7 de diciembre 2016
La Policía Nacional entregó su camioneta y camión a la líder campesina Francisca Ramírez la mañana de este sábado, diez días después de tenerlos "secuestrados" en la estación de Nueva Guinea.
La entrega sucedió después que el secretario político del Frente Sandinista, Alcides Altamirano, dio la orden de regresar los vehículos a Ramírez, informó Mónica López Baltodano, abogada y asesora del movimiento campesino. Altamirano estuvo hasta 2011 en la dirección de la Corporación Municipal de Mercados de Managua (COMMEMA), pero ahora se mueve como un operador político del partido de gobierno.
Sin embargo, tras ser abordado por los campesinos, Altamirano dijo que es "un militante sandinista" que ayudó a Ramírez "porque la conoce". "Platiqué con ella varias veces a pesar que hay diferencia. Yo pienso que el Canal debe ir, la Chica no quiere, pero no nos puede llevar a pensar que somos enemigos", dijo.
Altamirano aseguró que desconoce si la Policía asumirá los daños causados a los vehículos. Tampoco quiso aclarar con qué autoridad policial habló para liberar la camioneta y el camión. "Estamos buscando un camino de entendimiento, tranquilidad. Eso necesita la población de Nueva Guinea", arengó Altamirano.
Según Altamirano, él acompañó a Ramírez en el "trámite normal" de toda persona cuando le quitan un vehículo.
Ramírez negó cualquier vínculo con Altamirano y reveló que tres días atrás, él llegó a su casa en La Fonseca, haciéndose pasar "como vende sal". Después le dijo que él tenía "influencias con un alto funcionario", y que los vehículos iban a ser liberados, porque "no miraba bien que el gobierno los tuviera presos".
Sin embargo, Ramírez sostuvo que no se reunió ni hizo ningún trámite con él. "Yo me mantuve con la comunidad", señaló la líder campesina.
Ramírez relató a Confidencial que la Policía no le respondió por qué tuvieron retenidos los vehículos estos días. Simplemente -narró- llegó el secretario departamental del Frente Sandinista a dar la orden y los vehículos les fueron entregados. El camión tenía los tableros desbaratados, los radios de ambos vehículos no estaban. Todas las pertenencias dentro de ellos tampoco, incluso una memoria USB en la que Ramírez documenta toda su lucha contra la concesión canalera.
"Hasta que vino esta persona enviada por el gobierno nos dieron los carros, lo que te dice que la institucionalidad de la Policía no existe. No tienen ni potestad ni voz para darnos una explicación", fustigó Ramírez.
La productora originaria de La Fonseca agradeció "la solidaridad nacional e internacional" de quienes respaldaron su reclamo. "Solo el pueblo defiende al pueblo, y es el mensaje de gratitud que quiero enviar a todas esas personas", dijo.
Este sábado organismos de la Sociedad Civil lanzaron una campaña "un peso para doña Chica", cuyos fondos serán destinados para arreglar los daños que los policías causaron a los vehículos.
Daños a los vehículos
El camión que usa Francisca Ramírez para mover su producción de tubérculos está en el estacionamiento de la Policía Nacional de Nueva Guinea desde el pasado 29 de noviembre. Tiene el vidrio delantero quebrado. Los espejos laterales no están en su sitio, las luces tampoco y la carpa con la que cubre su producto está rota. La dirigente del Movimiento Anticanal también encontró su camioneta en el mismo estacionamiento. Tiene la seña de una pedrada en el vidrio delantero y el llavín de la puerta del conductor dañado. “Me la fregaron, son unos groseros todos ustedes”, dijo la campesina a los oficiales que resguardaban el sitio.
Los vehículos le fueron ocupados a Ramírez por las autoridades policiales, en represalia por organizar una caravana anticanal con rumbo hacia Managua. Aunque la caravana nunca salió de La Fonseca, Nueva Guinea, lugar donde vive la campesina, el camión y la camioneta, no han sido entregados a la dirigente campesina.
Por este motivo, Ramírez viajó desde Managua (luego de haberse reunido con Luis Almagro, Secretario General de la OEA), hasta Nueva Guinea la mañana del lunes, en compañía del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y otras organizaciones que apoyan la lucha del movimiento anticanal.
Al llegar a Nueva Guinea se anunció en la recepción de la delegación policial, pero no fue recibida por ningún alto mando. De hecho, en el momento en que la oficial de turno le mencionó que “los comisionados no se encuentran, salieron a comer”, la líder campesina reconoció al jefe policial Arnulfo Rocha, cuando se escabullía por los pasillos de las oficinas policiales.
