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Confiscar a los 222 es una “barbarie jurídica” que ahuyentará a inversionistas

Ortega y Murillo violentan la Constitución y leyes internacionales que garantizan el derecho a la propiedad

Procuraduría General de la República

La Procuraduría General de la República es la instancia a cargo de ejecutar las confiscaciones de la dictadura. Foto: Confidencial | Archivo.

Iván Olivares

10 de junio 2023

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La decisión del régimen de Daniel Ortega de confiscar ilegalmente los bienes y propiedades de los 222 reos políticos expulsados de Nicaragua el pasado 9 de febrero de 2023, es una barbarie jurídica que ahora afecta a 316 ciudadanos inocentes, y envía un nuevo mensaje de inseguridad a los inversionistas.

Una sentencia de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua fechada el 19 de mayo y divulgada este viernes 9 de junio, ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) proceder al decomiso de los bienes de los 222 desterrados, siguiendo casi el mismo guion usado en contra de los 94 nicaragüenses que fueron declarados apátridas el 15 de febrero.


“Este robo daña irreparablemente todo el estamento jurídico nicaragüense en materia de propiedad privada. Con la familia Ortega Murillo en el poder, nadie en Nicaragua está a salvo. No hay ningún nicaragüense que pueda sentir que su vida, libertad, propiedad personal, integridad física o incluso su derecho a su propia religión estén protegidos”, expresó el excandidato presidencial, Félix Maradiaga.

“Así como el régimen de Ortega también ha expropiado bienes que legítimamente le pertenecen a la Iglesia católica, el mensaje que manda es que ningún nicaragüense podrá tener tranquilidad o garantías de sus bienes”, advirtió.

“Esto que acaba de hacer Ortega es una barbaridad antijurídica que sigue aumentando la demolición de los derechos humanos, en este caso el derecho a la propiedad, garantizado universalmente por tratados y convenciones mundiales sobre derechos humanos”, señaló el analista político José Dávila.

Por su parte, el doctor Ernesto Medina Sandino-uno de los 94 despojados de su nacionalidad y confiscado el 15 de febrero-opinó que “cuando se aplican leyes retroactivamente; y sin ninguna formalidad jurídica se condena a alguien, significa que se está aplicando la ley de la selva, el ‘sálvese quien pueda’. Si no se respetan las normas mínimas para una convivencia civilizada, eso es la ley del garrote, que es inadmisible en el siglo XXI”.

El catedrático consideró que ningún inversionista serio puede ver en Nicaragua condiciones para arriesgar su dinero, porque lo normal es que busquen las mejores condiciones para que su dinero se reproduzca. “Con esta deriva autoritaria de los Ortega Murillo, Nicaragua se ha convertido en un paraíso para los negocios ilícitos; narcotraficantes, traficantes de armas, o los depredadores que no tienen consideración por las personas ni por el medio ambiente”.

Dictadura juega con los dados cargados

“La imagen que se percibe al expropiar de sus bienes a los 222 expresos desterrados, es de un estado represivo que se adueña de bienes ajenos por razones políticas y de venganza contra los que no comulgan con sus ideas”, dijo el analista Dávila. “Se adueñan de bienes de gente que no se puede defender, pues están desterrados y desnacionalizados, en indefensión total. Simple y sencillamente un robo, que constituye delito”, añadió.

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“Este robo es otra grave violación a los derechos humanos fundamentales, ya que la propiedad privada es un derecho constitucional y una garantía jurídica básica consignada en múltiples convenios internacionales suscritos por Nicaragua”, declaró Maradiaga, detallando que es la tercera vez en su vida que sufre el decomiso de sus bienes por parte de un Gobierno encabezado por Daniel Ortega.

La primera de ellas fue en los años 80, cuando su familia fue víctima de la piñata, experiencia que hizo que, desde su infancia, surgiera “un sentimiento de mayor compromiso con la justicia y una determinación en contra del Frente Sandinista”, aseveró.

La segunda fue en 2018, cuando se le acusó “de forma arbitraria”, lo que conllevó un proceso de confiscación de su propiedad, incluyendo el hecho que aquellas de sus cuentas bancarias personales o institucionales que fueron inmovilizadas ese año, le fue devuelta. Además, “se habían robado vehículos y artículos personales de valor”, recordó.

Después de esta nueva confiscación-ilegalidad que ya había afectado a su esposa Berta Valle, incluida en la lista de los 94-Maradiaga expresa su “indignación por este nuevo robo de la propiedad” que su familia ha experimentado “en carne propia… de esta tercera confiscación surge un compromiso aún más firme de consagrar mi vida entera a la búsqueda de la justicia para Nicaragua”, prometió.

Medina Sandino comentó lo que significa para una sociedad, que el Gobierno despoje de sus derechos y sus valores a ciudadanos que piensan diferente, porque tal decisión no solo afecta a los 316, sino también a sus parientes, aunque ellos no tengan nada qué ver.

“Las consecuencias tienen que ser nefastas, porque la gente se termina acostumbrando, y argumenta ‘¿para que se metieron a eso? Mejor no nos metemos en nada’, así que se sigue perpetuando la barbaridad que vivimos en el país.

“Que una sociedad comience a acostumbrarse, a callarse, o a caer en el servilismo de inclinar la cabeza y sonreír a los gobernantes, es signo de que algo está mal en la sociedad, al vivir en estas condiciones de dominación, amenaza, terror, y tiene efectos morales y subjetivos gravísimos para una sociedad”, concluyó.

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Iván Olivares

Iván Olivares

Periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica. Durante más de veinte años se ha desempeñado en CONFIDENCIAL como periodista de Economía. Antes trabajó en el semanario La Crónica, el diario La Prensa y El Nuevo Diario. Además, ha publicado en el Diario de Hoy, de El Salvador. Ha ganado en dos ocasiones el Premio a la Excelencia en Periodismo Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, en Nicaragua.

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