4 de septiembre 2020
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Entre junio y julio de este año, pese a la pandemia de la covid-19, no se observó "ningún progreso" respecto a las preocupaciones vigentes relacionadas con la situación de los derechos humanos en Nicaragua, alertó la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (Oacnudh).
En su boletín sobre la situación en el país, afirman que "continúan reportándose amenazas contra personas percibidas como opositoras al Gobierno".
"No se observaron señales emergentes que indicaran la voluntad de las autoridades estatales de aliviar las tensiones provocadas por la crisis sociopolítica de 2018, ni de aplicar las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe de 2019 y en las actualizaciones orales presentadas ante el Consejo de Derechos Humanos", indican.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, explica que "la pandemia del covid-19, ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático en Nicaragua".
Estas son cinco violaciones que persisten pese a la crisis sanitaria mundial:
Derecho a la vida
El organismo recuerda los asesinatos contra opositores, como el ocurrido el 19 de julio, en La Trinidad, cuando un seguidor del Frente Sandinista y trabajador de la Alcaldía de Estelí disparó contra Jorge Rugama Rizo en el cuello porque habría gritado "Viva Nicaragua Libre".
"Este incidente ejemplifica que la recomendación formulada por la Alta Comisionada en su informe de 2019 sobre el desmantelamiento y el desarme de los elementos armados progubernamentales. Continúa siendo una cuestión relevante y pendiente", insiste la Oacnudh.
Además señalan que "las denuncias de violencia contra las mujeres han aumentado durante la pandemia", incrementando las víctimas de femicidio.
Persecución contra voces disidentes
La Oacnudh explica que continua documentando "restricciones al espacio cívico y democrático en Nicaragua, exacerbada por la crisis sanitaria causada por la covid-19, en la que las libertades de opinión, expresión y asociación siguieron siendo particularmente afectadas".
Detallan que dos defensoras de derechos humanos, seis estudiantes varones que participaron en las protestas de 2018 y un periodista en el exilio "recibieron amenazas, incluso de muerte, o que fueron víctimas de campañas de difamación en las redes sociales".
Además, precisan que Radio Darío en León "habría sido objeto de intimidación por parte de la Policía Nacional y personas no identificadas habrían dañado la antena de transmisión de Radio Corporación en Managua".
"Desde 2018, la Oacnudh ha documentado múltiples actos de intimidación en contra de Radio Darío en particular, en un contexto más amplio de ataques contra los medios de comunicación independientes", expresan.
Despido de médicos
Al igual que en 2018, "los trabajadores sanitarios que disienten con el Gobierno continúan corriendo el riesgo de ser despedidos". En ese sentido indican que 16 médicos, la mitad mujeres, que trabajaban en el sector público fueron despedidos entre el 4 y el 10 de junio por criticar la respuesta del Estado a la pandemia de la covid-19.
"Todos fueron cesados sin cumplirse los procedimientos legales aplicables. Esta situación podría generar un efecto inhibidor en otros trabajadores de la salud de expresar libremente sus opiniones", explican.
Ataques
En el boletín de junio y julio, detallan que siguen documentando "actos de intimidación y ataques contra el clero y fieles católicos". El caso más reciente se refiere al ataque perpetrado en la Catedral Metropolitana de Managua, el 31 de julio.
La imagen de la Sangre de Cristo calcinada después del atentado en Catedral de Managua. Foto: Jorge Torres/EFE
"La Oacnudh instó a las autoridades a que realizaran una investigación exhaustiva del ataque. Cuatro días después, la Policía Nacional organizó una rueda de prensa en la que excluyó la comisión de un acto delictivo, atribuyendo el incendio, más bien, a vapores de alcohol combinados con las altas temperaturas. Esta versión fue cuestionada por varios miembros del clero y organizaciones de la sociedad civil", lamentan.
Situación de reos políticos
El informe del organismo de derechos humanos precisa que actualmente hay al menos 89 presos políticos en las cárceles de Nicaragua. "Desde mayo, 13 personas fueron detenidas y otras diez liberadas", explican.
"La mayoría de los que permanecen detenidos han sido acusados o condenados por delitos comunes, como narcotráfico o fabricación, tráfico, posesión y uso ilegal de armas y explosivos. El Gobierno niega móviles políticos, argumentando que estos propósitos se plantean falsamente con fines de exoneración", señalan.
Sin embargo, agregan que "informes confiables señalan la violación de las garantías del debido proceso en estos casos, que los detenidos participaron en las protestas, y que han sido percibidos como opositores del Gobierno".
