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La Sala Constitucional de Costa Rica ordenó mantener presencia policial “de forma permanente e indefinida” en la comunidad de Crucitas de Cutris, en el cantón de San Carlos, fronterizo con Nicaragua, para frenar la minería ilegal y la contaminación de ríos y quebradas ante denuncias de la entrada masiva de personas en condición irregular a su territorio.
Al mismo tiempo, el tribunal exigió al Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) adoptar “medidas urgentes” para revertir la situación.
Mediante la sentencia 2026-10560, del 20 de marzo de 2026, el tribunal constitucional declaró parcialmente a lugar el recurso de amparo número 25-026634-0007-CO contra las cinco instituciones del Estado, en el que los recurrentes denunciaron “omisiones sistemáticas” de las autoridades frente a la minería ilegal.
De acuerdo con la resolución, la minería ilegal en zona de Crucitas de Cutris representa una amenaza a derechos fundamentales como: el acceso al agua potable, la salud, la seguridad pública y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Ejecutarán plan de saneamiento
Entre las disposiciones de la Sala Constitucional destaca la entrega, a ese tribunal, de un plan detallado con cronogramas de acción de cada institución que integre la Comisión Interinstitucional creada para atender la problemática. Dicho plan debe ser desarrollado por el Ministerio de la Presidencia y el Minae en un plazo de tres meses y debe ejecutarse en un plazo máximo de 12 meses, reportó el diario La Nación.
Mientras tanto, se ordenó al ministro de Seguridad Pública, entre otras cosas, reforzar el control migratorio en zona fronteriza con Nicaragua, fortalecer la vigilancia para impedir que continúe la extracción ilegal y asegurar el presupuesto y el personal necesarios para esa tarea.
La Sala también fijó un plazo de 18 meses para que el AyA concluya el Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable para las comunidades de Llano Verde, Crucitas, Jocote, Chorreras, El Roble y Chamorro, mientras el riesgo de contaminación persista.
Tanto el Estado costarricense como el AyA fueron condenados al pago de costas, daños y perjuicios, que se liquidarán ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Además, la Sala advirtió que quien reciba una orden derivada de este amparo y no la cumpla podría enfrentar de tres meses a dos años de prisión, o entre 20 y 60 días multa, conforme al artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Los acuerdos de Peñas Blancas
La sentencia de la Sala Constitucional ocurre un mes después de que el canciller de Costa Rica, Arnoldo André, acordó con su homólogo nicaragüense, Valdrack Jaentschke, y otras autoridades de Nicaragua, implementar una mayor coordinación de sus fuerzas de seguridad para enfrentar la minería de oro ilegal y el contrabando de ese material.
Entre los principales acuerdos alcanzados durante el primer encuentro, celebrado el 28 de febrero de 2026, en la frontera de Peñas Blancas, destacaba trabajar en una mejor coordinación de los operativos policiales en ambos lados de la frontera, intensificar el intercambio de información, establecer un punto focal de comunicación y coordinación y celebrar reuniones cada dos meses entre altos mandos de seguridad.
“Las relaciones fronterizas entre Costa Rica y Nicaragua deben ser buenas, han sido son y serán toda la vida países vecinos. Es del interés de ambos que los flujos migratorios, el de mercancías, los controles sanitarios y fitosanitarios y las operaciones de seguridad sean debidamente coordinadas”, apuntó André.
Anteriormente, el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, aseguró ante la Asamblea Legislativa de su país, que empresas chinas instaladas en el lado nicaragüense de la frontera, compraban el material para procesarlo por su cuenta, aprovechando su dominio de técnicas extractivas más eficientes.
Según Zamora, el material minero está siendo extraído de la localidad de Las Crucitas y el cerro Las Conchuditas, ambas zonas cercanas a la frontera con Nicaragua, con la participación de redes de crimen organizado transnacional.
La embajadora de China en Costa Rica, Wang Xiaoyao, negó que empresas de su país estén comprando broza extraída en la zona de Crucitas, llevada de forma ilegal hacia Nicaragua como lo afirmó el Gobierno de Rodrigo Chaves.
23 detenidos en Nicaragua
Tras el encuentro de cancilleres celebrado en Peñas Blancas, el Ejército de Nicaragua reportó la detención de al menos 23 personas en los municipios fronterizos de San Carlos y El Castillo, departamento de Río San Juan, quienes aparentemente se dedicaban a la minería ilegal en territorio costarricense.
De acuerdo con la nota informativa 007/2026, del Ejército de Nicaragua, las detenciones fueron ejecutadas entre el 25 de febrero al 10 de marzo de 2026.
“En el sector de La Conchuda, se retuvo a los ciudadanos nicaragüenses César Manuel Tenorio Flores y Ramón Antonio Martínez Juárez, quienes trasladaban de manera ilegal tres armas de fuego de uso civil y 82 proyectiles”, señala la nota del Ejército.
Agregan que, en el municipio de El Castillo, fue detenido el nicaragüense Dixon José Méndez Hernández, quien “trasladaba de manera ilegal 675 galones de gasolina, los que pretendía ser empleados en labores de minería ilegal”.
También, en los sectores de La Tigra y La Conchuda, fueron retenidos otros 20 nicaragüenses, quienes “trasladaban de manera ilegal medios que pretendían ser empleados en labores de minería ilegal”, subraya el Ejército.
Además, deshabilitaron seis pilas de tratamiento con cianuro y nueve establecimientos que aparentemnte serían empleados para labores de minería ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz.
27 detenidos del lado costarricense
Mientras tanto, las autoridades costarricenses reportaron el 15 de marzo de 2026 la detención de al menos 27 personas, durante dos operativos contra la minería ilegal realizados en los sectores de Crucitas y cerro Conchudita.
Según reportes del diario La Nación, el primer operativo se llevó a cabo en el cerro Conchudita, en Cutris de San Carlos, donde las autoridades detuvieron a 11 personas vinculadas con actividades de extracción ilegal de oro.
En un segundo operativo realizado en Crucitas, las autoridades costarricenses detuvieron a 16 nicaragüenses vinculadas con actividades de minería ilegal.
En ambos operativos, las autoridades decomisaron palas, picos, macanas, focos y radios de comunicación, herramientas utilizadas en la minería ilegal.
