23 de octubre 2023
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El nombramiento del nuevo presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica es de vital importancia para la democracia y el desarrollo de la región. Quien sea electo y asuma el timón de esta entidad tiene que responder a la misión para la que fue creada, a los compromisos que ha adquirido y a la soberanía del pueblo centroamericano, no a los intereses de los líderes populistas de turno. De otra forma continuará la complicidad contra la democracia y la fidelidad de ser el Banco de los dictadores.
Una región que no resuelve, pero se endeuda
Los países de Centroamérica están creciendo poco, con grandes limitaciones en sus estrategias de crecimiento. Frente a la presencia de modelos obsoletos de crecimiento, y un acentuado o generalizado irrespeto al Estado democrático, acompañado de polarización y populismo, los políticos se distraen de las prioridades del desarrollo.
El poco crecimiento que los países experimentan, por debajo del 4% anual, es insuficiente para satisfacer las necesidades de los centroamericanos. La gente vive de USD 250 mensuales cuando el costo de vida es el doble de esos ingresos —no es accidental que la migración en grupos familiares sigue creciendo. Gran parte del problema estriba en que estos países tienen una fuerza laboral que operan en la economía informal con ingresos mediocres, sin protección social o laboral. Las economías exportadoras, dentro del contexto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que destinan más de la mitad de su comercio hacia ese país, generan más de un tercio del ingreso nacional, pero operan a través de oligopolios económicos que no emplean a más de un quinto de la fuerza laboral de la región, pero más bien aumentan la riqueza de sus dueños.
Realmente en Centroamérica el desarrollo económico es un eufemismo y la responsabilidad de los Gobiernos debería enfocarse en la inversión en capital humano, y no en actividades que solo dependen de mano de obra poco calificada pero que generan altas rentas a las empresas. Las prioridades de crecimiento en la región tienen que concentrarse en reducir el tamaño de la informalidad tanto en negocios como en la fuerza laboral, en aumentar la competitividad controlando la presencia de oligopolios, en invertir en capital humano (es decir, en educación, innovación, tecnología, formación técnica, y libre empresa) y en fortalecer la inversión de capitales en esos sectores del capital humano: la economía del conocimiento y digital.
Estos países han continuado un modelo de crecimiento que no genera desarrollo. Las élites políticas han endeudado a sus Estados para obtener préstamos para invertir en sectores que facilitan el crecimiento o expansión de los intereses económicos establecidos y en muchos casos alimentan la cultura populista mediante las famosas obras públicas. Los países más populistas y menos democráticos en este momento están endeudándose y pagando intereses por deuda ante inversiones que no están teniendo impacto sobre su población.
La presencia e influencia del BCIE en la región
El Banco Centro Americano de Integración Económica es una entidad financiera internacional regional que ha jugado un rol en financiar proyectos económicos mediante el endeudamiento de los Estados de la región. Ha financiado cerca de USD 40 000 millones en préstamos, y al momento tiene USD 14 000 millones de patrimonio, ejecutando préstamos anuales en el rango de USD 300 millones en total.
Pocos conocen las actividades del Banco a pesar de ser una de las piezas más importantes de la Integración Centroamericana desde principios de los años sesenta. El Banco ha servido de silla de premio para políticos de partidos gobernantes, para economistas y para empresarios que quieren acceder a líneas de crédito a través del endeudamiento público de los Estados en que se ubican.
En los últimos cinco años, este endeudamiento ha sido mayor entre aquellos países cuyas economías son menos productivas y poco democráticas. La mayoría de los proyectos se embocan en inversiones de infraestructura y obras públicas, que incluyen carreteras que conectan con las estructuras exportadoras a las que protegen los oligopolios o intereses tradicionales.
Para Nicaragua, Honduras y El Salvador, el endeudamiento de estos países con el BCIE comparado al endeudamiento total oscila entre 26% y 8%. Además, son obligaciones financieras que representan altos costos, casi un 3% del PIB de Nicaragua solo en servicio de la deuda, y 2% para El Salvador.
Nicaragua no es un caso especial, pero si un gran problema
Nicaragua se ha endeudado con el BCIE como otros países. Sin embargo, la deuda de Nicaragua ha crecido en los últimos años en cantidades obscenas. La realidad es que Nicaragua es un ejemplo de cómo el endeudamiento del Gobierno no ha sido consistente con los planes nacionales de desarrollo cuyo enfoque primordial había propuesto el desarrollo social.[1] Mas bien ha redireccionado sus inversiones a obras públicas en un momento de crisis social. El gasto en inversión pública relacionado con obras públicas se duplica de 29% a 51% entre 2017 y 2023. La inversión en el aparato represivo también aumenta a 2% del gasto. De igual forma, el presupuesto de Policía y Defensa pasan de 3.7% y 2.7% del gasto a 10.6% y 3.2%, respectivamente, del presupuesto nacional durante ese mismo período.[2]
La inversión pública financiada con endeudamiento con organismos financieros internacionales pasó de 46% a 68% entre 2017 y 2022, y ante la crítica internacional bajó a 60% en 2023. Este financiamiento ocurre en abierta dependencia con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), cuya participación en el total financiado a Nicaragua incrementa de 21% a 50%. Otras entidades multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) también continúan su apoyo, en áreas fuera del plan nacional de desarrollo y de salud, en medio de una crisis política y una radicalización extremista de la represión.
