19 de abril 2017
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La escasa información sobre los sorpresivos cambios en la cúpula militar, anunciados oficialmente el lunes 27 de marzo: solo quiénes salen y quiénes entran, sin dar razones ni explicar por qué, ha dado lugar a especulaciones que van, desde las que los consideran “bastante extraños” y “sin lógica política” hasta las consideran que esos cambios son “parte de una pugna intestina de poder entre el murillismo y el danielismo”, pasando por las que desarrollan teorías de conspiración más engorrosas.
Sin embargo, el motor de esas conjeturas no es solo la falta de información amplia y transparente por parte de la institución armada y el Ejecutivo, sino la clara identificación del Jefe del Ejército, general Julio César Avilés, con el proyecto político continuista y dinástico de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y su sumisión a ambos.
En una escueta nota de prensa, el Ejército informó que el lunes 27 de marzo cesaron en sus funciones los mayores generales Óscar Mojica y Adolfo Zepeda, jefe del Estado Mayor General e Inspector General, respectivamente, quienes pasaron a retiro y fueron sustituidos por el general de brigada Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, quien se desempeñaba como jefe de la Dirección de Operaciones y Planes, y el contralmirante Marvin Elías Corrales Rodríguez, hasta ese momento jefe de la Fuerza Naval.
Un cambio sorpresivo y a destiempo
El cambio en la cúpula militar fue sorpresivo. Sorpresivo porque se da a destiempo y porque no es la normal rotación de mando, como sucede en los comandos militares regionales, en las grandes unidades o en las direcciones del Estado Mayor que tienen períodos de tiempo definidos. Los cambios en la Comandancia General se dan cada cinco años, cuando el Presidente de la República nombra un nuevo Comandante en Jefe, quien a su vez designa a los dos oficiales generales que ocuparán esos cargos.Aunque la ley no establece para estos dos puestos un tiempo determinado, lo normal ha sido que acompañen al Comandante en Jefe los cinco años de su mandato. Sin embargo, esta lógica había sido rota por el mismo general Avilés en diciembre de 2013 cuando sin mayores explicaciones pasó a retiro obligado al mayor general Óscar Balladares, jefe del Estado Mayor General, entonces primero en la línea de sucesión.Al igual que ahora, por la falta de transparencia, se tejieron las más diversas hipótesis, no informadas por cierto, aunque hasta la fecha se desconocen las verdaderas razones del retiro forzado del general Balladares.
Esa muda en la cúpula militar también fue sorpresiva porque toca las fibras más sensibles del domo castrense y, a su vez, las de las relaciones entre este y el Ejecutivo, en tanto quien ocupa la Presidencia de la República es, por mandato de la Constitución y la Ley, el Jefe Supremo del Ejército. De esto se desprende, sin el menor asomo de duda, que por su sumisión a la pareja presidencial, el general Avilés no tomó esa decisión por sí mismo sino que consultó y convino con Daniel Ortega y Rosario Murillo ―aunque ninguna ley le da esa facultad a ella en ese ámbito― esa permuta en el vértice de la pirámide militar, oficialmente denominada Comandancia General.
Las interrogantes que ha abierto esa súbita decisión son numerosas y aún no tienen respuestas por el terco silencio del general Avilés. Sin embargo, pueden resumirse en una doble: ¿Por qué y para qué sacude ese vértice casi a la mitad de su segundo período como Comandante en Jefe? ¿Qué esconde Avilés? Si diera la cara y respondiera a esas preguntas, cuyas respuestas de ninguna manera pueden considerarse “secreto de Estado” ni afectan a la seguridad nacional, las especulaciones terminarían. Pero es obvio que el típico secretismo gubernamental ha llegado para quedarse en los cuarteles delEjército, al menos mientras Ortega esté en el poder y Avilés al frente de la institución armada.
