24 de abril 2017
Heidy Herrera Obando hizo lo mismo de siempre cuando alguien dona libros a la Biblioteca Móvil de la ciudad de San Juan del Sur: Sacarse una foto con el benefactor. En este caso, aparecía junto a la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu. La mujer circuló la foto entre sus contactos de Facebook con naturalidad, entre ellas la Secretaria Política de ese municipio turístico, Estela Morales. Cuatro días después, el Concejo Municipal convocó a una sesión de urgencia para destituir a la bibliotecaria de su cargo como concejal sandinista. Es el acto más reciente contra la autonomía municipal en Nicaragua.
El Frente Sandinista la acusó de “deslealtad” por fotografiarse con la diplomática norteamericana. Sin mediar palabras con Herrera, el Secretario Político del departamento de Rivas, Julio Palma, y un funcionario no identificado del Instituto Nicaraguense de Fomento Municipal (INIFOM), redactaron la carta de renuncia de la bibliotecaria, incluso antes de que el Concejo Municipal de San Juan del Sur aprobara (incluidos concejales opositores) la destitución, violando lo establecido por la Ley de Municipios (40) en su artículo 28, inciso 24.
“Me negué a firmar la carta porque decía que yo renunciaba por problemas familiares, cuando no es así”, relata Herrera a Confidencial. “Les dije que firmaba si decían la verdad, que me destituían por pasar menos de quince minutos con la embajadora”.
La concejal no tuvo más posibilidades de defensa. Los secretarios políticos habían tomado la decisión, basados en el informe enviado a las instancias superiores del partido sandinista por Estela Morales. La concejal se convertía, hasta la fecha, en la más reciente funcionaria municipal destituida por el gobierno del comandante Daniel Ortega y Rosario Murillo. Una guillotina de intolerancia política que corta cabezas desde 2008, y que ha dejado 34 alcaldes y vicealcaldes defenestrados.
Las destituciones también alcanzan a otro sinnúmero de concejales, pero cuyas “renuncias” matizadas como las de Herrera, y la poca transcendencia de los casos, dificulta establecer una cifra exacta. A eso hay que sumarle al factor de temor de muchos ex funcionarios, quienes prefirieron no hablar con Confidencial. “Eso ya pasó y prefiero dejarlo allí. ¿Acaso no sabes los que no puede pasar?”, excusó Manuel Calderón, destituido como alcalde de León en 2011.
Sin embargo, solo en el caso del municipio turístico de San Juan del Sur, en el mes de marzo fueron destituidos dos concejales más: José María Guadamuz Vasconcelos y María Lucía Bustos Obando.
Guadamuz fue depuesto por participar en un acto de inauguración de un instituto para adultos, en el que participó como invitado de honor el escritor y crítico del gobierno sandinista, Sergio Ramírez Mercado. Bustos “renunció” debido a ese mismo caso; no obstante las causas nunca fueron esclarecidas a fondo. Guadamuz era el secretario del Concejo Municipal y en sustitución fue nombrada la bibliotecaria Herrera. Sin embargo, ella solo ejerció el cargo menos de un mes.
En enero de 2016, Rosa Elena Bello “renunció” por causas de salud como alcaldesa de San Juan del Sur, pero nunca fue conocida su “carta de renuncia”.
Los secretarios políticos son, generalmente, quienes redactan las “cartas de renuncia” de los funcionarios municipales electos, para que no parezcan destituciones no contempladas en la ley.
“Me dijeron que esa foto era un acto de indisciplina, pero eso más bien es ignorancia. Yo tengo lealtad política y lealtad a mí misma… mis valores y principios me dicen que no hice nada malo. Da vergüenza lo que ha pasado en San Juan del Sur. Ya somos tres”, explica la bibliotecaria Herrera.
La mano Fidel Moreno
Era una de esas reuniones habituales. Los alcaldes sandinistas viajaron a Managua para reunirse con los secretarios políticos y funcionarios de alto nivel del partido. La vicepresidenta Rosario Murillo solía presidir esos encuentros, pero la responsabilidad le corresponde ahora a Fidel Moreno, el secretario de la Alcaldía de Managua y mano derecha de la primera dama. Enrique Ramón López, ex alcalde del municipio de La Conquista, departamento de Carazo, participó en septiembre de 2014 en una de las sesiones. Esa vez tuvo un desacuerdo con Moreno. El altercado lo obligó a dejar la alcaldía.
