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Casi 10 000 nicaragüenses han sido deportados a Nicaragua entre 2025 e inicios de marzo de 2026. “Los mandan a investigar”, afirman funcionarios
Trabajadores del Estado, la Policía e instituciones públicas participan en el espionaje contra los deportados. // Ilustración: CONFIDENCIAL
“Ha sido intenso el trabajo de investigación de los deportados”, afirma Róger, funcionario público del Registro Civil. Detalla que las peticiones son constantes, al menos cada quince días. “Nos mandan a averiguar si en realidad son nicaragüenses, si están inscritos, y toda la información disponible de estas personas”, menciona.
Para Róger, esto es parte de la paranoia de Rosario Murillo, la que ha crecido desde 2025 y se “multiplicó” tras la captura de Nicolás Maduro la madrugada del 3 de enero de 2026. “La vigilancia y la investigación sobre quiénes son los deportados es una orden que Rosario Murillo dictó desde el año pasado, pero se extremó en los últimos meses”, explica.
Desde verificar el nombre, lugar e inscripción de nacimiento, quiénes son los padres, estado civil, si tiene o no hijos, son parte de los detalles que Róger debe brindar “a la mayor brevedad” sobre la lista de deportados que le envían con frecuencia.
“El temor es que estén mandando gente infiltrada, o personas entrenadas por Estados Unidos para armar cualquier forma de protesta”, sugiere Róger. Eso es lo que al menos le han dado a entender en las reuniones que ha tenido para recibir instrucciones.
“Es información que piden y se desesperan por saber, porque además hay un proceso mayor de vigilancia sobre estas personas”, comenta.
Claudia, funcionaria del Instituto de Seguridad Social (INSS), revela que muchos de los deportados son trasladados hasta sus casas en buses especiales cerrados con cámara y sonido. “Estos buses son del INSS, los espían desde que llegan y además se les interroga en el aeropuerto”, detalla.
“La idea de trasladarlos hasta sus casas es para ver dónde viven y que después les sea fácil tenerlos vigilados”, expresa.
Según Claudia, un conductor de esa institución fue sancionado porque se dieron cuenta que “habló mucho” en uno de los traslados de deportados a sus viviendas.
“Esto lo hacen y nos lo detallan de alguna forma para intimidarnos a nosotros también”, señala.
En la investigación ordenada por Murillo también se solicita información al INSS para saber dónde han trabajado estas personas, cuántas semanas cotizaron y cuáles han sido sus ingresos cuando vivieron en Nicaragua antes de irse a Estados Unidos.
El Gobierno de Donald Trump deportó a 7431 nicaragüenses en 2025, según información oficial de Estados Unidos recopilada por CONFIDENCIAL. Los migrantes llegaron a Managua a bordo de 56 vuelos. La cantidad sobrepasó los 50 vuelos totales de los dos años previos: 2023 y 2024.
Los vuelos silenciosos con deportados siguen llegando a Managua. Al menos diez vuelos fueron reportados en enero de 2026.
Entre enero y la primera semana de marzo de 2026, Estados Unidos deportó a 2486 migrantes nicaragüenses que se encontraban en condición irregular, según información proporcionada por un funcionario estadounidense a 100% Noticias.
El aumento de los vuelos corresponde a las políticas antiinmigración promovidas por Donald Trump, quien en su segundo mandato, iniciado el 20 de enero de 2025, prometió deportar a un millón de migrantes irregulares durante los primeros 365 días en el poder. Pero su política de deportación continúa en su segundo año.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo guarda silencio sobre los vuelos de deportados. A pesar de la crisis que viven los migrantes en Estados Unidos, Ortega solamente se ha referido al tema en cuatro ocasiones.
Los deportados han sido señalados como “personas de interés” para el Gobierno y desde los barrios se ha ordenado mantenerlos vigilados, confiesa Esther, una trabajadora del FSLN en una ciudad del centro del país.
“Los están mandando a investigar, ver quiénes llegan a su casa, con quién se reúnen y a saber a qué se están dedicando desde que volvieron a Nicaragua. También piden averiguar si han sido opositores o no”, explica.
