10 de septiembre 2024
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El reciente paso dado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) al presentar una demanda civil contra su expresidente ejecutivo, Dante Mossi, en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, marca un antes y un después en los esfuerzos de ese banco de desarrollo, de mejorar sus prácticas de integridad y rendición de cuentas. Mossi, quien alguna vez estuvo al mando de una de las instituciones financieras más importantes de la región, ahora se enfrenta a acusaciones que revelan el alcance de su corrupción y su abusivo comportamiento, poniendo en grave riesgo al BCIE.
Dante Mossi, un hondureño que previamente trabajó para el Banco Mundial, fue elegido presidente ejecutivo del BCIE el 1 de diciembre de 2018. Desde el inicio de su mandato, Mossi mostró una inclinación y un apoyo al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, que despertaron fuertes críticas de instancias especializadas como el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) y otros grupos de sociedad civil en Centroamérica.
A pesar de las crecientes sanciones internacionales, la corrupción y la condena global por las violaciones de derechos humanos perpetradas por la dictadura de Ortega, Mossi siguió favoreciendo los proyectos presentados por el régimen de Nicaragua. Durante el 2023, en mi calidad de presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, hice una serie de visitas a instancias de gobierno y de sociedad civil en Centroamérica para abordar este tema, pudiendo comprobar que no era cierto que las acciones de Mossi contaban con el respaldo de muchos de los gobiernos de la región. Posteriormente, en mayo de 2023, tras un primer término lleno de controversias y cuestionamientos sobre su liderazgo, la Junta de Gobernadores del BCIE votó unánimemente para no renovar su mandato, una decisión coherente con la práctica histórica del banco, pero que enfureció a Mossi.
Tras ser removido de su cargo, Dante Mossi se acercó aún más a Daniel Ortega, quien ha sido un ferviente defensor de Mossi debido a los beneficios desproporcionados que el régimen de Nicaragua recibió bajo su gestión en el BCIE. La relación de Mossi con Ortega se intensificó al punto de que, cuando el BCIE decidió emprender acciones legales en su contra en una corte estadounidense, el régimen nicaragüense intervino, enviando una carta el seis de septiembre a la actual presidenta ejecutiva del BCIE, Ana Gisela Sánchez Maroto. En dicha carta, el régimen de Ortega expresó su desaprobación y se distanció de la demanda, sugiriendo que el BCIE debería centrarse en el financiamiento a países en lugar de involucrarse en lo que describieron como acciones mediáticas sujetas a manipulación política. Esta intervención no solo fue un intento descarado de proteger a Mossi, sino también un claro indicio de cómo los intereses del régimen estaban profundamente entrelazados con los actos de corrupción de Mossi.
La demanda del BCIE detalla cómo Mossi no solo intentó chantajear al banco para obtener un acuerdo financiero al que no tenía derecho, sino que también utilizó sus contactos en gobiernos latinoamericanos, desarrollados durante su tiempo en el BCIE, para incitar investigaciones falsas contra el banco. Mossi ha llevado a cabo una campaña implacable de difamación, utilizando plataformas de redes sociales para atacar al BCIE y tratar de forzar un acuerdo multimillonario, en clara violación de la Ley Hobbs, que prohíbe la extorsión.
El comportamiento de Mossi fue aún más allá. Mientras todavía era presidente del BCIE, utilizó los recursos del banco para patrocinar una conferencia de vehículos eléctricos en Washington, D.C., durante la cual cultivó una relación con Centtro, una empresa de vehículos eléctricos con sede en Nueva Jersey. Poco antes de su salida del banco, Mossi abusó de su posición para ordenar la compra de vehículos eléctricos de Centtro sin una justificación comercial clara, y posteriormente, estableció su propia empresa, Soluciones de Movilidad Eléctrica de Centroamérica (SOLMECA), cuyo primer acuerdo comercial fue la importación de vehículos Centtro a Honduras, un acuerdo que gestionó mientras aún estaba al frente del BCIE.
Estas acciones no solo demuestran un grave desprecio por sus obligaciones fiduciarias, sino también un patrón de fraude postal y electrónico diseñado para beneficiar sus intereses personales a expensas de una institución destinada a promover el desarrollo en la región. La intervención del régimen de Ortega, intentando proteger a Mossi de ser juzgado en una corte de Estados Unidos, no solo subraya la profundidad de la relación entre ambos, sino que también destaca hasta qué punto el régimen estaba dispuesto a llegar para evitar que se revelaran los actos de corrupción que amenazan con su dictadura.
El BCIE, al llevar este caso a los tribunales de Estados Unidos, ha tomado una decisión valiente que envía un mensaje claro: la corrupción y el abuso de poder no serán tolerados. Los tribunales estadounidenses, con su reconocida experiencia en casos de corrupción internacional, ofrecen el mejor entorno para garantizar que se haga justicia y que se protejan los intereses de una región que durante demasiado tiempo ha sufrido bajo el peso de la impunidad.
Este caso no solo trata de responsabilizar a Dante Mossi por sus actos, sino también de restaurar la confianza en las instituciones financieras que son esenciales para el desarrollo y la estabilidad en Centroamérica. La caída de Mossi es un recordatorio de que la justicia, aunque a veces demorada, finalmente prevalece. Es un testimonio de la importancia de proteger las instituciones internacionales de aquellos que buscan explotarlas para su propio beneficio, y de que la lucha contra la corrupción es fundamental para el futuro de la región.