El gran problema estriba en el hecho que estos endeudamientos ponen de relieve que la inversión pública no corresponde directamente con las necesidades de desarrollo social del país, y más bien alimentan el clientelismo mediante la oferta de trabajos en obras públicas a cambio de lealtad. Además, el BCIE aparece como la institución financiera internacional casi única que está financiando a Nicaragua: el 84% del endeudamiento externo en 2023 provino del BCIE. Estos préstamos no solo muestran una dependencia extrema de un solo ente, pero en condiciones en que las cláusulas contractuales no son respetadas por Nicaragua y las oficinas de monitoreo le dan el visto bueno de las formalidades del cumplimiento, pero no del contenido real del uso de los fondos.
El BCIE y la responsabilidad de ejecutar con el cumplimiento a sus compromisos
El nombramiento de un presidente del BCIE en noviembre 2023 es de vital importancia para mejorar las condiciones de vida económica y política de sus países. Hay una configuración política a favor de dar continuidad al puesto de, lo que John Feely, exembajador de Estados Unidos en Panamá, se refirió como el “banquero de los dictadores”. El Salvador, Honduras y Nicaragua son países que necesitan contar con un Banco que les preste sin complicaciones de negociación y cumplimientos.
Bajo Nayib Bukele el endeudamiento externo de El Salvador ha crecido de forma exorbitante, con métodos irresponsables de endeudamiento, y necesita acceder a un nuevo socio crediticio para tratar de administrar sus deudas. Este Gobierno no administra la economía, sino que dentro de su populismo esconde la realidad que ha administrado solamente las deudas: el país paga 20% de su PIB en servicio a la deuda. El fracaso de introducir Bitcoin le costó al pueblo salvadoreño más de USD 100 millones. A pesar de ser popular, los salvadoreños siguen votando con sus pies. Desde que llegó Bukele, el 1% o más de la población se ha ido del país, y la reducción este año responde más a realidades de restricción migratoria de Estados Unidos que del deseo de los salvadoreños de quedarse en su tierra: estadísticamente la intención a migrar se correlaciona positivamente con el temor en la concentración del poder del dictador más ‘cool’ de la región.
Mientras tanto, Honduras se encuentra con una necesidad urgente de mantener un balance entre endeudarse en medio de un gasto público que tiene una fuerte contracción económica y cumplir con sus obligaciones financieras. Honduras ha contado con el apoyo del BCIE de manera histórica, sin embargo, el gobierno Castro-Zelaya sabe que en 2024 tiene que buscar fondos adicionales para sostener un sistema energético mediocre al cual subsidia, además de que se enfrenta a la realidad de aumentar el gasto público el cual disminuyó para controlar el déficit fiscal, pero que mantiene un alto servicio de deuda. Honduras necesita contar con un financista que no cuestione su raquítica economía y le ofrezca fondos frescos para resolver necesidades básicas de infraestructura y otras inversiones que abandonó en 2023. Igual o más que en El Salvador, la gente sigue saliendo en cantidades gigantescas de más del 1% de la población: los hondureños no creen en estos presidentes populistas, no creyeron en JOH y no confían en el tutelaje de Zelaya sobre Xiomara.
A los Ortega-Murillo les importa más el futuro presidente del BCIE, porque tienen más que perder. Con una dependencia casi total de financiamiento externo del BCIE, el régimen necesita de seguir contando de este Banco bajo los términos del banquero anterior.
Los centroamericanos tienen que entender la valiosa oportunidad de hacer que este nuevo presidente rinda cuentas conforme al menos cinco consideraciones. Primero, el nuevo presidente tiene la obligación de evaluar la responsabilidad institucional del Banco en relación con su misión y su compromiso real y verificable con los objetivos del desarrollo sostenible a como lo ha estipulado. ¿acaso la cartera de créditos corresponde directamente con esos objetivos? ¿cuánto realmente ha logrado el Banco apoyar a reducir la informalidad con sus créditos a la microempresa? ¿qué tal el objetivo 16 de promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas?
Segundo, el nuevo presidente necesita revisar las prácticas y métodos de cumplimiento de las cláusulas contractuales de cada préstamo y condicionar desembolsos conforme con la verificación de ese cumplimiento. No puede apoyar financiamientos que solo cumplen con formalidades de reportes de cumplimiento puntual de pagos, sino abordar el verdadero seguimiento del uso de esos préstamos.
Tercero, el presidente debe velar por las consideraciones de cumplimiento de obligaciones financieras mínimas sobre integridad financiera de los deudores. La politización de muchos países que solicitan préstamos que incluye el clientelismo, el amiguismo entre algunos gobernadores, tiene que depurarse como tarea de primer orden.
Cuarto, este Banco tiene que cumplir plenamente con la política de transparencia en la comunicación y verificación de acceso a información. Esta visibilidad y acceso a información permitirá mostrar los cumplimientos o la falta de estos. Por ejemplo, poco o nada se ha transparentado y logrado acceso a información en lo referente al incumplimiento de manejo de fondos de parte de Nicaragua, incluyendo las prácticas abusivas y violatorias de pueblos indígenas en Nicaragua aprovechándose de financiamiento dentro del Fondo Verde.
Quinto, los Estados miembros deberían consultar con sus sociedades las prioridades de desarrollo de sus países justo para aportar en la inclusión social y económica que dicen predicar dentro del contexto de la integración.
- [1] Plan Nacional de Desarrollo 2017: http://www.pndh.gob.ni/documentos/planesanteriores/03_PNDH_2017-2021(12dic2017).pdf
- [2] http://www.hacienda.gob.ni/hacienda/presupuesto2021/pgr/38.ClasificacionFuncional.pdf; http://www.hacienda.gob.ni/documentos/presupuesto/presupuesto-gral.-de-la-republica/presupuesto-2017/titulo-ii-presupuesto-general-de-la-republica/presupuesto-de-egresos/D_01_CLASIF_INSTITUCIONAL.pdf/view