Doce horas después de que Estados Unidos capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro, la “copresidenta” Murillo convocó a una reunión urgente, la tarde del 3 de enero de 2026, —en la que participaron un grupo de cuadros del Frente Sandinista y altos funcionarios del Gobierno, Ejército y Policía— para ordenar permanecer en “estado de alerta” para todas las estructuras territoriales del partido, al mismo tiempo que decretó aumentar la vigilancia en los barrios y en las redes sociales, confirmaron a CONFIDENCIAL fuentes vinculadas a la Secretaría del FSLN.
En esa “encerrona”, Murillo ordenó aumentar la vigilancia sobre “elementos opositores radicales”, en torno a los “deportados de Estados Unidos”, y sobre la posible “formación de grupos que perturben nuestra paz”.
Esther valora que la vigilancia a los deportados ya era una orden que existía desde 2025, pero la “nueva medida de extremar la vigilancia” llegó casi de inmediato a los municipios del país tras el mandato de Murillo.
“Desde ese momento la disposición fue redoblar el estado policial y la vigilancia partidaria desde los barrios”, afirma.
Monitorear las redes sociales de los deportados hasta sus salidas en los barrios donde viven, son algunas de las medidas tomadas por el FSLN. “Se constituyeron los llamados puestos de mando de vigilancia revolucionarias en todos los barrios y comunidades de Nicaragua, con particular interés en personas consideradas opositoras o de interés como los deportados”, indica Esther.
Pero la vigilancia a los deportados no es solo una medida camuflada por el régimen. “A mí me llegó a visitar la Policía a mi casa para preguntarme por qué he estado recibiendo dinero desde Estados Unidos”, dice Ulises, un nicaragüense deportado en 2025.
Les respondió que sus padres siguen viviendo en Estados Unidos y que por eso ellos de vez en cuando le mandaban dinero para ayudarlo económicamente o para hacer mejoras en su casa.
—¿Pero no es nadie que te está financiando para hacer algo contra el Gobierno?—le cuestionó uno de los policías.
—De ninguna manera. Ustedes pueden constatar que el dinero que he recibido como remesa es de mi familia—respondió Ulises.
—Sabes que los estamos vigilando—le dijo el otro policía en un tono de confianza.
Para Ulises, este tipo de visitas es una forma de mantenerlos “intimidados” y demostrarles “que saben todos nuestros movimientos, incluyendo las transacciones monetarias que hacemos”.
Desde que fue deportado, Ignacio ha ido “recuperando” la vida que tenía antes de irse a Estados Unidos. “Estoy trabajando en un negocio familiar y viviendo con mi familia a la que extrañaba un montón”, dice.
Sin embargo, asegura que sabe de la vigilancia del FSLN, tanto para él como con otros conocidos que también fueron deportados.
“De forma constante hay patrullas pasando por la casa y sé que me mandaron a vigilar con gente del partido, porque eso me lo contó un amigo que trabaja para ellos”, explica.
La mayoría de nicaragüenses deportados de Estados Unidos son hombres, de entre 20 y 40 años, y con menos de cinco años de haber emigrado a EE. UU., de acuerdo a información extraída y analizada por CONFIDENCIAL, del portal Deportation Data Project.
Esos mismos datos revelan que la mayoría de los migrantes nicaragüenses no tenían antecedentes penales en su contra, pero han sido deportados por carecer de estatus legal para vivir en Estados Unidos.
Casi la mitad de los deportados en 2025, emigraron a Estados Unidos en 2022, año en que Nicaragua vivió una ola migratoria sin precedentes hacia EE. UU.
“Creo que lo que le preocupa a Rosario Murillo no es que venga un ataque militar de Estados Unidos, sino que haya una infiltración, que los deportados seamos gente que viene entrenada para crear el caos y generar protestas”, opina Ignacio.
En su barrio, con sus amigos y familiares constantemente andan “averiguando” sobre qué hace o dice Ignacio. “Creo que soy consciente de que eso ya me lo gané hasta que se les pase la paranoia o será algo permanente, pero como el que no la debe no la teme”, insiste.
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Confidencial es un diario digital nicaragüense, de formato multimedia, fundado por Carlos F. Chamorro en junio de 1996. Inició como un semanario impreso y hoy es un medio de referencia regional con información, análisis, entrevistas, perfiles, reportajes e investigaciones sobre Nicaragua, informando desde el exilio por la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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