6 de febrero 2026
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En una carta enviada a finales de enero de 2026 a los embajadores de los países acreditados ante su organismo, el secretario general de la ONU comunicó a los Estados que la organización corre el riesgo de sufrir un “colapso financiero inminente”. Con este mensaje, António Guterres resumió las consecuencias de que el mayor contribuyente, Estados Unidos, se haya negado a realizar los pagos obligatorios al presupuesto ordinario y al presupuesto para el mantenimiento de la paz de la ONU.
Pero la crisis de la ONU no solo se refleja en su precaria situación financiera, sino que también se combina con su débil desempeño político, especialmente el del Consejo de Seguridad, que se ha visto incapaz de resolver conflictos y establecer la paz en el mundo.
La iniciativa de Donald Trump de utilizar una “Junta de Paz“, inicialmente concebida para la reconstrucción de Gaza, pretende “continuar con los conflictos a medida que surjan”. Esta iniciativa intergubernamental, que será dirigida de por vida por Donald Trump, se concibe como una alternativa al Consejo de Seguridad de la ONU y ha encontrado en América Latina la adhesión de Argentina, El Salvador y Paraguay. El diseño de este organismo intergubernamental se asemeja al de un club social, con una junta directiva privada y una membresía limitada a los Estados invitados a participar por el presidente.
La necesidad de reformas en las Naciones Unidas
Fundada en 1945, la ONU basa su funcionamiento en las enseñanzas que surgieron del sufrimiento y la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. La tarea del nuevo organismo era garantizar la paz, basándose en principios como la seguridad colectiva, el derecho y la cooperación internacional, la garantía de los derechos humanos y la lucha conjunta contra las amenazas globales.
Hoy en día, más de 80 años después, se cuestiona su capacidad de acción para detener conflictos o crímenes masivos, y se percibe a la ONU como un organismo demasiado caro, pesado e ineficaz.
Aunque muchas ideas de reforma se refieren al funcionamiento del Consejo de Seguridad, con el fin de que este órgano refleje el aumento de la representatividad de los Estados miembros de las Naciones Unidas, que han pasado de 50 a 200, también hay que recordar que, con cada nuevo secretario general, se han producido cambios administrativos y de funcionamiento en las propias estructuras de este organismo.
América Latina, bajo presión de Estados Unidos
De cara a la elección del sucesor o de la sucesora de António Guterres, se producirá una nueva reorganización de las múltiples organizaciones y programas que han ido surgiendo a lo largo de los años, en respuesta a la demanda de la membresía de ampliar las tareas de apoyo y asesoría en nuevas temáticas globales. Aunque se necesitaría más cooperación entre los Estados y no menos, nos encontramos en un contexto político en el que aumentan los enfrentamientos entre ellos y se pone en peligro el canon de valores de la ONU.
En el caso de América Latina, que actualmente se ve sometida a una creciente presión por parte de EE. UU. a nivel bilateral, una instancia multilateral podría desempeñar un papel importante para crear un contrapeso que logre equilibrar la balanza y garantice la autonomía alcanzada en las últimas décadas.
Además, muchos Estados y Gobiernos de la región dependen de la asesoría y el apoyo de organizaciones y programas de la ONU en diversos ámbitos: económicos, con la CEPAL; político-institucional, con el PNUD; de migración, con la OIM; y de lucha contra el crimen, con la UNODC; o con misiones de paz, en el caso de Haití.
La región sigue siendo vulnerable a los desastres naturales, a las amenazas a la biodiversidad y a su rezago en la transición hacia economías más sostenibles. Sin embargo, una vez más se pone de manifiesto la heterogeneidad ideológica y política de América Latina a la hora de encontrar bases comunes para la acción en el marco de las Naciones Unidas.
La crisis financiera de la ONU y América Latina
Esta limitada capacidad de actuación como bloque regional también disminuye el peso de América Latina y el Caribe a la hora de prevenir el peligro de pérdida de relevancia de la ONU frente a los grandes desafíos globales y los conflictos políticos agudos a nivel mundial. No cabe duda de que los propios Estados latinoamericanos están contribuyendo a las dificultades presupuestarias de las Naciones Unidas (ONU), lo que provoca la retirada de la financiación necesaria para su funcionamiento, especialmente para los organismos de derechos humanos y las investigaciones.
A fecha de 15 de diciembre, los Estados que más cuotas pendientes del presupuesto ordinario adeudaban eran: Estados Unidos, con 1500 millones de dólares (el 181% de sus cuotas asignadas para 2025, incluidos los atrasos); Venezuela, con 38 millones de dólares (el 1652% de sus cuotas asignadas para 2025, incluidos los atrasos de más de dos años consecutivos); y México, con 20 millones de dólares (el 51% de sus cuotas asignadas para 2025).
A menudo sin pagar al final del año (al menos en 3 de los últimos 7 años) aparecen en la lista de deudores países de América Latina como Belice, Brasil, Dominica, El Salvador, Ecuador, Panamá, Perú, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay, mientras que Argentina y Surinam siempre aparecen como deudores al final del año.
“Poner el dinero donde está la boca”
Ante esta morosidad y demora en las contribuciones por parte de América Latina y el Caribe, las declaraciones a favor del multilateralismo parecen compromisos vacíos si no se garantizan las bases materiales necesarias para el funcionamiento de las instituciones multilaterales.
La expresión “poner el dinero donde está la boca” (del inglés put your money where your mouth is) refleja de manera oportuna la necesidad de que América Latina asuma con mayor ahínco su compromiso, si no quiere que su peso político quede relegado a un posicionamiento más marginal a nivel global.
Esto es aún más importante en un momento en que la región aspira a colocar a un candidato latinoamericano en el cargo de secretario general de la ONU para el período que comienza el 1 de enero de 2027. Los posibles candidatos son Michelle Bachelet (Chile), Rebeca Grynspan (Costa Rica) y Rafael Grossi (Argentina), que necesitan encontrar apoyo no solamente en la propia región sino también entre la gran mayoría de los Estados, más allá del subcontinente latinoamericano.
*Este artículo se publicó originalmente en Deutsche Welle (DW).