“A veces uno no está de acuerdo ni con su mujer ni con sus hijos en la casa. Son normales las diferencias. Por eso renuncié y me vine a mi casa”, dice López con jovialidad. Su tono intenta restar importancia a la discusión que tuvo con Moreno.
El entonces alcalde de La Conquista informó en la reunión nacional del partido que había modificado el presupuesto municipal. Planeaba construir una represa para riego de cultivos. La idea era combatir la sequía que afectaba a La Conquista, una zona productora de frijol. El Concejo Municipal apoyó la medida del edil, basado en un diagnóstico que costó 480 mil córdobas. La reforma presupuestaria incluía la compra de semillas para repartir entre los productores locales, pero, para ello, López decidió suspender un proyecto turístico en el río donde iba a ser construido el embalse.
Moreno amonestó al alcalde por no haber “consultado” al partido antes de modificar el presupuesto. Ambos funcionarios discutieron en la reunión. “Fidel me dijo que no modificara, y yo le dije voy a modificar. Eso fue todo. No hubieron mas palabras y puse mi carta de renuncia”, relata López.
López es amable y campechano. Divide su tiempo entre la agricultura, la ganadería y la política. Nos atiende en su casa de habitación en La Conquista, donde todavía llegan ciudadanos a entregarle solicitudes, como si fuese el edil. Dos cerditos corretean en el patio. Rótulos de vinilo de su administración están apoyados en las paredes. Pese a que Fidel Moreno impuso su voluntad en este municipio, López asegura que durante su periodo como alcalde no hubo fricciones con el partido.
“Trabajamos en coordinación de los secretarios políticos. Con la Secretaria Política de aquí no tuve ningún problema. Siempre llevábamos buenas relaciones. Se coordinaban todas las actividades del municipio para llevar un mejor control de las cosas”, afirma López. El exalcalde cuida cada frase que pronuncia. Es preciso. Infunde la sensación de que no quiere molestar a nadie con sus declaraciones.
De los 34 alcaldes y vicealcaldes destituidos desde 2008 por el régimen del comandante Ortega, al menos nueve confesaron que fueron apartados de los cargos por “diferencias con el partido”, “criticas al partido”, “roces con secretarios políticos”, “indisciplina partidaria”, y “obligados por presiones”.
Las “renuncias” de los otros alcaldes han sido atemperadas con excusas de “problemas de salud”, “subsidios” y “causas personales”. Algunos consultados por Confidencial no quisieron entrar en detalles sobre sus “renuncias”, aunque en la mayoría de los casos fuentes municipales achacan decisiones partidarias. Solo seis funcionarios fueron apartados por “malos manejos de recursos” y “desfalcos”. No obstante, en estos casos de corrupción no son conocidas las resoluciones de la Contraloría, como establece la ley 40.
La Conquista es uno de los pocos casos en los que el alcalde ha asumido públicamente la renuncia como resultado de contradicciones con estructuras partidarias de alto nivel, como con el poderoso Fidel Moreno. Aunque López insiste en presentarlo como “algo normal” en toda la entrevista.
La Ley de Municipios solo contempla siete causales para destituir a alcaldes y concejales. Sin embargo, nunca establece nada relacionado a diferencias o decisiones partidarias. Renuncia al cargo, muerte, alguna condena judicial, abandono de funciones durante sesenta días continuos, no rendir declaración de probidad ante la Contraloría al momento de tomar posesión, y malos manejos de los fondos municipales son los parámetros establecidos por ley.
El sociólogo Manuel Ortega Hegg recuerda que en el caso de la Asamblea Nacional, el Ejecutivo sandinista decidió por ley que los diputados pertenecen al partido y no a los electores. Sin embargo, a nivel municipal no hay nada dispuesto en la legislación. Pero sí a lo interno del Frente Sandinista.
Lealtad al partido
Para las municipales de 2012, Rosario Murillo orientó a los candidatos realizar una campaña electoral centrada en el “modelo de trabajo directo con el pueblo”. Es decir, propaganda exaltando al gobierno central y no a ellos como candidatos locales. Fuentes del Frente Sandinista revelaron que los obligaron a firmar un documento en el que el compromiso era “responder al partido” y garantizar la continuidad en el poder del comandante Ortega.
