3 de febrero 2019
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San José, Costa Rica.- El diecisiete de marzo de 2017, una delegación de periodistas y representantes de organizaciones no gubernamentales, presentamos un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en Washington, en una audiencia sobre el estado de la libertad de expresión en Nicaragua, los medios de comunicación y el acceso a la información.
Ante la ausencia del Estado de Nicaragua y en presencia de Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la OEA, el informe documentó de forma exhaustiva el clima de restricciones para el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión, el impacto negativo de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en televisión, la violación a la Ley de Acceso a la Información Pública, y la represión oficial para intimidar a la ciudadanía y a defensores de derechos humanos.
Casi dos años después, todas estas tendencias se agravaron en grado extremo, reconoce Edison Lanza, hasta desembocar en la criminalización del ejercicio del periodismo. “En Nicaragua hemos visto esto (la supresión de la libertad) concentrado en seis meses de una manera casi brutal; en Venezuela llevó varios años”, explica el relator de la OEA, y advierte que el régimen de Ortega está retomando “algunas prácticas que uno veía en las dictaduras latinoamericanas más clásicas de golpes de Estado, militarizadas, como la creación del enemigo interno”.
En una entrevista con Esta Noche y CONFIDENCIAL, Lanza cuestiona los juicios políticos por “terrorismo e incitación al odio” contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, y reivindica el derecho de la prensa a criticar al Gobierno, en base a un principio establecido en el derecho internacional: “Nadie podría ser penalizado o ir a prisión por expresiones sobre temas de interés público, aun cuando las expresiones sean fuertes o injustas”.
En Nicaragua los periodistas y los medios están denunciando una restricción progresiva de la libertad de prensa y la libertad de expresión. ¿Cómo valoran ustedes, desde la Relatoría, esta situación?
Gravísima. Si uno mira en retrospectiva, antes de la represión desatada en abril, la Relatoría ya venía advirtiendo de que era un Gobierno asfixiante, que no quiere la crítica, que no acepta la opinión independiente, menos la denuncia, que no le gusta rendir cuentas, y ya había restricciones al acceso a la información, el control de los medios, y un ambiente muy poco propicio para el ejercicio de la libertad de prensa.
Después de las manifestaciones y la brutal represión que desataron, y toda esta creación de un enemigo, lo que hemos visto son una serie de estrategias para encarcelar periodistas, algo que realmente no vimos en otros procesos, excepto en algunos casos muy puntuales y quirúrgicos, en Venezuela. Pero meter en prisión a los periodistas, como a Miguel (Mora) y a Lucía (Pineda), o amenazar a otros periodistas con meterlos en prisión, lo mismo que le pasó a usted, Carlos; y también ocupar y clausurar medios de comunicación, esta virulencia; o permitir que se quemen radios, como Radio Darío, por parte de parapoliciales o afines al Gobierno; o finalmente también el hecho de amenazar y permitir que se amenacen a decenas de periodistas que hoy están en el exilio por temor a tener una represalia. La verdad es que prácticamente los espacios para hacer periodismo en Nicaragua en estos meses han desaparecido.
“Es grave en el caso de Nicaragua esta política sistemática (de violaciones), cuando el aparato del Estado se coordina para eso, y lo peor es que no hay un Poder Judicial o una Fiscalía que haga el contrapeso”.
¿Este proceso de criminalización de la prensa es un caso específico de Nicaragua, o también es una tendencia general en otros países?
Todos los países tienen sus problemas y la Relatoría los monitorea. Pero la decisión de un Estado de, sistemáticamente, suprimir las libertades fundamentales: la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de protesta, la del derecho a la protesta y otras libertades fundamentales, hoy lo estamos viendo como un patrón sistemático en el caso de Venezuela y Nicaragua.
En Nicaragua, hemos visto esto concentrado en seis meses de una manera casi brutal, en Venezuela llevó varios años; se ha puesto la estructura del Estado, la maquinaria del Estado a disposición para aplastar a las organizaciones de sociedad civil, al movimiento social, a la protesta, y a los medios de comunicación y a los periodistas que critican o que denuncian los abusos de poder.
Criticar al Gobierno, es libertad de expresión
Los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda han sido detenidos por hacer periodismo, pero los delitos que el Estado les está atribuyendo en este juicio son los de conspiración, terrorismo e incitación al odio, ¿tiene esto alguna clase de parangón con otros procesos?
No. Esas figuras vagas y ambiguas de incitación al terrorismo o a la subversión, en realidad son de una subjetividad, de una amplitud, que quien habla no puede saber cuál expresión o cuál conducta es antijurídica, y por lo tanto, obviamente, esto le otorga a los gobiernos, y más a aquellos que son autoritarios o que se transforman en dictaduras, una discreción para decir: “Bueno, dijo cosas que no me gustó, dijo cosas muy fuertes, me pasa criticando, y por lo tanto, le imponemos esta figura”.
