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El obispo nicaragüense desnacionalizado Silvio Báez tildó de “criminales” a los “regímenes totalitarios” que privan de la nacionalidad a sus ciudadanos, y abogó para que sean juzgados quienes lo ejecutan porque “son auténticos crímenes”.
El régimen de Nicaragua que dirigen los esposos y “copresidentes”, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha despojado de su nacionalidad a más de 452 nicaragüenses, incluido al obispo Báez, desde febrero de 2023.
“En los regímenes totalitarios privar de libertad, denigrar con falsedades o tratar con crueldad son también acciones homicidas. Son criminales quienes encarcelan a personas inocentes solo por pensar diferente. También lo son quienes obligan al destierro o privan de la nacionalidad provocando la muerte civil”, lanzó el obispo auxiliar de Managua, quien está exiliado, en su homilía desde la parroquia Santa Agatha en Miami.
El obispo, a quien el fallecido papa Francisco ordenó dejar Nicaragua en 2019 por razones de seguridad, dijo que “estos actos abominables no son solo caprichos de gente desquiciada y malvada, irregularidades jurídicas o incumplimiento de normas internacionales”.
“Son auténticos crímenes y quienes los han cometido deberán comparecer ante la justicia tarde o temprano”, sentenció el religioso en su homilía del domingo 15 de febrero de 2026.
Un 9 de febrero de 2023, hace tres años, las autoridades nicaragüenses desterraron hacia Estados Unidos a 222 expresos políticos, a quienes posteriormente los privaron de su nacionalidad y de sus bienes en Nicaragua, y quienes eran jubilados de su pensión de vejez.
La cifra de apátridas se incrementó seis días después cuando fueron desnacionalizados otros 94 nicaragüenses, más el excarcelado obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando Álvarez.
Luego, el 5 de septiembre de 2024, fueron desterrados a Guatemala 135 nicaragüenses a quienes se les privó de su nacionalidad, para totalizar 452.
En este mes el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua expresó su “más enérgico rechazo a la política sistemática de desnacionalización ejecutada por el régimen” de Ortega y Murillo, y advirtió que esa práctica constituye una violación grave del derecho internacional, de los derechos humanos y un “atentado directo” contra los principios fundamentales recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia”.
Ese organismo indicó que esos casos son “solo comparables con dictaduras como las de Adolfo Hitler, en Alemania y de Augusto Pinochet, en Chile”, por lo que demandó “el restablecimiento inmediato de la nacionalidad a todas las personas afectadas, la devolución de todos sus bienes confiscados, la derogación de las leyes utilizadas para justificar estas medidas arbitrarias”.