Una posible explicación, desde el punto de vista de la lógica institucional, es que el nombramiento y desempeño del general Mojica al frente del Estado Mayor General haya generado malestar e inconformidad entre sectores de la oficialidad, y el general Avilés se vio obligado a cambiar su “broker” por el general Bayardo Rodríguez, un oficial de prestigio y ascendencia en el Ejército, para tratar de contener la escalada de una posible crisis interna que pusiera en situación de riesgo la estabilidad de la institución militar. De la misma forma se podría explicar el ascenso del contralmirante Marvin Corrales, quien desde su cargo anterior como jefe de la Dirección de Personal tuvo contacto permanente con la oficialidad y su desempeño como jefe de la Fuerza Naval le dejó muchos réditos. La salida del general Zepeda pudo ser una especie de “daño colateral” planificado, pero es muy probable que este, al igual que Mojica, recientemente nombrado presidente del INE, sea “premiado” con un cargo en la administración pública o en los negocios privados del Consorcio Ortega-Murillo.
Estrategia de desarrollo institucional
El nombramiento del general Joaquín Cuadra como nuevo Comandante en Jefe del Ejército en sustitución del general Humberto Ortega, el 21 de diciembre de 1994, marcó el inicio de la ejecución de lo que se denominó Estrategia de Desarrollo Institucional, acordada a lo interno del cuerpo castrense luego de aprobarse el Código Militar en agosto de 1994, en el que se establece el procedimientos para el proceso del traspaso del mando.Sus objetivos fundamentales eran, por una parte, asegurar la existencia dela institución armada y consolidar su desarrollo institucional; y por otro, garantizarle al Ejército un relativo grado de autonomía institucional en la escogencia de un nuevo Comandante en Jefe.
La Estrategia se concibe en un escenario, que si bien no fue buscado sino que se trató de una feliz coincidencia de tiempos y acontecimientos, resultó favorable para el ejercicio del control civil democrático por el traslape de períodos entre el del Ejecutivo y el del Comandante en Jefe del Ejército. Así, el Presidente de la República no escogería a un oficial militar con el que tuviese afinidad política, evitando así que la institución fuese contaminada políticamente. Pieza clave de la Estrategia en el proceso de sucesión del mando militar era que el jefe de la Dirección de Operaciones y Planes es el sustituto natural del jefe del Estado Mayor saliente. Además, una pieza final sellaba el desarrollo institucional del Ejército: el Comandante en Jefe saliente, salía y no tenía injerencia en la nueva Comandancia General y bajo ningún concepto intervendría en su desempeño.
El período de un Comandante en Jefe se inicia con el Presidente que le nombra y termina con el siguiente, quien a su vez nombrará a su sucesor. Nombrado por la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, el general Joaquín Cuadra asumió la jefatura del Ejército el 21 de febrero de 1995. El período de la presidente Chamorro Barrios finalizó el 10 de diciembre de 1997 cuando asume el presidente Arnoldo Alemán, quien el 21 de diciembre de 2004 nombra al general Javier Carrión como sustituto del general Cuadra, y así sucesivamente hasta 21 de febrero de 2015, cuando Daniel Ortega prolonga por un período más al general Julio César Avilés. Esto no estaba en el guion de la Estrategia y si bien no causó una crisis institucional en el Ejército, fue el inicio del desmantelamiento de esta y de la contaminación política de la institución armada.
La sucesión del mando a la luz de la Ley
La Ley 181, Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar de septiembre de 1994, al igual que la Ley 855 que la reforma, prescriben el procedimiento de la sucesión del mando castrense. El Consejo Militar se reúne (usualmente entre octubre y noviembre) para escoger a quién propondrán como sucesor del Comandante en Jefe. Este, a su vez, presenta al Presidente de la República la propuesta del Consejo al menos un mes antes de su designación (21 de noviembre), ya que la Ley establece que el nombramiento debe hacerse el 21 de diciembre.El Presidente puede desaporobar la propuesta del Consejo Militar y, en este caso, solicitar una nueva; esto último, sin embargo, nunca ha sucedido ya que hasta la fecha el Presidente de turno ha aceptado la propuesta del Consejo Militar.
