24 de agosto 2023
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Los secuestros de cuatro líderes estudiantiles, tras la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), es parte de una estrategia del régimen para implantar “miedo” y desarticular cualquier intento de protestas en la comunidad estudiantil. Quienes se atrevan a reclamar por “el robo de su universidad” se exponen a la cárcel, consideran líderes de movimientos estudiantiles en el exilio.
Jhon Cerna, miembro del Movimiento Defensa Estudiantil (MED-UCA), considera que la cacería contra los universitarios “es un remanente de 2018” porque el régimen sabe que la universidad jesuita “no expulsó de sus aulas” a los estudiantes que se involucraron en las protestas cívicas, como sí hicieron las universidades estatales.
Para el opositor, con la confiscación de la UCA y la imposición de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, la dictadura es consciente del malestar entre los universitarios.
“Ese descontento retenido podría desencadenar actos de resistencia, que Ortega intenta eliminar con mensajes ejemplificantes, a través de la captura de las jóvenes”, señala Cerna.
Tras la confiscación de la UCA, la dictadura secuestró a cuatro jóvenes:
- Adela Espinoza Tercero, graduada de la carrera de Comunicación Social en UCA.
- Gabriela Morales, de la cancelada Universidad Juan Pablo II.
- Mayela Campos Silva, estudiante de tercer año de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
- Josseth Miranda, veterinario y pareja de Campos Silva.
“Lo que quiere es meter en miedo a medio mundo. Quiere eliminar todo rastro de simbolismo y ponerle una mordaza a todo el país”, expresa Cerna.
“Jóvenes son una amenaza para Ortega”
Valeska Valle, presidenta nacional del Movimiento Universitario 19 de abril (MU19A), considera que la persecución responde a que “Ortega ve a la juventud como una amenaza a su poder”.
Según Valle, exiliada en Costa Rica, lo que más le molesta a Ortega es que “la juventud pensante mantenga su rechazo firme a su dictadura”.
“Con odio nos han encarcelado injustamente, asesinado a nuestros pares, cercenado nuestro derecho a la educación, exiliado y desterrado; y aun así los jóvenes le seguimos diciendo que no queremos más dictadura. Ese es, precisamente, el temor de los sandinistas y por eso nos persiguen”, comenta.
El régimen confiscó la UCA el 16 de agosto, acusándola sin pruebas de ser un “centro de terrorismo”. Dos días después instaló la nueva universidad al mando de autoridades académicas fieles al Gobierno. La apropiación de la primera universidad privada en Centroamérica afectó a más de 5000 estudiantes, más de 500 docentes y personal administrativo.
Para el excarcelado político Max Jerez, el régimen “pretende mantener bajo control cualquier intento de resistencia, cualquier acto de rebeldía de los estudiantes”.
El régimen quiere eliminar liderazgos que ante una avanzada más represiva, fomenten acciones de protesta, señala.
Liberan a veterinario y trasladan a mujeres
Los cuatro jóvenes fueron encarcelados, primeramente, en el Distrito III de la Policía en Managua. Sin embargo, este miércoles 23 de agosto —sin conocerse su causa judicial—, las tres mujeres fueron trasladadas a la cárcel La Esperanza.
Fuentes cercanas a las familias indicaron que a Josseth Miranda lo liberaron el martes 22 de agosto, tras menos de 48 horas de detención. El joven veterinario fue llevado a su vivienda en una patrulla policial. Tiene prohibido salir del país.
Familiares de las universitarias secuestradas desconocen los motivos de su detención, no saben de qué las acusan y tampoco han logrado verlas.
Los parientes acudieron a las cárceles, pero las autoridades de La Esperanza solamente las fotografiaron y les informaron que la visita sería el miércoles 30 de agosto.
Las tres universitarias se involucraron en las protestas de 2018 y fueron vigiladas en sus barrios por los Consejos del Poder Ciudadano (CPC). Ninguna de las jóvenes participaba ya en actos de resistencia cívica, un derecho criminalizado por el régimen.