“No es una ley que se imponga como tal. Pero así funciona en la práctica en las municipalidades. No hay ninguna causal para destituir a cualquier funcionario electo en los municipios por diferencias con su partido. No existe eso”, remarca Ortega Hegg.
Él es uno de los artífices del municipalismo reciente en Nicaragua. Después de la derrota en las urnas de la Revolución Sandinista, ideó un sistema de elección indirecta de alcaldes. Los Concejos Municipales escogían entre sus miembros a los ediles. Este esquema —inspirado en el modelo de mando colectivo de la década de los ochenta— dio pocos resultados positivos. Desembocó en destituciones de alcaldes y concejales, quienes pujaban por ocupar las sillas edilicias.
Para solventar esa “inestabilidad”, comenta Ortega Hegg, en 1997 fue reformada la Ley de Municipios. Fue establecida la elección directa de alcaldes y vicealcaldes por votación popular para la próxima elección de 2001. Sin embargo, desde que Ortega regresó al poder en 2007, “nunca ha habido mayor inestabilidad en las alcaldías”, alerta.
“Solamente en dos años, de 2013 al 2015, había 22 alcaldes, incluyendo dos vicealcaldes, destituidos, de las cuales 8 eran alcaldesas. ¿Qué significa? Que tenemos un proceso de rotación muy fuerte”, pondera el experto en municipalismo.
Uno de los primeros alcaldes sobre cuyo cuello cayó la guillotina orteguista fue el liberal Hugo Barquero. El Concejo Municipal de Boaco lo destituyó por supuestos “malos manejos”. No obstante, el procedimiento fue calificado de ilegal. Contrario a lo que podría creerse, de los 34 ediles destituidos desde 2008, apenas solo dos son opositores: El ya mencionado Barquero y Octavio Ramos, alcalde de Wiwilí de Nueva Segovia.
Ortega Hegg opina que estas destituciones impactan en la población: La desalienta al carecer de sentido participar en procesos electorales, en el que no está seguro si elige libremente. A la postre, no queda claro si el electo permanecerá en el cargo porque lo pueden destituir.
Lejos de esos planteamientos, sentado en su casa de La Conquista, el exalcalde López reconoce las “diferencias con la dirección del partido”, pero repite, una y otra vez, la normalidad de esas “diferencias”. “Mas que todo me sentía cansado, puse mi renuncia, y el partido la aceptó”, justifica.
Pese al “cansancio”, López no descarta presentarse como candidato a las municipales de noviembre próximo, en la casilla del mismo partido de Fidel Moreno. “La gente quiere que regrese. Los combatientes históricos me dijeron que si quería ir de candidato por ellos, y les dije que sí. Pasaron la propuesta al partido y estamos esperando la respuesta”, cuenta.
El poder del secretario político
La notificación de su destitución como vicealcalde Jinotepe por el Frente Sandinista fue arrojada debajo de la puerta de su casa. Cuando abrió y vio el papel en el piso, Leonel Rojas ya sabía de qué se trataba. La defenestración estaba siendo gestada por el Secretario Político departamental de ese entonces, Mario Mendieta, y otros dirigentes locales del partido.
“Son tan cobardes que ni siquiera el secretario del Concejo Municipal pudo darme en persona la certificación de la destitución”, asegura Rojas, un militante histórico del sandinismo en Jinotepe.
Él estuvo exiliado en México bajo la dictadura somocista. Volvió y se integró a la Revolución. En 1979 combatió en la columna del Frente Sur Benjamín Zeledón. Perdió en la guerra a su hermano. Luego fue militar activo en el Ejército en el área de inteligencia y cuando pasó a retiro, estuvo metido en el municipalismo, primero como concejal y después como vicealcalde, cuando resultó electo en 2008, en un proceso electoral cuestionado ampliamente por la oposición y las misiones de observación electoral nacionales e internacionales.
La carrera de Rojas en la alcaldía de Jinotepe duró hasta 2010. Según él, la causa estribó en que no era “sumiso”. Eso no le gustó —continúa relatando— a las autoridades del partido. Esa era el tiempo del auge del secretario político, una figura preponderante en los municipios con más poder real que lo ediles electos por la ciudadanía.
