nicaragüense. Director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano. Tiene una maestría en Administración Pública y Estudios Latinoamericanos, y es licenciado en Relaciones Internacionales. También, es miembro principal del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, presidente de Centroamérica y el Caribe en el Instituto del Servicio Exterior de EE. UU. e investigador principal del Instituto para el Estudio de la Migración Internacional en la Universidad de Georgetown.
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