16 de mayo 2025
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El asilo territorial otorgado por Colombia al expresidente panameño Ricardo Martinelli representa un duro golpe al sistema de justicia del país centroamericano. Si a esto agregamos que dicho asilo fue gestionado con los buenos oficios del Gobierno panameño —avalado por la emisión de un salvoconducto a su favor— estamos ante el triunfo de la impunidad. No importó que el asilado estuviese condenado por blanqueo de capitales y no por delitos políticos, la maquinaria diplomática de ambos Estados se movilizó para encontrarle solución a un problema que aquejaba al Gobierno de José Raúl Mulino desde sus inicios.
Como si fuese poca la ofensa a la justicia, el presidente colombiano Gustavo Petro —desde la gran muralla china y en medio de su segunda visita oficial al gigante asiático— al ser cuestionado por dicho asilo proclamó que su país aspiraba a ser un sitio de refugio, de libertad y de libre expresión, al igual que alguna vez lo había sido Panamá, tal vez haciendo una referencia burlesca a los asilos otorgados a Raoul Cédras, Phillip Biamby, Abdalá Bucaram o María del Pilar Hurtado.
El salvoconducto pone fin a una saga de más de un año, la cual tuvo entre sus principales protagonistas a la dictadura Ortega-Murillo. El régimen nicaragüense, un aliado cercano a Pekín en la región, utilizó su embajada en ciudad de Panamá, para incidir en forma directa en las elecciones presidenciales de mayo de 2024, pues sirvió como el centro de campaña paralelo para el candidato apoyado por Martinelli, el hoy presidente Mulino. Es más, luego de la victoria electoral, Martinelli continuó incidiendo en la política doméstica del país, materializándose todas estas acciones en actos injerencistas sin precedentes en la joven democracia panameña.
Lo anterior guarda algunos paralelismos con lo permisivo que fue Panamá con el expresidente ecuatoriano Bucaram, cuando en 2012 y estando asilado de forma permanente en territorio panameño fue postulado a la presidencia del Ecuador, sin que el Gobierno de Panamá tomase medida alguna para cumplir con sus obligaciones como Estado asilante. La historia rima y se repite en espiral, pues aparentemente no habrá consecuencias políticas o diplomáticas para el régimen Ortega-Murillo.
Esta situación es un reflejo más de la fragilidad de las instituciones democráticas y la imperante cultura de impunidad que existe en Panamá. Lo anterior, aunado a un arrastre histórico en materia de derechos humanos hace de Panamá una presa fácil del intervencionismo foráneo, aquel que emana —principalmente— de Estados autoritarios con agendas hegemónicas, revisionistas y expansionistas. Para estos regímenes iliberales las evidentes deficiencias panameñas también representan debilidades estratégicas, las cuales en un ambiente de competencia estratégica merecen ser explotadas.
En momentos en los que Panamá enfrenta presiones geopolíticas provenientes de los Estados Unidos, sustentadas en un supuesto control de China sobre el Canal de Panamá y su influencia en zonas aledañas, flaco favor se hacen las autoridades panameñas fraguando un asilo territorial en Colombia. Esto se produce en medio de la visita del presidente Petro a China para adherirse a la Ruta de la Seda —iniciativa de la que Panamá se retiró a solicitud de Washington— y que muchos asumen como un presunto alineamiento de Bogotá con Pekín. Igual de problemático es dejar una impresión de permisividad y laxitud ante el resto del mundo, pues el régimen Ortega-Murillo les planteó un serio desafío a las instituciones panameñas con acciones abiertamente injerencistas por más de un año.
Si quedaba algún tipo de duda que estábamos ante una componenda entre los Gobiernos de Mulino y Petro, ha sido el embajador panameño en Bogotá quien ha recibido por todo lo alto al expresidente, presuntamente perseguido en Panamá, como si se tratase de un alto dignatario en visita oficial y como si en Panamá no existiese una sentencia en firme en su contra por delitos comunes. Además, luego de la polémica suscitada hace algunos meses entre Panamá y Nicaragua en torno al rechazo de Rosario Murillo al salvoconducto emitido por el Gobierno de Mulino debido a la subsecuente solicitud de circular roja del órgano judicial panameño a la Interpol, sería iluso pensar que las autoridades panameñas repetirán dicha acción.
Todo lo anterior deja de manifiesto que —en Panamá— el discurso gubernamental vinculado a la democracia, el respeto a los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y la impunidad ha quedado sólo en eso, en simples palabras. Desde otras latitudes, estas y otras decisiones son una invitación más para la permanencia del país en múltiples ‘listas’ de paraísos fiscales y jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal, para que cualquier agenda venga impuesta desde afuera y para que otros Estados sigan explotando las debilidades estratégicas panameñas. En otras palabras, el salvoconducto garantiza la impunidad, pero también abre las puertas al intervencionismo.
