20 de mayo 2025
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La propuesta de incluir un impuesto del 5% sobre las transferencias de dinero a personas que no sean ciudadanas estadounidenses, podría afectar negativamente las regulaciones sobre transferencias de dinero, el comercio y la disminución migratoria. Es importante encontrar una solución alternativa.
El impuesto propuesto
Hay tres aspectos problemáticos sobre el impuesto: primero, quién puede enviar dinero y estar exento de impuestos; segundo, cómo se exige a los proveedores de transferencias de remesas (RTP) que confirmen la ciudadanía y situación tributaria; y tercero, casos en que una empresa es sujeta a pagar dicho impuesto.
Primero, el impuesto afecta prácticamente a cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense, pero impone una carga excesiva a quienes sí lo son. El texto ofrece una exención fiscal previa verificación del estatus de los remitentes como ciudadanos o nacionales de los Estados Unidos. Además de los cerca de 25 millones de ciudadanos naturalizados (que representan el 53% de todos los inmigrantes), cualquier otro ciudadano estadounidense (cerca de 300 millones) que desee enviar una remesa al extranjero tendría que probar su ciudadanía. Muchos norteamericanos envían fondos a organizaciones filantrópicas y religiosas en el extranjero o transfieren dinero a amigos, o familiares en el extranjero. Se estima que 26% de los americanos realiza donaciones, y 6% están dirigidas al exterior.
El impuesto se aplicaría a cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense; migrante, legalmente o no autorizado. Afectará a cerca de 50 millones de personas, incluyendo a los titulares de tarjetas de residencia (23 millones), los titulares de visas de no inmigrante (14 millones) y la población no autorizada (12 millones).
Segundo, está el requisito de que un proveedor de transferencias de remesas tenga un acuerdo con el gobierno para recopilar información del remitente. El texto establece que “cualquier proveedor de transferencias de remesas que celebre un acuerdo escrito con el Secretario, en virtud del cual se comprometa a verificar la condición de los remitentes como ciudadanos o nacionales de los Estados Unidos de dicha manera”, es un proveedor de transferencias de remesas “calificado”.
Por lo general, las agencias gubernamentales constatan la condición de ciudadanía de una persona según deberes específicos, como formar parte de un jurado, votar, ocupar un cargo público o conseguir un empleo federal. El requisito se torna en una solicitud inconsistente con respecto al servicio requerido.
Tercero, la enmienda estipula que un agente de remesas es responsable de pagar el impuesto incluso si no controla la intención del remitente. Por ejemplo, un ciudadano estadounidense puede enviar dinero para su cónyuge, pero el IRS podría tratarlo como un acuerdo intencional y exigirle al RTP el pago del impuesto. Bajo este acuerdo, se esperaría que un agente del RTP evaluara subjetivamente la intención de la transferencia.
Las consecuencias del impuesto propuesto para EE. UU.
El impuesto estipulado es una cantidad prohibitiva que triplica el costo del envío. Un trabajador migrante que gana un promedio de 3300 dólares y suele enviar 400 dólares paga 8 dólares. Aumentar la cantidad en 20 dólares adicionales para enviar la misma cantidad dificultará el envío a una persona con ingresos disponibles limitados, sería 1% de su ingreso mensual.
La consecuencia inmediata es doble: cuando los precios de las remesas son más altos, las personas tienden a evitar el uso de mecanismos no autorizados o pueden optar por enviar menos dinero. En los países donde los costos de envío son más altos, los mecanismos informales también lo son, y viceversa. Datos de 25 países sobre transferencias informales y costos de transacción sugieren que la informalidad en el envío crece 5% por cada 1% en el costo. En Estados Unidos los costos han caído de 9 a 3% en 20 años, y un aumento, cambiaría este panorama.
Este tipo de tributación no tiene precedentes en EE. UU. La referencia más cercana es el impuesto de 5 dólares a las remesas en Oklahoma, que indica que el Estado recaudó 13.2 millones de dólares en 2024 por concepto de 150 000 transferencias. Es decir 45% han pagado el impuesto, pero se desconoce si las transacciones restantes de los 250 000 migrantes en el estado se transfirieron por otros medios o cesaron.
Quienes envían remesas tienden a enviar menos cuando los costos son más altos: el promedio remitido entre haitianos, cubanos y jamaiquinos es menor que el de quienes envían más, como los de México y Centroamérica. Estadísticamente, un aumento del 1%.
El uso de vehículos informales acarrea riesgos financieros, reduciendo la capacidad del Gobierno para supervisar el propósito de las transacciones privadas.