Porque realmente la incitación a realizar actos terroristas tiene que ser una expresión, en todo caso, indubitable, que no dé lugar a dudas de que se está llamando a cometer actos de terror. Ahora, criticar al Gobierno aunque sea todos los días, aunque sea de manera fuerte, incluso ofensiva, es parte de un discurso protegido por la libertad de expresión. Porque un Gobierno que solo admita aquellas expresiones que no critican, que no denuncian abusos de poder o posibles hechos de corrupción, que no rinde cuentas, eso no es libertad de expresión, eso es una libertad condicional, que se termina cuando el autócrata quiere.
En el caso de Miguel y Lucía, hay una demanda de que se les otorgue un tratamiento humanitario, porque han estado bajo una condición subhumana, en que han sido torturados por el aislamiento. Pero también se están violando sus derechos humanos, sus derechos como periodistas, o sea, además del reclamo humanitario, sobre todo hay un reclamo de justicia y libertad.
Ya hay un consenso en el derecho internacional muy claro, y es que “nadie podría ser penalizado o ir a prisión por expresiones sobre temas de interés público, aun cuando las expresiones sean fuertes o injustas”. A veces los periodistas exageramos, decimos cosas que van más allá de lo que diría un diplomático, pero eso es parte del riesgo de la libertad, y que un sistema democrático y plural, deben soportar.
Parecido a las dictaduras del cono sur
La maquinaria del Estado también está cercando y asfixiando a los demás medios de comunicación independiente, como Canal 12.
Eso me parece mucho más parecido a las dictaduras del cono sur, que a cualquier otro fenómeno. Yo soy uruguayo y durante la dictadura militar, una de las cosas que se ordenó por decreto fue que no se podía decir que era una dictadura. Una famosa portada del semanario Marcha que decía: “No es dictadura”. Y si no asumías esas directivas, te cerraban. El semanario El Popular del partido comunista fue allanado, como le pasó a CONFIDENCIAL, como le pasó a 100% Noticias, fue clausurado, y todos sus periodistas se vieron exiliados, puedo nombrar decenas de casos.
También la dictadura chilena. La dictadura chilena hizo una lista de diarios y de semanarios, y de radios, que automáticamente al día siguiente después del golpe de Estado pasaban a ser clausuradas y tomadas por el Estado y ocupadas por la Policía. Entonces esto que está pasando con CONFIDENCIAL, con su redacción, con 100% Noticias y demás, eso sí que me hace recordar, lamentablemente, a las dictaduras del cono sur.
La retención de importación de papel y tinta para los periódicos está siendo descrita o denunciada como un acto de censura administrativa. En Nicaragua hasta ahora todo es de facto, es decir, el régimen no ha declarado un estado de emergencia para suspender ningún derecho constitucional, no hay una oficina de censura, pero hay acciones como esta y otras, que apuntan a una censura.
Es muy triste que haya funcionarios que defienden estas cuestiones, y que digan que esta represión es producto de la necesidad del Estado de defenderse de un golpe, o de terroristas, cuando, además, yo no creo que esté todo el mundo complotado para esto; cuando además la CIDH, el GIEI, el Meseni, la propia Unión Europea, han dicho diez veces: “Acá no hay ningún grupo terrorista actuando, acá hay un movimiento ciudadano que reclama la democratización de un país que ya venía suprimiendo las libertades y que ha acelerado ese proceso”. Y los mecanismos de censura indirecta son propios del poder totalitario, del poder absoluto: “Si no te sometés, llamo al director de Rentas y le digo que te abra un juicio porque no liquidaste los impuestos”, y te tengo sometido a un juicio por impuestos y el dueño del canal obviamente, del medio de comunicación va a sufrir.
Te ataca un parapolicial y no se investiga y se mantiene impune; no te doy papel, o te retengo el papel en la Aduana y no podés imprimir, y no podés vender el diario, o no podés hacer publicidad, y tenés que cerrar. O sea, son todos mecanismos indirectos. Y la sabiduría de la Convención Americana de Derechos Humanos, que Nicaragua ratificó, y que ahora es parte, dice en su artículo 13.3: “No se puede censurar a los medios de comunicación en forma grosera, ni por medios directos ni por medios indirectos”.
“Es doloroso ver como se toman algunas prácticas que uno veía en las dictaduras latinoamericanas más clásicas de golpes de Estado, militarizadas, y una de esas prácticas era la creación del enemigo interno. Una dictadura tiene que tener un enemigo para decirle a la gente: —Estoy haciendo uso de la fuerza de facto porque tengo un enemigo tan importante, que tengo que eliminarlo, tengo que sacarle la categoría de ser humano y aplastarlo—”.
