28 de junio 2023
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El régimen de Daniel Ortega removió al comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, director de la prisión policial El Chipote, un sitio señalado desde hace años como un centro de torturas contra los ciudadanos, informaron fuentes policiales, que agregaron que se trató de una democión porque lo trasladaron como jefe del distrito III de Managua.
Las fuentes vinculadas a la Policía no confirmaron quién será su sustituto a cargo de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), la oficina encargada de investigar los delitos a nivel nacional y ejecutar las órdenes emanadas desde las instancias del Poder Judicial, bajo el control de Ortega.
A través de un oficio emitido en abril de 2023, en los juzgados de Jinotega, se confirmó el nuevo cargo del jefe policial, dado que le solicitan que presenten al reo político Abdul Montoya Vivas a una audiencia, a través de una "videoconferencia".
Entre los candidatos a reemplazar a Pérez Olivas destacan dos oficiales. El comisionado general Victoriano Ruiz, quien fue el segundo jefe de la DAJ hasta el 15 de abril de 2023, cuando la Policía anunció el nombramiento de la comisionada Belking Jaoska Trujillo, según la nota de prensa publicada entonces por las autoridades.
“Por tiempo, debería ser Ruiz, pero puede ser Belkin. Todo depende de lo que hayan decidido Ortega y Murillo”, informaron las fuentes.
Con su salida de la DAJ, Pérez Olivas se convierte en el último de los cambios de cuadros leales de Ortega en la institución. Los mismos hacen parte de la reingeniería interna que el dictador ha realizado en los últimos meses con el nombramiento de asesores y el retiro sorpresivo de altos jefes policiales.
Según el diario oficial La Gaceta, Ortega nombró el 11 de noviembre de 2022 a Horacio Rocha como su asesor en temas de Seguridad con rango de ministro, dos semanas después ordenó el retiro del subdirector y jefe de espionaje político del régimen, el comisionado general Adolfo Marenco Corea, a quien mandó a encarcelar en El Chipote para posteriormente trasladarlo a un régimen de casa por cárcel, de acuerdo con fuentes policiales. El sustituto resultó ser el comisionado general Zhukov Pérez Serrano, el antiguo jefe del área de Inteligencia en la institución.
Pérez Olivas fue sancionado por Estados Unidos en marzo de 2020, cuando el Departamento del Tesoro denunció la práctica de graves abusos en El Chipote, haciendo énfasis en casos de “tortura, violación, electrocución, laceraciones con alambre de púas, estrangulamiento y golpes con tubos de acero”. También se encuentra sancionado por la Unión Europea, Suiza y Reino Unido.
A cargo de la DAJ estuvo la ejecución de miles de detenciones, consideradas arbitrarias por los organismos de derechos humanos. Los ciudadanos eran sacados de sus casas o detenidos en la vía pública, aunque la Policía no brindaba información durante días sobre su paradero, hasta que les confirmaban a los familiares que habían sido encarcelados en El Chipote.
La dictadura de Ortega ha sido denunciada por la perpetración de crímenes de lesa humanidad por el grupo de expertos de derechos humanos de Naciones Unidas y también por la Organización de Estados Americanos (OEA).
La línea de mando de El Chipote
Aunque el retiro de Pérez Olivas no ha sido confirmado por las autoridades, las fuentes policiales consultadas por CONFIDENCIAL, bajo condición de anonimato, confirmaron el control absoluto que la pareja gobernante ejerce sobre la Dirección de Auxilio Judicial.
De acuerdo con versiones recabadas entre expresos políticos, la cadena de mando de El Chipote estaba integrada antes del nombramiento de la comisionada Trujillo por los siguientes oficiales: El comisionado general Victoriano Ruiz, la jefa de operaciones, la subcomisionada Johana Wilford, y el segundo de ella, el capitán Jairo Romero.
Según la lista del mecanismo para el reconocimiento de las personas presas políticas, antes del destierro de 222 reos de conciencia el 9 de febrero de 2023, en El Chipote había 61 reos de conciencia. Los familiares de estos denunciaron en varios momentos el aislamiento al que fueron sometidos, la privación de sueño, la mala alimentación, entre otras torturas. Una de las prohibiciones más notables era que quienes se encontraba ahí no se les permitía ni leer ni escribir.
“Pérez Olivas no se relacionaba con nosotros, Ruiz se presentaba como `la cara buena` y Wilford siempre era la más mala. Ella intentaba hacernos la vida miserable. Su segundo, Romero, era más ideológico, posiblemente más peligroso, pero era educado con todos los presos políticos”, expresó una de las fuentes.
Los expresos políticos explicaron que Ruiz solía justificar las decisiones contra los presos políticos como “órdenes de arriba” que debían cumplir, en referencia a las emanadas directamente por la pareja dictatorial. De Pérez Oliva, hay dos versiones sobre su personalidad.
Por un lado, era “inflexible, severo, y, aunque no aparecía en las galerías, pasaba por la sala técnica de audio y video escuchando lo que se hablaba en esos sitios. Cuando llegó a participar en los interrogatorios mostraba un ánimo vengativo por las protestas que desafiaron al régimen en 2018”.
La mayoría de veces, sin embargo, dice otra fuente, no se relacionaba con nadie e incluso intentaba vender el papel del “policía bueno”. Es decir, un perfil “profesional”, lo que despertaba suspicacias entre las víctimas de Ortega, porque el alto oficial ahora removido se encontraba a la cabeza del centro de torturas de la dictadura nicaragüense.
El pasado represor de “LAPO”
El comisionado general es conocido entre las filas policiales como “LAPO” por las iniciales de su nombre y apellidos. Fue ascendido en septiembre de 2018, cuando se cumplieron seis meses después de las protestas reprimidas con brutalidad por Ortega.
Fuentes vinculadas a la institución policial indicaron que es licenciado en Derecho y tiene una larga trayectoria vinculada al partido de Gobierno. En los años ochenta se desempeñó como jefe de la Dirección General de Seguridad del Estado en la II región, una estructura represiva perteneciente al Ministerio del Interior denunciada por abusos de derechos humanos y presidida entonces a nivel nacional por el coronel retirado Lenín Cerna Juárez.
Es experto en instrucción de casos, es decir en su procesamiento. Por esas razones, en los noventa —al final del primer Gobierno sandinista— fue ubicado en la Policía, donde acumuló experiencia en varios cargos. Uno de ellos fue la Dirección de Armas, Explosivos y Municiones y saltó después a la DAJ.
En su ascenso no solo tuvo que ver el actual jefe de la Policía, el primer comisionado Francisco Díaz Madriz, con quien se conoció en el occidente del país, sino también sus antecesores, Aminta Granera y Edwin Cordero (q. e. p. d.).