Las empresas de transferencia de dinero han desarrollado buenos mecanismos de cumplimiento para prevenir el fraude; supervisan y analizan las variaciones en el importe principal remitido del remitente al destinatario; los lugares de origen y pago del dinero, minimizando así el riesgo de una transacción ilegal.
El uso de negocios de transferencias sin licencia de envío en el siglo XXI es un asunto complejo, ya que muchas empresas de pagos financieros no están necesariamente registradas como empresas de servicios monetarios, pero aun así pueden realizar transacciones transfronterizas. Los remesadores pueden adoptar este tipo de servicio, incluidas las billeteras de criptomonedas, para enviar dinero, ya que no están reguladas como transferencias de remesas según la legislación vigente. Pero los analistas de criptomonedas miran esto como una amenaza que podría alterar el volumen existente, obligándolos a regularizarse con el Tesoro de Estados Unidos y las autoridades estatales.
Otros medios de envío de remesas podrían pasar desapercibidos, como el uso de tarjetas de débito compartidas con familiares en diferentes países. El principal riesgo, sin embargo, es que un aumento en la demanda de canales no autorizados pueda llevar a individuos a establecer plataformas de pago para realizar transferencias de dólares estadounidenses, monedas estables o criptomonedas. Estas plataformas, una vez que se popularicen, podrían asumir el riesgo de ofrecer servicios a interesados en el lavado de dinero.
El impacto del impuesto también afectará directamente a las empresas, ya que el aumento la informalidad reducirá sus ingresos. Hay cientos, si no miles, de empresas de pagos financieros, desde grandes hasta pequeñas, Fintech o empresas de servicios monetarios tradicionales, todas las cuales podrían serán afectadas.
El impacto en los países receptores de remesas
Actualmente, las remesas han tenido un impacto positivo en el crecimiento económico de los países en desarrollo. En Centroamérica, el flujo de remesas ha mantenido estable el crecimiento del producto interno bruto. De igual manera, las remesas hacia la región se correlacionan positivamente con las exportaciones estadounidenses a estos países.
Primero, estas remesas tienen un impacto positivo en el crecimiento económico de los países de origen. Este efecto, al aprovecharse, puede aumentar la competitividad económica del país y mejorar las relaciones con Estados Unidos. Además, las remesas hacia México y los países miembros del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR) se correlacionan positivamente con las exportaciones estadounidenses a esos países. Una disminución en las remesas reduciría el comercio con ellos: en 2024, Estados Unidos exportó 381 mil millones de dólares ($334 mil millones y $47 mil millones según el CAFTA-DR).
Segundo, como las remesas familiares tienen un impacto aumentando el ingreso de los hogares, aumentan la capacidad de ahorro y, a su vez, reducen la intención de migrar. Una posible disminución de las remesas debido a la imposición de impuestos aumentará la intención de migrar de nuevo, en un momento en que ésta se encontraba en un descenso.
Es difícil determinar qué decidirían hacer los migrantes. Un escenario conservador del impacto del impuesto es que la mitad de las personas no autorizadas y las personas en otras categorías legales (35% del total que remesa hoy día) optarían por enviar una quinto menos para compensar el aumento en las comisiones (de 400 a 320 dólares), mientras que el resto se mantendría sin cambios. El volumen total disminuiría un 7%. Esto no incluye qué porcentaje decida ir informal.
El ausente en la discusión: los migrantes no autorizados
Unos argumentan que esta enmienda tendería a desalentar la migración, ya que los republicanos asumen que la gente migra para enviar dinero. Sin embargo, el efecto podría perjudicar a todos los sectores, incluido el interés nacional de Estados Unidos, ya que es probable que los riesgos financieros aumenten, se deterioren las relaciones económicas y regrese la migración irregular.
Es innegable que hay migrantes que viven y trabajan sin autorización legal. Pero los factores determinantes de esta situación son complejos y multifacéticos, porque muchas de las nacionalidades que llegaron desde 2018 provienen de países políticamente conflictivos, hacia los cuales una estrategia de política exterior podría haber mitigado la migración. Pero hasta el momento, no ha sido efectiva ni ha estado presente. Gente de Cuba, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela se han ido por condiciones políticas.
También existen condiciones económicas que atraen a personas a trabajar a Estados Unidos. Existe una demanda persistente y fuerte de mano de obra extranjera, particularmente en actividades altamente cualificadas y de uso intensivo de mano de obra.
Es fundamental encontrar una alternativa proporcional al problema de la migración irregular y los migrantes no autorizados. Esta alternativa no puede excluir sanciones ni impuestos, pero estructurarla de forma diferente o justa, incluyendo el establecimiento de acuerdos de cooperación con países dependientes de las remesas para comprometerse con acciones de desarrollo económico y democratización vinculadas a unas relaciones más estrechas con Estados Unidos.