Un Estado de facto no puede escapar a la justicia internacional
¿Qué opciones ofrece la justicia internacional? La CIDH ha emitido medidas cautelares para algunos periodistas, incluidos nosotros, los periodistas de CONFIDENCIAL, y aquí estamos porque no hay seguridad en Nicaragua para la libertad. ¿Hay algo a lo que se pueda recurrir para que esta clase de violaciones no quede en la impunidad?
Por supuesto, la Comisión, como lo dijo su secretario, Pablo Abrao y la comisionada Antonia Urrejola, van a seguir haciendo su trabajo, aunque hayan salido de Nicaragua. La Unión Europea acaba de pedir que vuelva al país el Meseni, la CIDH y las relatorías y demás, y aspiramos a que se entre en razón, y obviamente, si hay algún tipo de voluntad de reencauzar un diálogo o una vía de la democracia, lo primero es liberar a quienes están presos por sus ideas, darle garantías a quienes se expresan y quienes se asocian para participar de la vida política, y tratar de tener un diálogo bajo la vigencia de los derechos humanos.
Ningún Estado, porque se vuelva de facto, puede escapar al derecho internacional, que tanto se invoca para alegar la soberanía, pero también los derechos humanos son un límite a la soberanía, que el propio Estado, en los tratados que firmaron y ratificaron se han autoimpuesto, y Nicaragua está violentando todas las normas de derechos humanos que ha ratificado.
Y aunque hoy parezca que no tiene efecto, yo creo que sí va a tener efecto, que la Comisión, el Meseni, la Corte, la OEA, estén documentando todas estas violaciones a los derechos humanos, porque no prescriben estos delitos, y no prescriben estos ataques, y algún día, más temprano que tarde, justamente el pueblo de Nicaragua va a recobrar la democracia, la libertad, y estas cuentas se van a pasar, la justicia va a tener que llegar. Por lo tanto, obviamente no tenemos el poder coactivo de hacer cumplir nuestras decisiones, pero sí tenemos el mandato y la legitimidad jurídica que nos han dado los Estados de la OEA, el propio Nicaragua cuando firmó la carta de la OEA, la Declaración Universal, y ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos.
En Nicaragua, la represión no solamente está presionando a los periodistas y las fuentes informativas, sino también a los ciudadanos por sacar la bandera nacional, por exhibir un cartelón que dice “¡Libertad!”, y a pesar de eso la gente se sigue manifestando de distintas formas. ¿Cómo se aprecia esa capacidad de resistencia de los ciudadanos, que no están aceptando ese patrón de imposición de la autocensura?
Es muy doloroso ver como también se toman algunas prácticas que uno veía en las dictaduras latinoamericanas más clásicas de golpes de Estado, militarizadas, y una de esas prácticas era la creación del enemigo interno, y una dictadura tiene que tener un enemigo para decirle a la gente: “Estoy haciendo uso de la fuerza de facto porque tengo un enemigo tan importante, que tengo que eliminarlo, tengo que sacarle la categoría de ser humano y aplastarlo”.
Y esto es lo que está pasando cuando alguien por expresar sus ideas, por manifestar, por sacar una bandera, por asociarse, porque asociarse es un derecho tan garantizado como la libertad de expresión, para criticar al gobierno, o para pedir incluso que caiga el gobierno, y por eso el gobierno lo transforma en un enemigo de la patria, en un terrorista, etc., cuando no hay pruebas absolutamente de nada, sino de presiones que en cualquier democracia pueden ser fuertes, pueden ser parte de la discusión, pero son legítimas.
Justamente se busca ese efecto, decir: “Están presos porque son terroristas” y ¿por qué? En el caso de Miguel y demás, ¿cuáles son las expresiones llamando a poner bombas o a destruir el Estado? Y uno lee la acusación que hizo el fiscal y ni siquiera hay una cita entre comillas, lo que hacía era criticar en modo permanente.
Y algo que lo dijo el GIEI, que es grave en el caso de Nicaragua, es una política sistemática, cuando el aparato del Estado se coordina para eso, y lo peor es que no hay un Poder Judicial o una Fiscalía que haga el contrapeso. Porque hay otros casos en el Sistema Interamericano donde se ha criminalizado a manifestantes, a protestas, a periodistas, dirigentes sociales etc., pero finalmente muchas veces hay un Poder Judicial que dice: “No. Esto no es terrorismo. Esto es un ejercicio de la libertad de expresión fuerte, etc., etc.”. O hay una Corte Interamericana que finalmente dice: “Esta persona fue mal juzgada, repare a esta persona”, y los Estados reparan, vuelven hacia atrás. Pero acá no, todo esto se le está advirtiendo al Estado de Nicaragua por parte de una infinidad de organismos y de expertos, y siguen, siguen haciéndolo, siguen adelante, encarcelan. No hay ninguna independencia entre el Ministerio Público y la Policía y el Gobierno, y la Presidencia, y parecería que tampoco del Poder Judicial, de hecho, un magistrado de la Corte Suprema que se exilió, lo ha declarado, y no tengo más que agregar en ese sentido.