“En la practica es lo que a vos te impone el secretario político”, explica Rojas. El personero partidario imparte “las orientaciones de arriba” en las alcaldías y decreta “qué es lo que hay que hacer”. “Yo estuve en las administraciones cuando hubo y no hubo autonomía. Cuando había, por ejemplo, el presupuesto que preparábamos para el año siguiente era basado en propuestas que hacía el alcalde, los concejales… se sometía a los barrios en cabildos. Ahora, te dicen este es el plan”, detalla.
Aunque cada municipio tiene necesidades distintas de acuerdo a su naturaleza social, productiva y geográfica, en los presupuestos municipales se repiten programas promovidos desde el Ejecutivo Sandinista, entre ellos la rehabilitación de parques con internet inalámbrico, en detrimento de las necesidades de la población, coincidieron alcaldes opositores que todavía ejercen los cargos.
“En la zona de municipios como Ocotal, los planes de inversión de 2016 y 2017 son idénticos. A simple vista miras una línea de orientación. ¿Cómo es posible que todos los municipios tengan o planteen las mismas necesidades?”, explica Gilberto Lindo, experto en municipalismo.
Los Concejos Municipales han quedado anulados bajo la figura de secretario político. Este órgano legislativo de las municipalidades se limitan a refrendar las “orientaciones”. Rojas recuerda que en varias ocasiones el alcalde no presidía la reunión del Concejo: “era desplazado por el político”. “Era una falta de consideración, de respeto, inclusive para los mismos compañeros de la estructura del sandinismo. Entonces no estaba de acuerdo con eso, y comencé a caer mal”.
El sociólogo Ortega Hegg sostiene que este método responde al modelo de gobierno que trajo el comandante Daniel Ortega en 2007, que incluía una recentralización total del poder, y la perdida de todo tipo de autonomía en el país: Tanto locales, regionales e incluso personales. “Este modelo de gobierno ha pasado, por lo tanto, en volver a concentrar el poder, y hacer perder la autonomía municipal”, lamenta el experto.
Igual sucede con el INIFOM. El organismo que debería trabajar en conjunto con las municipalidades en su desarrollo, está supeditado a la doctrina oficial del partido de gobierno. Su misión, según su actual normativa, es “fortalecer a los Gobiernos Locales con valores Cristianos, Socialistas y Solidarios, asegurando servidores municipales comprometidos, trabajando con eficiencia, transparencia, calidad y promoviendo protagonismo del pueblo, cultura de trabajo, dialogo, consenso y productividad para el bienestar de todos los Nicaragüenses” (sic).
“Allá, en la practica, la estructura política es la que está encima”, afirma el ex vice alcalde jinotepino, que tras su destitución, afirma, fue intimidado y perseguido “por el partido”.
De acuerdo a Rojas, la figura del secretario político ha logrado instalarse en los ciudadanos como la autoridad. Si necesitan hacer alguna petición no recurren a los alcaldes o concejales. Buscan directamente “al político, porque saben que él es quien les resolverá”.
Como el exalcalde de la Conquista, Rojas asistía a las reuniones nacionales del partido que cada mes realizan en Managua con los alcaldes. En varias ocasiones vio a la vicepresidenta Murillo llegar a leer las directrices a cumplir en sus localidades. “En esas reuniones no es que vos vas a debatir, como en aquellos Congresos del Frente, cuando podía levantar mi tarjeta, pedir la palabra y hacer propuestas”, compara.
Tras su destitución como vice alcalde, Rojas acudió al Tribunal de Apelaciones de Masaya. Aunque fue amparado, la decisión judicial no alteró la disposición partidaria de apartarlo del cargo. “Hay mucha soberbia, mucha arrogancia. Y el poder corrompe… Nunca he estado de acuerdo con ese método de dirección: la imposición y el hecho de que tenés derecho a opinar”, asegura.
Carazo es el departamento con más destituciones de alcaldes y vicealcaldes desde 2008. Son siete casos. Le siguen Chinandega y Nueva Segovia con cuatro respectivamente. Mientras Rojas ahora denuncia la “corrupción” y la falta de autonomía municipal en Jinotepe, la bibliotecaria de San Juan del Sur insiste que sigue siendo concejal porque no ha firmado la “carta de renuncia”. El exalcalde de La Conquista espera la nominación para las elecciones de noviembre próximo. Sin embargo, ninguno de los tres se acerca, siquiera, a las aceras de las alcaldías donde alguna vez ejercieron un cargo público.