3 de octubre 2020
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En las últimas semanas se han recrudecido los ataques contra los medios y periodistas independientes en los países de Centroamérica. No importa si son Gobiernos democráticos —como el de El Salvador— o regímenes —como en Honduras y Nicaragua—, los comunicadores están en la mira de los gobernantes.
El caso más sonado ha sido el del diario digital El Faro, en El Salvador. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció en cadena nacional de radio y televisión que el Ministerio de Hacienda investigaba al medio de comunicación por supuesto lavado de dinero y evasión tributaria.
Bukele acusó además a otros medios salvadoreños de “mentir” y “atacar” a su Gobierno, entre ellos a los diarios La Prensa Gráfica, el Diario de Hoy y El Mundo, y a los portales Factum y Gato Encerrado, de este último dijo “desconocerlo”.
Los ataques gubernamentales contra El Faro han arreciado luego que este medio publicara una exhaustiva investigación en la que demostró que la administración de Bukele mantiene, desde hace un año, negociaciones con la pandilla Mara Salvatrucha (MS13), para sostener una baja en las cifras de homicidios y obtener votos para el partido Nuevas Ideas, dirigido por un familiar del presidente.
Durante la conferencia de prensa, Bukele negó que existan dichas negociaciones.
Represalia fiscal
“La actitud de Bukele es la misma práctica de estigmatización y descrédito que estamos observando en Estados Unidos, Brasil, México y Venezuela” para acallar a la prensa crítica e incómoda, dijeron Christopher Barnes y Robert Rock, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, respectivamente.
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“La acción gubernamental fue en aparente represalia contra El Faro por sus investigaciones periodísticas; una de las más recientes relacionada con una negociación secreta del gobierno de Bukele con la organización criminal Mara Salvatrucha, de cara a las elecciones de 2021”, señaló la SIP en un comunicado.
Antes y después que asumió la Presidencia, señaló la SIP, Bukele se ha caracterizado por su “estilo confrontativo contra los medios y periodistas independientes”.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en conferencia de prensa. // Foto: EFE
A principios de septiembre la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró 61 casos contra la prensa y el medio digital Faro presentó una demanda de amparo y solicitó medidas cautelares para proteger material periodístico y datos de sus suscriptores y la identidad de sus donantes.
En una carta dirigida al relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, la Fundación Gabo, periodistas y artistas iberoamericanos solicitaron al organismo internacional que “monitoree de manera especial y con extrema urgencia la situación en El Salvador al más breve plazo”.
Asesinato de periodistas
En Honduras, el periodista Luis Alonso Almendares, de 35 años, fue asesinado a tiros mientras realizaba una transmisión en directo desde su cuenta de Facebook, en una comunidad del municipio de La Libertad, en el departamento central de Comayagua. Unos desconocidos en una motocicleta le dispararon al menos en tres ocasiones.
Almendares, quien logró pedir ayuda a través de la red social, fue trasladado a un hospital de la zona donde murió el lunes como consecuencia de las heridas, detalló la organización en un comunicado.
El periodista, que cubría información policial, redactaba notas sociales y denunciaba casos de corrupción en redes sociales, había recibido amenazas de muerte, según la SIP a partir de declaraciones a medios locales de amigos y familiares del comunicador.
El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, dijo que más de 87 trabajadores de prensa han sido asesinados entre 2001 y 2020.
El pasado 1 de julio fueron asesinados en Honduras el periodista Germán Vallecillo Jr. y el camarógrafo Jorge Posas, de Canal 45, en La Ceiba, en el departamento de Atlántida.
Este año fueron también asesinados seis periodistas en México, dos en Venezuela, y uno en Barbados, Brasil, Colombia, Guatemala y Paraguay. Igualmente, continúa desaparecida una periodista en Perú, señaló la SIP.
En un comunicado, el CPH denunció un ataque policial contra los periodistas Wilmer Montoya y Fernando Lanza, en la ciudad de La Ceiba; mientras reveló que la comunicadora Thelma Mejía sufre “reiteradas amenazas y diversas formas de intimidación”.
Asedio legislativo
En Nicaragua, la administración de Daniel Ortega ha anunciado la posible aprobación de dos iniciativas de ley que afectarían el financiamiento de los medios independientes, y amenazan con cárcel a quienes, según el régimen, publiquen noticias falsas.
Los ataques del orteguismo se han intensificado desde la Rebelión Cívica de Abril de 2018. Desde entonces, el Gobierno ha confiscado manu militari las instalaciones de CONFIDENCIAL, Esta Semana, y el Canal 100% Noticias; la persecución y el acoso ha obligado al exilio a más de un centenar de comunicadores; y recientemente la Dirección General de Ingresos (DGI) interpuso un reparo fiscal por 21 millones de córdobas contra Canal 12.
Las iniciativas “Ley de Agentes Extranjeros” y “Ley del Ciberdelito” fueron presentadas con una semana de diferencia. La primera obligaría a calificar como “agente extranjero” a las ONG y a toda persona natural o jurídica que reciba dinero, directa o indirectamente, de otros Gobiernos o asociaciones extranjeras. La segunda es considerada, por expertos, como una amenaza a las libertades públicas.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que ambos proyectos “intentan silenciar a quienes critican las políticas del Gobierno, informan a la población y defienden los derechos humanos”.
“Pareciera que el Gobierno del presidente Daniel Ortega está preparando el marco legal para el inicio de una nueva fase de la represión”, apostilló.
El diputado oficialista y presidente sancionado de la Asamblea Nacional, afirmó a medios progubernamentales que estas iniciativas “serán aprobadas a más tardar el próximo 13 de octubre”.
Para Guevara, “el ejercicio de la libertad de expresión y asociación no debe acarear sanciones. Una vez más, llamamos al Gobierno a detener la represión. No nos detendremos en nuestra labor de denuncia”.
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