El fin del régimen de neutralidad del Canal de Panamá

Las amenazas del presidente Donald Trump han sido exitosas: el gobierno de Panamá cedió y, con ello, el régimen de neutralidad del Canal de Panamá agoniza.

Una visita de tres días del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, a Panamá derrumbó un siglo de negociaciones y tratados en torno al Canal de Panamá con la firma de dos acuerdos que le infligen heridas letales al régimen de neutralidad de la vía interoceánica. Con el ministro del Canal, firmó una declaración conjunta que sienta las bases de un mecanismo de compensación para el tránsito gratuito de los buques de guerra y auxiliares de los Estados Unidos por la vía interoceánica –a lo que denominan costo neutral-. También selló un memorándum de entendimiento con el ministro de Seguridad que establece una presencia militar estadounidense en Panamá. Ambos documentos representan la vuelta del imperialismo, el intervencionismo, la sumisión y el estatus de protectorado.

Forjados en el ardor de una lucha multigeneracional, los Tratados Torrijos-Carter de septiembre de 1977 pusieron fin al protectorado estadounidense en Panamá con tres instrumentos entrelazados. El primero aseguró que el Canal y su zona revirtieran a manos panameñas en el último mediodía del siglo XX. Los otros dos se centraron en la idea de una neutralidad compartida, abriendo la puerta a un compromiso más amplio, donde decenas de países se unieron para cuidar un legado que no pertenece a uno solo de ellos, sino a todos. Esta historia nos recuerda que la verdadera soberanía se forja con dignidad y diplomacia, y mediante el recurso al multilateralismo y al derecho internacional.

En el corazón de estos acuerdos descansa un compromiso profundo: el canal debe ser neutral, accesible en igualdad de condiciones para todos los países, sin privilegios ni discriminación. A cambio de garantizarlo, Panamá exige respeto por las normas de tránsito, el pago de peajes y una conducta pacífica. Este pacto, sellado en 1979, ha sido abrazado por decenas de naciones, unidas en la convicción de que un legado así no se custodia en base a la fuerza, sino con un compromiso compartido.

Aunque el Tratado otorga a Estados Unidos un tránsito expedito para sus buques de guerra y auxiliares, no lo exime del pago. De hecho, fue el propio Estados Unidos quien estableció ese cobro cuando administraba el Canal. Sin embargo, el nuevo esquema de compensación rompe con el principio de igualdad, amplía el privilegio estadounidense más allá de lo acordado y perjudica a los Estados firmantes. Peor aún, en el contexto de las amenazas del presidente Trump de retomar el Canal por la fuerza y la aparente sumisión del gobierno panameño, se sienta un precedente peligroso: cualquier Estado que presione a Panamá podría obtener concesiones similares, a menos que Estados Unidos actúe como garante. En ese escenario, Panamá se parecería más a un protectorado, como ya advirtió Torrijos al afirmar que el Canal quedaba “bajo el paraguas del Pentágono”.

De igual forma, el Memorando de Entendimiento —que permite el uso conjunto de ciertas áreas por parte de militares de ambos países— representa una nueva herida a la neutralidad canalera. El mandato era inequívoco: tras el traspaso, solo Panamá tendría autoridad sobre el Canal y sobre cualquier instalación o presencia militar en su territorio. Cualquier fuerza extranjera desvirtúa ese principio, en el texto y en el espíritu del acuerdo

Durante ambas guerras mundiales, el control del Canal por parte de Estados Unidos encendió temores de que pudiera ser blanco de sabotaje, y no sin razón: en 1943, la Alemania nazi diseñó la Operación Pelikan —o Projekt 14— con la intención de volar la represa de Gatún y paralizar el tránsito interoceánico, mientras que en 1941 el Imperio Japonés llegó a planear un ataque simultáneo al Canal y a Pearl Harbor. Todo esto ocurrió a pesar de que Estados Unidos había proclamado la neutralidad de la vía. Pero esa neutralidad, para las demás potencias, no pasaba de ser una ficción, una etiqueta vacía que no pensaban respetar.

Fue a partir de este y otros episodios que se consagrara una premisa esencial: para que la neutralidad del Canal fuera respetada no bastaba con proclamarla, debía ser creíble ante los ojos de potencias que históricamente habían desconfiado entre sí. Durante los últimos 25 años, Panamá cumplió el objetivo, manteniendo a Estados Unidos como garante principal y sumando a más de cuarenta Estados al compromiso. Hoy, sin embargo, el gobierno panameño parece haber olvidado la trascendencia de ese principio. Le toca ahora a la Asamblea Nacional, al pueblo panameño y a los Estados firmantes —todos con un interés legal y moral en su defensa— decidir si estamos ante el principio del fin de la neutralidad del Canal.