AA
Share
La Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, reformó con carácter “urgente” la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para darle control sobre la administración de los recursos humanos de las municipalidades y borrar el rastro de la autonomía municipal.
El sistema de administración de recursos humanos de las municipalidades se regía por la ley 502, Ley de Carrera Administrativa Municipal, pero fue derogada en el mismo paquete de reformas aprobadas el 25 de marzo de 2026.
De acuerdo con la exposición de motivos de la reforma, la PGJ —a través de las Procuradurías Municipales— estaría “fortaleciendo el sistema de gestión municipal” y simplificando la administración municipal, “ajustándose a la normativa y realidades presupuestarias actuales”.
Sin embargo, ese “fortalecimiento” de la gestión municipal consiste en el traspaso a la PGJ del control financiero de las alcaldías, la administración de los recursos humanos y la eliminación del rastro de la autonomía municipal, precisó el abogado y exdiputado, Eliseo Núñez.
Más centralización del poder
Entre los cambios realizados destaca la modificación al numeral 19 del artículo 3, de la Ley de la Procuraduría, el cual señalaba la resposabilidad de la PGJ de “velar y actuar” en defensa del pueblo nicaragüense “respecto a las obligaciones y responsabilidades de las municipalidades”.
Con la reforma se modificó la redacción del párrafo y se agregó a las responsabilidades de la PGJ: “promover en las municipalidades un sistema de administración de recursos humanos que asegure la gestión y ejecución de políticas públicas municipales eficientes, eficaces y transparentes”.
Además, al dejar sin efectos Ley de Carrera Administrativa Municipal, los servidores públicos municipales ahora estarán cubiertos por la Ley 476, Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa.
“Todo el patrimonio, bienes muebles e inmuebles, derechos, activos y demás recursos que, a la fecha pertenezcan a la Carrera Administrativa Municipal y a la Dirección General de Carrera Administrativa Municipal, se consideran propiedad del Estado y serán administrados por la Procuraduría General de Justicia”, dice el artículo cinco de la reforma.
También el personal que labora para la Carrera Administrativa Municipal, que no es parte de las municipalidades, pasarán a formar parte de la nómina de la Procuraduría General de Justicia.
De funcionarios municipales a estatales
El exdiputado Núñez, advierte que el traspaso de la administración financiera y de los recursos humanos de las alcaldías a la PGJ violenta la gobernanza municipal.
Además, colocar a los funcionarios municipales bajo la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa significa que dependen del Poder Ejecutivo y no de las alcaldías. “Pasando de ser funcionarios municipales a funcionarios estatales”, enfatizó Núñez.
Para el exlegislador, estos cambios realizados son como “el último clavo del ataúd de la autonomía municipal”, ya que en Nicaragua “no queda nada” de dicha autonomía.
Señala que en el hipotético caso de que una alcaldía pertenezca a un partido opositor, la Comisión del servicio civil y de la carrera administrativa, del Poder Ejecutivo, podrá poner o quitar a los funcionarios municipales que desee.
Intervención de la PGJ en las alcaldías
El traspaso de la administración de los recursos humanos es el último de una serie de golpes de la Procuraduría contra las municipalidades, instituciones que ha intervenido en los últimos años para destituir alcaldes, realizar auditorías financieras y despojarlas de toda clase de autonomía.
El rol de la Procuraduría, como decapitadora de alcaldes, inició en 2024 con la destitución del entonces alcalde de Mulukukú, Erling Valdivia García. Desde entonces, empezó a estar presente en cada una de las destituciones de alcaldes y cualquier autoridad municipal.
La Procuraduría también ha asumido el rol de contralor, ejecutando auditorías en las alcaldías. Tal como sucedió a finales de 2024, en las alcaldías de los departamentos de Granada, Carazo y Rivas.
En un intento previo de legalizar las acciones de la Procuraduría, en abril de 2024, el régimen ordenó la creación de las Procuradurías Municipales, que en la práctica establecen un mayor control sobre las alcaldías de Nicaragua.
Tres meses después, en julio de 2024, la dictadura terminó de desaparecer al ya inoperante Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), y transfirió todas sus facultades y bienes a la cada vez más poderosa Procuraduría.
Porras critica la autonomía municipal
Previo a la aprobación de la reforma, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, criticó la autonomía municipal y culpó a los Gobiernos neoliberales de haber instaurado un sistema que, a su juicio, dificultaba la aplicación de ajustes salariales y causaba que el aporte obligatorio del 2% de la planilla al Instituto Nacional Técnico y Tecnológico (Inatec) no llegara completo.
Porras afirmó que producto de la autonomía los trabajadores de las municipalidades “estaban regidos por otras normas” y no por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, que rige a los trabajadores del Estado.
“Es una lucha de los compañeros (de Hacienda) cada vez que hay la modificación, digamos, del ajuste salarial, para que en una municipalidad se lo apliquen. Porque es como que si no fueran trabajadores del Estado. Entonces eso lo vamos poniendo al día, en este proceso de transformación”, remarcó el legislador sandinista.
Agregó que “ese 2% que tenía que pasar —por decirlo de alguna forma— por un filtro que le quitaba una parte, va a pasar directamente a Inatec, (entidad) que ha venido fortaleciéndose y va a fortalecerse también y va a presentar los programas anuales de capacitación para los trabajadores municipales”.
