5 de mayo 2023
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Centroamérica es una región que enfrenta desafíos estructurales, algunos de larga data como la extrema pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, pero también otros más recientes como el cambio climático, los flujos migratorios, la inseguridad, el deterioro democrático y la corrupción. Dentro del Sistema de Integración Centroamericano, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es la institución clave para el abordaje de los mencionados problemas pues cuenta con los recursos y el mandato fundacional no solo de contribuir al desarrollo e integración de la región sino también sus estados miembros son signatarios de diferentes acuerdos para promover la democracia, los derechos humanos y la libertad. Sin embargo, en la actualidad está recibiendo fuertes señalamientos públicos sobre la opacidad en la toma de sus decisiones y la asignación de los recursos, así como también sobre su incapacidad para hacer frente a los múltiples desafíos que enfrenta Centroamérica.
Exfuncionarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil han venido señalando estos problemas y plantean que, por complicidad u omisión, el BCIE, en lugar de cumplir con su mandato, está activamente contribuyendo con regímenes cuyas acciones deterioran aceleradamente nuestras frágiles democracias. Algunos han mencionado a manera de ejemplo, la complicidad de las autoridades del Banco en el financiamiento a estructuras y proyectos de seguridad señalados reiteradamente por la violación a los derechos humanos, como el caso de ciertas acciones del Plan Control Territorial en El Salvador. La institución y particularmente su presidente ejecutivo se escudan en tecnicismos y en la falta de instrumentos actualizados como excusa para no cumplir con su mandato.
Como ha quedado demostrado históricamente, no se pueden superar los desafíos de la región sin un abordaje integral. Por ejemplo, no es posible superar de manera sostenible los problemas económicos sin instituciones democráticas sólidas que garanticen derechos y libertades de la ciudadanía. Abundan los casos en donde fueron sacrificados valores democráticos con la excusa de lograr prosperidad económica y al final del día las consecuencias—incluidas las económicas—para la población fueron peores. A manera de ilustración, merece la pena recordar que después del golpe de Estado de 2009, Honduras se vio sumergida en una crisis económica de la cual le costó mucho recuperarse. Por otra parte, Costa Rica, que suprimió su ejército hace varias décadas y cuenta con instituciones democráticas sólidas ha tenido un comportamiento económico estable.
El BCIE ha jugado un papel fundamental en el desarrollo económico de la región financiando proyectos de infraestructura—incluyendo carreteras, puentes y centros hospitalarios—y apoyando la interconexión eléctrica y la simplificación de los trámites aduaneros entre los países de Centroamérica. El BCIE tiene la obligación, así como lo ha hecho en el pasado, de centrarse en sus mandatos fundacionales y contribuir proactivamente a la integración y el desarrollo de la región, en un marco democrático, inclusivo y de respeto a los derechos humanos. Pero para ello, son necesarias una serie de acciones:
En primer lugar, el BCIE debe garantizar la transparencia y acceso a la información haciendo públicas sus sesiones y las actas del Directorio. Asimismo, se debe informar sobre el estado de los préstamos otorgados desde su aprobación pasando por su ejecución, seguimiento y evaluación.
En segundo lugar, el BCIE debe afinar los criterios para la asignación de recursos; los cuales deben estar basados, no solamente en factores técnicos como la capacidad de pago sino también en mediciones sobre el cumplimiento de principios democráticos, respeto a los derechos humanos, inclusión y protección del ambiente en coherencia con los instrumentos internacionales suscritos por los países miembros, el Convenio Constitutivo del BCIE y el Protocolo de Tegucigalpa.
En tercer lugar, el Banco debe establecer y fortalecer las cláusulas específicas que le permitan condicionar o suspender recursos en casos de incumplimiento de los estándares democráticos, ambientales y de derechos humanos.
En cuarto lugar, los Gobiernos de los países miembros deben garantizar que el Directorio del Banco ejerza un rol contralor efectivo de las cláusulas mencionadas, reduciendo las discrecionalidades del presidente ejecutivo.
Estas mejoras deben ser parte de un debate público permanente, que incluya la multiplicación de esfuerzos para superar la exclusión de las comunidades más vulnerables y sin acceso a financiamiento. Particular mención merecen en este caso las poblaciones en los territorios fronterizos que históricamente han sido marginados como en los municipios rivereños del Golfo de Fonseca—situado entre El Salvador, Honduras y Nicaragua—el cual si bien cuenta con una gran riqueza natural, buena parte de sus pobladores viven sumidos en la extrema pobreza. Así como también es necesario abordar otros casos de mayor actualidad como es la difícil situación que atraviesan las comunidades migrantes en el Darién y en la frontera sur de los Estados Unidos. Es imperativo crear una acción coordinada, con apoyo financiero del BCIE y otras instituciones para abordar de manera sistémica estas problemáticas cuanto antes.
La mayoría de estos cambios ni siquiera requieren una reforma al convenio constitutivo del BCIE, basta con que se tome una decisión a nivel de Directorio o Asamblea de Gobernadores, por lo tanto, se trata de consolidar la voluntad política de los países miembros y el compromiso de estos con la transparencia, la democracia y los derechos humanos. Los gobiernos de dichos países tienen entonces la oportunidad de cumplir sus compromisos y garantizar las reformas y las acciones necesarias para que el BCIE ajuste su rumbo y contribuya de una mejor manera a la integración, el desarrollo, la defensa de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la inclusión y la protección del medio ambiente.
Está en manos de los países miembros dar este salto de calidad tan necesario en estos tiempos de deterioro democrático. Ojalá prevalezca la vocación democrática de la mayoría sobre los deseos de algunos pocos que quisieran ver al Banco como una pieza más de sus engranajes autocráticos.
*Publicado en Global Americans. Hugo Martínez, Secretario General del SICA (2013-2014) y Canciller de El Salvador (2009-2013 y 2014-2018), actualmente se desempeña como Consultor Internacional en América Latina.
