27 de mayo 2023
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El Ministerio de Educación (Mined) intervino el colegio Susana López Carazo, una de las obras emblemáticas de las Hermanas Dominicas de la Anunciata en el departamento de Rivas, informaron fuentes vinculadas al centro de estudio.
La decisión se conoció más de un mes después que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la expulsión de tres monjas de esta congregación, quienes dirigían el asilo de ancianos López Carazo y el colegio hasta su salida de Nicaragua con destino a Costa Rica.
La medida implica que el funcionamiento del centro continúa como la administración anterior, incluidos los pagos de mensualidad equivalentes a 650 córdobas para estudiantes de secundaria y 350 los de primaria.
Las fuentes comentaron que aun desconocen quién será el nuevo director. Aunque no se ha oficializado la decisión de parte de la dictadura, se supo que la intervención estatal fue realizada por tres funcionarios del Mined: dos de Rivas y uno de Managua.
El martes 23 de mayo de 2023 a las cuatro de la tarde, los delegados gubernamentales dijeron a algunos profesores que la intervención del Mined fue justificada con el argumento de que en el centro “no había dirección”.
El viernes 19 de mayo, la hermana Argelia Vargas Acosta, administradora del colegio, informó en un comunicado interno que las obras del asilo fueron asumidas por la Diócesis de Granada que, hasta ahora, no se ha pronunciado sobre la expulsión de las religiosas y tampoco sobre la intervención de sus obras.
CONFIDENCIAL envió un mensaje a las autoridades eclesiales de Granada, pero siguen en silencio en medio del contexto de represión generalizado contra sacerdotes, monjas y obispos.
Vargas Acosta agradeció a los padres de familia la confianza depositada en la educación de sus hijos e hizo entrega de la administración del colegio a “quien corresponde”. Así, sin identificar ningún nombre.
Las fuentes comentaron que, a nombre de la Diócesis, recibió el colegio un delegado del obispo Jorge Solórzano Pérez, el sacerdote Mario Sandoval Castrillo.
Buscaron a Morales Carazo y se “lavó las manos”
Sandoval Castrillo es el encargado de la pastoral educativa y canciller de la provincia eclesiástica. Antes de esa formalización, la Iglesia intentó buscar una solución al tema reuniéndose con el exvicepresidente Jaime Morales Carazo (durante el primer período de Ortega, 2007-2012). Sin embargo, las fuentes criticaron al político. “Se lavó las manos en una reunión y no intercedió por ellos ante el régimen de Ortega, como ellos esperaban ingenuamente”.
El asilo de ancianos, administrado por las monjas expulsadas en abril pasado, fue fundado en 1916. Los terrenos fueron donados por Evaristo Carazo, familiar del expresidente, lo que explica porque se reunieron con él para intentar cambiar la decisión del Estado.
La expulsión de las monjas ocurre en medio de un recrudecimiento de la persecución de Ortega a la Iglesia católica. Desde 2018, el caudillo sandinista llama “golpistas”, a sacerdotes y obispos y mantiene una campaña sostenida de represión, cerrando radios católicas, profanando iglesias, obligando al destierro a religiosos o encarcelándolos como ocurrió con el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez Lagos, a quien el sistema de justicia condenó a 26 años y cuatro meses el 10 de febrero de 2023.
Álvarez Lagos fue condenado y le quitaron su nacionalidad un día después que Ortega aseguró que el religioso decidió no irse en un vuelo a Estados Unidos, en que viajaron al destierro 222 expresos políticos.
La salida de las monjas dominicas a Costa Rica se dio también un día después que la dictadura confiscó el convento de las monjas trapenses, ubicado en San Pedro de Lóvago, en Chontales, y se lo entregó al Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA). Las monjas radicadas en Chontales abandonaron el país, después de 22 años de vivir en Nicaragua.
