15 de octubre 2023
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Seis sacerdotes de tres diferentes diócesis --secuestrados entre el 1 y 9 de octubre por la Policía al servicio de la dictadura orteguista-- y otros dos sacerdotes detenidos en mayo y julio de 2023 --que tendrían "seminario por cárcel"-- fueron sacados de las instalaciones del Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima, en Managua, y habrían sido traslados a las celdas de El Chipote, denunciada como una cárcel de tortura contra los presos políticos de la dictadura orteguista.
Hasta la tarde de este 15 de octubre, a ocho días del secuestro de los últimos seis sacerdotes, se desconocía su paradero. Únicamente se conocía que ya no estaban en el seminario. Sin embargo, un sacerdote que conoce la situación de los religiosos presos, confirmó a CONFIDENCIAL que hace ocho días todos los sacerdotes que permanecían bajo "seminario por cárcel" fueron trasladados a El Chipote. "Se los llevaron", "todos están en El Chipote", aseguró.
La Policía Nacional --que es el principal brazo ejecutor de la represión y persecución política del orteguismo-- aún no confirma el traslado de los sacerdotes a prisión. Sin embargo, abogados defensores afirmaron, previamente a CONFIDENCIAL, que los familiares de los religiosos no tenían información reciente sobre su paradero, excepto que algunos de ellos ya no estaban en el seminario.
El 6 de octubre, el párroco de la iglesia San Juan Bautista, en la ciudad de Masaya, Harving Padilla, se exilió tras dieciséis meses y ocho días de permanecer recluido en el Seminario Mayor Arquidiocesano La Purísima, en Managua. El sacerdote logró salir del país el 28 de septiembre, aunque confirmó su exilio más de una semana después. El traslado de los sacerdotes que tenían "seminario por cárcel" habría ocurrido un par de días después de la noticia del exilio del sacerdote de Masaya.
Los últimos seis sacerdotes secuestrados en octubre
Entre el 1 y 9 de octubre de 2023, la dictadura detuvo a seis sacerdotes: Julio Ricardo Norori e Iván Centeno, de la Diócesis de Estelí; Cristóbal Gadea, de la Diócesis de Jinotega; Álvaro Toledo y Yessner Pineda, sacerdotes de Ocotal, y Ramón Angulo Reyes, párroco de Wapí, en El Rama.
Hasta este fin de semana se sabía que Norori y Centeno estaban bajo “seminario por cárcel” en el Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima, en Managua. Pero abogados defensores confirmaron que ya no se encontraban en ese centro de formación.
Previo a la confirmación del traslado, abogados y defensores de derechos humanos aseguraron a CONFIDENCIAL que los sacerdotes estarían en condición de "desaparición forzada", un patrón agravado por la dictadura orteguista en esta nueva ola de ataques contra la Iglesia católica.
“La dictadura los captura, no informa de su paradero, no informa sí están realmente en estado de detención en algún Sistema Penitenciario o prisión preventiva y, por lo tanto, el tiempo desde que se da la detención hasta que los familiares puedan corroborar de que realmente están en un determinado penal, en efecto, están en un estado de desaparición forzada, imputando únicamente al Estado”, explicó el abogado Juan Diego Barberena.
Denunció que el Estado se convierte en el responsable de la integridad física, mental y emocional de los detenidos, que permanecen en “absoluta indefensión”.
Barberena señaló que, aunque la familia de los curas detenidos pueden interponer un recurso de exhibición personal, este no tiene mayor efecto en las autoridades judiciales orteguistas; no obstante, recomendó que sí es necesario que se utilice para documentar cada uno de las ilegalidades contra los derechos humanos de las personas procesadas.
Serían nueve sacerdotes presos en El Chipote
De los trece sacerdotes que hasta este 15 de octubre son presos políticos de la dictadura, tres están condenados por delitos fabricados en juicios sin derecho a la defensa, entre ellos el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. Dos de los tres sacerdotes condenados están en la cárcel La Modelo y el tercero en el Sistema Penitenciario de Granada, conocido como La Granja.
Los otros diez sacerdotes presos políticos no tienen ninguna condena firme, y de algunos únicamente se sabe que están "bajo investigación". Uno de los otros diez, el sacerdote de Estelí, Osman Amador Guillén, fue trasladado a El Chipote casi inmediato a su captura, en septiembre. Mientras, del sacerdote Jaime Montecinos, de Sébaco, no se tiene ninguna información desde su detención el 23 de mayo, confirmada por la Policía.
Por eso, los sacerdotes que habrían sido trasladados a El Chipote hace ocho días serían los ocho que permanecían "seminario por cárcel", y el total de presos políticos en esas celdas sería de nueve, incluyendo al sacerdote Osman Amador Guillén, que ya tendría más de un mes en El Chipote.
No hay detalles sobre situación jurídica de los curas
Los abogados defensores confirmaron que hasta ahora no tienen información sobre la situación jurídica de los sacerdotes presos políticos. Algunos abogados no descartaron que los sacerdotes también puedan haber sido trasladados a las instalaciones del Distrito III de la Policía, en Managua, pero ninguno tiene certeza.
Barberena sostuvo que el patrón represivo en las detenciones contra sacerdotes ha cambiado a lo largo de estos años de persecución. Antes, la Policía o el Ministerio Público comunicaba el arresto, como ocurrió con los tres sacerdotes condenados actualmente. Eso pasó con el obispo Rolando Álvarez, recluido en una celda de máxima seguridad en La Modelo.
Sin embargo, la situación cambió con el resto de curas, a quienes capturaban en operativos policiales, los trasladaban a Managua y nunca informaban oficialmente su secuestro. Los casos se han conocido por confirmación de fuentes religiosas a la prensa independiente.
La única excepción fue con el sacerdote Jaime Iván Montecinos Sauceda, párroco de la iglesia Juan Pablo II del municipio de Sébaco, en Matagalpa. La Policía informó el 25 de mayo de su arresto y aseguró que era investigado por traición a la patria. Aunque justamente de él es de quien no se tiene ninguna nueva información desde entonces.
La intensidad de la represión en 2023 tiene la distinción de mayores ataques contra la Iglesia y todas las formas del ejercicio de la libertad religiosa hasta llegar a su máxima expresión: la privación de libertad a los curas, sostiene Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Una vez arrestados, los sacerdotes son sometidos al aislamiento e incomunicación con sus familiares, agregó.
Según la investigadora y autora del estudio Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?, Martha Patricia Molina, “todos (los sacerdotes) están desaparecidos" mientras no se tenga confirmación de su paradero, y sostuvo que "nadie sabe de ellos. Ni sus familiares”.
La abogada subrayó que 2022 y 2023 “han sido los más nefastos para la Iglesia católica”. Esta nueva embestida del régimen también alcanzó a la feligresía católica con apresamientos, investigaciones policiales y mayor vigilancia política en los templos. La feligresía teme que su párroco sea el próximo en ser secuestrado. Y a su vez, los curas viven bajo asedio, ataques y en algunos casos, amenazados de muerte y cárcel.