Ramírez llamó al jefe policial, pidiendo que la recibiera y que le devolvieran sus dos vehículos, sin embargo, luego de excusarse una y otra vez, el comisionado Rocha cortó la llamada y apagó su celular.
Nuevamente la líder campesina llamó, pero esta vez otro comisionado, de apellido García, y este le respondió que la atenderían a las dos de la tarde. “Yo no voy a callar, yo me he ganado con el sudor de mi frente todo lo que tengo y no me los pueden robar”, mencionó Ramírez dentro de la estación policial.
No hubo entrega
La líder campesina regresó a la recepción de la delegación policial a la hora que el Comisionado García le dijo. Sin embargo, el resultado fue el mismo: nadie le atendió, incluso, al momento de llamar a las autoridades policiales, estos apagaron sus celulares.
Quien sí se asomó por el lugar fue Gerald Morales, secretario político del Frente Sandinista. “Ya vino el que manda aquí, vaya, dígale a los comisionados que me devuelvan mis vehículos, son míos, no me los he robado”, le gritó Ramírez a Morales, quien caminó lo más rápido que pudo hasta entrar a una de las oficinas de la policía.
Sin respuesta alguna de las autoridades, a las tres de la tarde, Noel López, abogado y notario público, leyó en frente de la delegación policial, un escrito que hacía constar que la líder campesina se presentó a solicitar que le devolvieran sus dos vehículos y que no fue recibida por ninguna autoridad.
En el acta se leyeron los daños que sufrieron el camión y la camioneta, que rondan los 27,330 córdobas, sin incluir el pago de la mano de obra.
Gonzálo Carrión, Director Jurídico del Cenidh, afirmó que el hecho de que las autoridades de la policía de Nueva Guinea no hayan recibido a Ramírez, demuestra el manoseo de la institución policial de parte de Daniel Ortega.
“Vimos cómo un secretario político entró como pedro por su casa y no le dijeron nada. Ah, pero a Francisca le detuvieron y ni la querían atender. Este es el sistema que tenemos en Nicaragua”, manifestó Carrión, quien agregó que espera que los vehículos sean entregados a Ramírez en los próximos días.
“A la Policía Nacional no le conviene tener retenidos los vehículos. Seguro les pesa entregarlos frente a los medios, frente a los ciudadanos. Ojalá y no me equivoque, y le den el camión y la camioneta a Panchita en los próximos días”, alegó Carrión.
“Esto es ya lo último de una suma de sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos. Es un acto desagradable grotesco e inhumano”, indicó Carrión.
El jurista aseguró que existe un cadena de abusos y arbitrariedades ejercidas por las instancias gubernamentales y que las afectaciones de las mismas trascienden el ámbito político.
“Están brutalmente reprimiendo con tanques y la policía da una conferencia de prensa diciendo de actos vandálicos. Siempre se anticipan a todo con mentiras. Afectan además la actividad económica con la destrucción de las vías. Son atentados de carácter criminal”, dijo el representante del CENIDH.
Sin embargo, en medio de los hechos negativos, Carrión exaltó el valor del movimiento campesino al que llamó un ejemplo elocuente.
Ramírez se marchó hacia su casa, ubicada en La Fonseca, Nueva Guinea, y aseguró que se reunirá con el resto de personas que conforman el Movimiento Anticanal para decidir las medidas a tomar sobre el secuestro de sus vehículos.
“Temo por mi vida, y responsabilizo a Daniel Ortega por lo que me pase a mí y a mi familia y a cualquier campesino”, finalizó Francisca Ramírez.
Amnistía Internacional: Acción urgente
El organismo Amnistía Internacional emitió un comunicado sobre la situación que vive Francisca Ramírez y afirmó que preocupa que la acción policial constituya una represalia por su labor como defensora de derechos humanos y que cualquier acoso adicional ponga en riesgo su integridad física.
El organismo defensor de derechos humanos cita su comunicado como “Acción Urgente” y aboga por los derechos de Ramírez, informando que está siendo hostigada por el gobierno de Ortega.
“El 30 de noviembre, cientos de campesinos planeaban llegar desde sus comunidades hasta Managua, capital de Nicaragua, para manifestarse pacíficamente contra la futura construcción del Gran Canal Interoceánico y los posibles efectos negativos de este proyecto en sus derechos y comunidades. En ese contexto, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación reportaron actos de represión violenta contra los manifestantes”, establece el comunicado.
(Con la colaboración de Dánae Vílchez).