25 de noviembre 2023
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Las actividades tradicionales del cierre de año académico en los colegios parroquiales de Nicaragua están bajo vigilancia de la Policía orteguista, a través de agentes uniformados o de civil, que se plantan afuera de los templos próximos a las escuelas, confirmó CONFIDENCIAL a través de diferentes fuentes.
Al terminar cada año es habitual que los colegios realicen misas de acción de gracias o que recen el novenario a la purísima Concepción de María, ambas actividades ahora vigiladas por la Policía.
“Llegan en motocicleta. Ellos quieren que los vean, que la gente vea que están allí, intimidantes”, expresó una fuente académica de Managua, bajo anonimato por temor a represalias. Agregó que siempre que se solicita permiso para una actividad fuera de la escuela, son limitadas por la Policía, “haciendo hincapié que si hay un acto de rebelión el cura la paga”, subrayó.
La vigilancia en los colegios parroquiales es “generalizada”, confirmó también la investigadora y autora del estudio Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?, Martha Patricia Molina.
Patrullaje y vigilancia de la Policía las 24 horas del día
En algunas zonas del país, como Matagalpa y Jinotega, la presencia policial no ha sido tan notoria, confirmaron otras fuentes consultadas por CONFIDENCIAL. Lo que sí indicaron es que la vigilancia en las calles del municipio y en las iglesias se mantienen por parte de policías de civil, que fracasan en su intento por camuflarse entre la feligresía, ya que siempre son identificados por los laicos católicos. A eso se suma el patrullaje durante las 24 horas del día, dijo la fuente, habitante de Matagalpa.
“Vigilan para crear miedo en los niños y adolescentes. Tienen horror que la conciencia de abril –inicio de la Rebelión Cívica en 2018- despierte. Es una grave vulneración a los derechos de la niñez y adolescencia. Una práctica reiterada de la dictadura Ortega-Murillo”, considera Molina respecto al foco que mantiene el régimen sobre los colegios parroquiales.
En septiembre, la investigadora también advirtió, que la Policía llegó a varios colegios parroquiales a retirar las banderas de Nicaragua que se observaban desde fuera de los centros escolares. “Únicamente quitaron las que estaban en las astas puestas y recomendaron a los sacerdotes que no las volvieran a colocar porque sino iban a volver a recibir una visita o iban a ser llamados a la delegación policial”, dijo en ese momento.
Tras casi siete meses del congelamiento de las cuentas bancarias de la Iglesia católica por parte del régimen orteguista debido a una supuesta investigación por “lavado de dinero”, ningún colegio parroquial ha cerrado. El Ministerio de Educación (Mined) paga en las delegaciones departamentales, el salario a los maestros de estas escuelas subvencionadas, mientras el complemento, responsabilidad de la Iglesia, ha sido asumido con la recaudación de las mensualidades.
Sin embargo, persiste un temor generalizado, que los colegios sean intervenidos por el Mined. Esa cartera se tomó tres colegios de órdenes religiosas este año, aduciendo la cancelación de la personalidad jurídica. En octubre fue el Instituto San Francisco de Asís, ubicado en Matagalpa, y administrado por la Compañía Orden de los Frailes Menores Franciscanos de la Provincia Seráfica de Asís en Nicaragua.
En mayo intervino el colegio Susana López Carazo, una de las obras emblemáticas de las Hermanas Dominicas de la Anunciata en el departamento de Rivas. La toma ocurrió un mes después que el régimen expulsara de Nicaragua a tres monjas de esta congregación, quienes también dirigían el asilo de ancianos López Carazo.
Ese mismo mes, la dictadura asaltó y tomó por la fuerza el Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac, propiedad de la congregación religiosa del mismo nombre, y el único centro católico de educación secundaria en el municipio de San Sebastián de Yalí, en el departamento de Jinotega.
La Purísima de Nicaragua se celebrará dentro de parroquias
La parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en el barrio Monseñor Lezcano, en Managua comunicó el miércoles 22 de noviembre que la imagen de la Purísima Concepción de María no saldrá del templo.
“Este año nuestra madre no recorrerá nuestros distintos sectores, pero con amor la celebraremos dentro de nuestra parroquia, les invitamos a vivir con nosotros esta celebración que data desde hace 50 años en honor a la Madre de Dios”, indicaron en un comunicado publicado en su cuenta oficial en redes sociales. Esa misma medida está siendo aplicada por otros sacerdotes, confirmó Molina debido a “razones obvias”.
La investigadora advirtió que el destierro impuesto por el régimen orteguista contra doce sacerdotes, que estaban como presos políticos, en octubre pasado, no frenaría los ataques contra la Iglesia católica. Y más bien, era una medida para "aliviar la presión internacional". En efecto, la represión, vigilancia, intimidación y persecución contra religiosos, religiosas y feligreses se mantiene.
Las homilías de sacerdotes siguen siendo monitoreadas por fieles alineados al Frente Sandinista o policías de civil, no hay permiso de realizar procesiones y las escuelas parroquiales también están bajo la mira del régimen orteguista. La dictadura también se niega a liberar al obispo Rolando Álvarez, condenado en febrero pasado a 26 años y cuatro meses de prisión, sometido a una celda de máxima seguridad en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo.
La persecución contra la Iglesia católica inició en 2018 y se profundizó en 2022 y 2023, siendo calificados por Molina como los años más nefastos. Hasta octubre de 2023, 167 religiosos, sacerdotes y monjas, han abandonado el país por razones como la expulsión inmediata, el destierro, la negativa de ingreso o el exilio, según la sistematización de Molina.
El informe refleja que en 2018 se documentaron 90 hostilidades contra la Iglesia; 84 en 2019; 62 en 2020; 55 en 2021; 171 en 2022; y 205 hasta agosto de 2023. De estas, 117 corresponden a ataques, asedios contra templos y edificios religiosos; 82 represiones a laicos; 80 profanaciones y robos; 71 pintas y mensajes de odio y prohibición de 3240 procesiones.
