1 de diciembre 2023
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La declaración emitida por un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en noviembre de 2023, luego de concluir su misión oficial en Nicaragua, no sólo avala al régimen orteguista por sus altas reservas internacionales brutas y sus “políticas macroeconómicas prudentes”, sino por el crecimiento resultante de las remesas. Así, alegremente afirma: ―Se proyecta que las remesas alcancen alrededor del 28% del PIB a fines de 2023, el doble de su nivel de fines de 2021, impulsadas por el rápido aumento de emigrantes nicaragüenses”, migración que suma más del 11% de la población, descapitaliza de mano de obra y personal calificado y desintegra a familias empobrecidas de nuestra nación.
Como es sabido, el FMI es el gendarme principal del capitalismo mundial, espada sobre los pueblos y su soberanía, y su positiva calificación de la dictadura expone claramente la base sobre la que se asientan las políticas económicas del orteguismo: el neoliberalismo caníbal. Casi nadie duda del carácter vengativo y criminal de Ortega y Murillo a partir de la represión brutal del 2018 y de la instalación de un sistema de vigilancia, cárcel, destierro, desnacionalización y despojo de bienes contra organizaciones y personas que piensan diferente, pero la declaración del FMI permite recalcar el carácter reaccionario y ultra derechista del orteguismo.
Estos rasgos fueron evidentes con la criminalización del aborto terapéutico (2006), por un acuerdo con el contrarrevolucionario cardenal Miguel Obando y Bravo, que le permitió el control del Consejo Supremo Electoral por medio de Roberto Rivas, “protegido” de Obando; y también cuando tuvo como vicepresidente a uno de los jefes de la contra y vínculo principal de la CIA, Jaime Morales Carazo (2007- 2011).
El FMI da cartas de garantías del carácter neoliberal del orteguismo y explica cómo hasta el día de hoy ―17 años después de su regreso al poder― los sectores relevantes del capital nacional y transnacional, continúan aprovechándolo para operar y expandirse.
El modelo corporativo de Diálogo y Consenso, ratificado en la reforma constitucional de 2014 en franca alianza con el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), permitió al gran capital obtener enormes ganancias en sus negocios, a cambio de mirar a otro lado frente a la represión contra feministas, comunidades indígenas, movimiento campesino y opositores en general, y fingir demencia por los atropellos a la Constitución, a la separación de poderes, al Estado de Derecho y en general a las libertades, abusos que se venían cometiendo desde 2007.
Cierto es que después del 2018 se produjo la ruptura con el COSEP, su ilegalización y la de todas las cámaras empresariales, precedida de la captura de algunos de sus líderes. Estas medidas fueron una respuesta bestial, propia de las dictaduras, frente a lo que el régimen leyó como la traición al cacareado modelo, pero en la práctica las bases de ese acuerdo siguen funcionando, en particular, en el sector financiero, energía y minas, agroexportación y comercio. Ortega impuso la lógica sobre la que se pactó inicialmente ese consenso: ―Ustedes hagan negocios y ganen, pero no se metan en política. Esa déjenmela a mí.
Los datos económicos muestran sin lugar a dudas, que lejos de abrazar el Socialismo del siglo XXI, como mentirosamente afirman opositores de derecha para complacencia de Ortega, éste abrazó el capitalismo existente bajo sus formas más brutales: desarrollismo extractivista; entrega al capital extranjero de las riquezas naturales; explotación de mano de obra barata; desprotección de derechos laborales y tercerización y desregulación absoluta del mercado. Todo ello usando una retórica populista, el control de las organizaciones populares y sindicales, canibalizando incluso hasta a sus propios adeptos.
Esto explica por qué cuando Ortega retomó el gobierno, siguió pagando a los banqueros millones de dólares de los CENIS, bonos que se emitieron para respaldar los depósitos de los ahorrantes de fraudulentas quiebras bancarias del 2000 y que según los expertos debían de ser investigadas. También permite entender que ya en 2014, la rentabilidad de los banqueros nicaragüenses representó el doble del promedio del conjunto de países de la región, aumentado año con año: 17.3% en 2011; 22.8% en 2012; y 24.8% en 2013 (Sáenz, 2014), y cómo la inequidad social se ha incrementado sin pausas en la empobrecida Nicaragua, llegando a tener más ultra millonarios que otros países centroamericanos con PIB muy superiores. En 2020 había 210 millonarios que acumulaban más riquezas que 6 millones de nicaragüenses.
La represión y las políticas neoliberales
La crisis del año 2018 estalló por los intentos de Ortega de incrementar la cuota patronal y laboral de la Seguridad Social, una medida eminentemente neoliberal. La respuesta indignada de los afectados fue reprimida con violencia y en solo tres días se contabilizaron los primeros 60 asesinados. Estos crímenes dispararon la sublevación popular, aplastada con más de 355 muertos y 2.000 heridos.
El estado de sitio de facto impuesto desde entonces ha permitido a Ortega desplegar las políticas fondomonetaristas sin posibilidad de resistencia organizada por parte de la gente. Así, en 2019 impuso la reforma a la seguridad social ―de manera aún más brutal que la que pretendía en 2018―. La imposición del salario mínimo de hambre es peor que el que se consensuaba con el COSEP. Los reclamos de los trabajadores por sus derechos han sido cercenados mediante el terror y la persecución y no hay ninguna organización que pueda representar sus reivindicaciones.
Asimismo, las comunidades indígenas son víctimas del despojo de sus tierras en áreas protegidas sin posibilidad de resistencia; los precios de los combustibles y las tarifas de los servicios públicos son manejados de manera arbitraria para garantizar las ganancias de grupos privilegiados y de la familia gobernante; los impuestos locales crecen de manera absurda; los campesinos desfallecen sin créditos y se ven obligados a vender sus tierras y emigrar.
Por otra parte, suben los precios de los productos básicos, pero las estadísticas oficiales reportan que no hay inflación; las concesiones a la minería se despliegan sin organizaciones ambientalistas que puedan protestar y las exportaciones de oro se disparan sin que se sepa cómo; la corrupción campea sin que nadie pueda manifestarse. Es decir, la dictadura sirve claramente a los intereses de la familia gobernante, a las nuevas y viejas oligarquías y a las grandes transnacionales, en un feroz contexto de agresivas políticas neoliberales, como ocurrió en su momento con la dictadura de Pinochet.
Así, recientemente propinaron un zarpazo a los trabajadores del Estado, decretando disminución inhumana de la indemnización por años de servicios, retrocediendo décadas de un justo derecho, en un país con los más bajos salarios del continente.
En Nicaragua está en el poder una versión local de Bolsonaro o tal vez de un Milei, pero con máscara de izquierda. Además, con el control absoluto sobre el Ejército, Policía, Corte Suprema de Justicia, Parlamento, Municipalidades, Universidades, Movimiento Estudiantil, sindicatos y con el liderazgo más visible de la oposición desnacionalizado en el exilio o en la cárcel.
El aval continuado del FMI por casi dos décadas explica también la ambigüedad con la que operan ―en la realidad― los gobiernos del Norte Global respecto a Nicaragua, y convierte en aún más vergonzante el silencio cómplice o el apoyo abierto de algunos sectores de la izquierda.
