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El precio del silencio

Colombia está adelantando una gestión humanitaria ante la dictadura de Daniel Ortega para lograr la liberación de al menos 14 presos políticos

Ilustración: Confidencial

Daniel Coronell

4 de septiembre 2022

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Dos razones llevaron al Gobierno de Colombia a ausentarse de la sesión del Consejo Permanente de la OEA citado para condenar las violaciones a los derechos humanos del régimen de Nicaragua. La primera la pude contar esta semana en W Radio: Colombia está tratando de negociar con Nicaragua la aplicación de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, emitida en abril de este año, para que los pescadores raizales de San Andrés puedan seguir trabajando en las aguas que La Haya le entregó a Nicaragua en 2012.

En la segunda razón es donde está lo nuevo. 


Este fin de semana una fuente gubernamental nicaragüense me confirmó que Colombia está adelantando una gestión humanitaria ante la dictadura de Daniel Ortega para lograr la liberación de al menos 14 presos políticos, entre ellos los excandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora Barberena y Félix Madariaga; los periodistas Miguel Mendoza y Juan Lorenzo Hollman; y las dirigentes sociales Dora María Téllez, Suyen Barahona, Támara Dávila y Ana Margarita Vijil.

Una semana después de la sesión de la OEA, a la que Colombia no asistió, el régimen de Ortega continuó capturando arbitrariamente a personas que han levantado sus voces contra los atropellos. Es el caso de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y quizás el religioso más crítico del dictador nicaragüense. 

Monseñor Álvarez fue detenido en la sede obispal junto con otros cinco religiosos y un camarógrafo que trabajaba para la diócesis. Sumándolos a ellos serían 21 los presos políticos por cuya liberación está intercediendo Colombia.

De acuerdo con la fuente nicaragüense existen unos contactos que calificó como “preliminares” y que pueden hacerse públicos durante la semana que hoy empieza. En esta intermediación también participa Cuba que —digo yo— debería dar muestra de su buena voluntad liberando a sus propios presos políticos que, según organizaciones de derechos humanos, son más de mil.

El papa Francisco ha estado enterado de las labores de mediación para buscar las liberaciones, que incluyen las de los religiosos. Quizás por eso sus expresiones han sido tan prudentes que ya parecen tímidas ante las arbitrariedades del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 

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Cuando todo el mundo esperaba que el pontífice condenara enérgicamente la captura arbitraria del obispo Rolando Álvarez, uno de los más prominentes jerarcas católicos de Nicaragua, y de cinco curas más, él solo dijo: “Sigo con cercanía, con preocupación y dolor la situación que se ha creado en Nicaragua que afecta a personas e instituciones, quisiera expresar mi convicción y mi deseo de que por medio de un diálogo abierto y sincero se puedan encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica”.

Todo indica que el papa fue en exceso prudente para permitir que la mediación colombiana avanzara.  

Un derecho de petición interpuesto por el periodista Juan Camilo Merlano, del Canal Caracol, obligó a la Cancillería colombiana a reconocer que la orden de ausentarse de la sesión de la OEA para condenar a Nicaragua provino del propio canciller Álvaro Leyva. En respuesta a la revelación periodística, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un comunicado en el que afirma que el silencio de Colombia obedeció a razones estratégicas y humanitarias y no ideológicas. (Ver comunicado)

Las razones estratégicas estaban claras y, como quedó dicho, tienen que ver con la subsistencia de los pescadores colombianos que trabajan en las aguas que ahora son de Nicaragua por fallo judicial. Las humanitarias parecen ser estas gestiones para intentar la liberación de los presos políticos.

Es un hecho que la voz de Colombia hizo falta para lograr la condena unánime de la OEA a la dictadura nicaragüense. Un acto con gran valor simbólico, sin embargo, apenas uno más. Un internacionalista al que consulté me dijo: “Tampoco iba a ser la resolución que tumbara a Ortega”.

Solo los hechos dirán si el controvertido, y hasta vergonzoso, silencio de Colombia valió la pena.


*Artículo publicado originalmente en la revista Cambio.

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Daniel Coronell

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