Demolición de la Estrategia de Desarrollo Institucional
Sin embargo, a finales de 2014 el mismo Consejo Militar y Daniel Ortega rompieron uno de los principios esenciales de la Estrategia de Desarrollo Institucional, el Consejo proponiendo “unánimemente” al general Avilés para continuar en el cargo, y Ortega “aceptando la “propuesta” del Consejo y ratificándole para un nuevo período de cinco años (Decreto 230-2014, 19 de diciembre de 2014).
Pero, como se indicó antes, Ortega y Avilés comenzaron a demoler la Estrategia al pasar a retiro obligatorio al mayor general Óscar Balladares y nombrar en ese puesto a un advenedizo, el general Óscar Mojica, un comodín cuya función no era en realidad la de jefe del Estado Mayor General sino articular, como “broker” los intereses corporativos (financieros, económicos y comerciales) del Ejército, que administra el Instituto de Previsión Social Militar, con los individuales de la cúpula militar (el generalato) y estos, a su vez, con los del Consorcio Ortega-Murillo.
Al desmantelar la Estrategia de Desarrollo Institucional, Ortega y Avilés han contaminado políticamente al Ejército y ello ha conducido a su desinstitucionalización y a la pérdida de su profesionalismo porque ha dejado de estar al servicio de la sociedad, sin distingos de ninguna clase, para servir al proyecto continuista dinástico del Consorcio Ortega-Murillo.
¿Posición anterior?
En perspectiva, con la salida de los generales Mojica y Zepeda y el nombramiento del general de Brigada Bayardo Rodríguez y el contralmirante Marvin Corrales como jefe del Estado Mayor General e Inspector General del Ejército, respectivamente, se abren dos nuevos escenarios posibles que deben ser considerados. El primero, los indicios de una posible restauración parcial de la Estrategia con el nombramiento del general Rodríguez, un tropista profesional, capaz y de amplia trayectoria y prestigio entre la oficialidad, quien pasa de jefe de la Dirección de Operaciones y Planes, cargo que ocupaba desde 2010, a jefe del Estado Mayor General, que lo sitúa en línea directa en la sucesión del mando militar.
El segundo período del general Avilés termina en el 2020, y el tercero consecutivo de Ortega en el 2022. Esto quiere decir que, en aproximadamente tres años, Ortega tendrá que nombrar un nuevo Comandante en Jefe. Aunque ya lo hizo antes con Aminta Granea al frente de la Policía, un tercer período de Avilés sería una de las más grandes aberraciones institucionales y políticas que pudieran cometerse, y el tiro de gracia a la ya más que deteriorada institucionalidad del Ejército. Si no se llega a esos extremos, las probabilidades de que el general Bayardo Rodríguez sea el próximo Comandante en Jefe son altas; sin embargo, no deben crearse expectativas ya que en manos de las pareja Ortega-Murillo, cualquier cosa puede suceder por su notorio desprecio a la institucionalidad democrática y su clara tendencia autoritaria y a lo irracional.
El segundo escenario, la salida del general Zepeda, de quien se ha dicho era la “ficha” de Rosario Murillo en la Comandancia General, también presenta un importante aspecto que es necesario apreciar. Más allá de esa conjetura, lo notable es que su retiro pudiera estar indicando el fin del “regencia” de la Inteligencia y Contrainteligencia Militar, que se había afincado en el Ejército con la llegada del general Omar Halleslevens a la Comandancia General y, a su vez, el regreso de los tropistas, el retorno de la infantería, de hecho, la mayor de las armas de la institución militar que es, en esencia, un ejército de tierra.
El general Bayardo Rodríguez tiene todas las cualidades y cualificaciones para desempeñarse como Comandante en Jefe del Ejército, lo que queda por verse es qué tanta autonomía de vuelo tendrá para conducir a la institución militar y qué nivel de independencia puede lograr decar a a las interferencias políticas del Consorcio Ortega-Murillo, y si tendrá la posibilidad de hacer que el Ejército regrese a la senda trazada por la Estrategia de Desarrollo Institucional. Lo que suceda dentro de tres años es, desde ya, una moneda al aire.
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El autor es consultor civil en Seguridad, Defensa y Gobernabilidad Democrática.
