2 de mayo 2019
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Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua señalaron este miércoles la necesidad de renovación en los poderes Electoral y Judicial, para fortalecer la democracia, la institucionalidad, y una paz duradera en el país centroamericano, que vive su peor crisis sociopolítica en décadas.
Además, expresaron, en un mensaje pascual, su apoyo a cualquier diálogo entre el Gobierno y la oposición para superar la crisis sociopolítica, siempre que "se haga con buena voluntad".
De la misma manera, recordaron que "la libertad de la persona no admite plazos, ni condiciones, ni excusas burocráticas", en referencia a que el Gobierno lleva un mes y medio sin cumplir su compromiso de liberar a los presos políticos.
"De ahí que constatamos con dolor, cómo continúa el sufrimiento de la familia nicaragüense (por) los presos políticos, la falta de respeto a los derechos constitucionales, los exiliados, los refugiados, los asilados, la pobreza, el desempleo, la inseguridad, el conflicto por tierras y sus correspondientes consecuencias", explicó la CEN.
Cambios en poderes del Estado
Sobre los cambios en los poderes del Estado, los obispos indicaron "en el caso del Poder Electoral, es necesario que, de acuerdo a las normas establecidas, se renueve de tal manera, que sea confiable e independiente".
El clero hizo el señalamiento en un contexto en el que Ortega no solamente domina el Poder Ejecutivo, sino también los otros tres poderes del Estado como son el Electoral, el Judicial y el Legislativo, lo que le ha permitido gobernar durante 12 años consecutivos, con su núcleo familiar en cargos claves, según la oposición.
La Conferencia Episcopal subrayó la necesidad de "un proceso electoral neutral, imparcial y observado nacional e internacionalmente, de lo contrario, no se darán elecciones libres".
Desde que Ortega volvió a la presidencia en Nicaragua en 2007, todos los procesos electorales han sido fraudulentos, con el objetivo de mantener al líder sandinista en el poder, y que esa es una de las razones del estallido social contra el presidente en abril de 2018.
El Episcopado también tuvo palabras para el Poder Judicial, que en 2009 emitió un fallo que permitió a Ortega la reelección indefinida, y que desde el estallido social del año pasado ha admitido acusaciones contra manifestantes y periodistas que los expertos en leyes consideran ilegítimos.
"En el caso de la administración de justicia, debe ser absolutamente independiente, imparcial, profesional y éticamente impartida, al margen de los designios políticos, partidos e ideologías. Sin una justicia independiente no hay libertad", indicaron los obispos.
Apoyan diálogo "que se haga con buena voluntad"
La Conferencia Episcopal añadió que apoya cualquier diálogo entre el Gobierno y la oposición, "que se haga con buena voluntad".
El diálogo entre el Gobierno de Nicaragua y un grupo opositor extraparlamentario goza de consenso como vía para solucionar la crisis que ha dejado cientos de muertos desde abril de 2018, pero una negociación entre la partes se encuentra suspendida oficialmente desde hace casi un mes.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que representa a la oposición ciudadana en las negociaciones, acusa al Gobierno de "no tener voluntad política" para encontrar una solución.
El grupo opositor basa sus señalamientos en que el Gobierno no ha cumplido los acuerdos firmados en la mesa de negociaciones, que se resumen en dos grandes temas, y obstaculizó los otros dos.
El Gobierno del presidente Daniel Ortega se comprometió a liberar a los presos políticos, y a respetar la Constitución de Nicaragua en lo referido a la libertad de expresión y de prensa.
La Alianza ha señalado que, durante las negociaciones, el Gobierno evitó tocar los temas de justicia para las víctimas de la crisis y el retorno a la democracia en Nicaragua.
También un cambio político
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) exhortó a una "transformación cualitativa" de la política local, basada en el respeto de la dignidad humana, ante la profunda crisis en el país que ha dejado cientos de muertos y presos.
La CEN, liderada por el cardenal Leopoldo Brenes, alentó la búsqueda de "una Nicaragua donde todos seamos capaces de lograr una visión de cambio que conduzca a una transformación cualitativa", para lograr una paz "perdurable, justa y coherente con los intereses de todos (...) no repetir la historia de sufrimiento, muerte, dolor y agonía".
También rechazó el estilo de Gobierno del presidente Daniel Ortega, al resaltar que "es un imperativo que en una sociedad no existan acciones de represión y persecución, propiciando, antes bien, un clima de irrestricta libertad y confianza".
Instó a que Nicaragua sea un país "donde respetemos y fortalezcamos la democracia y su institucionalidad", por lo cual apeló a la "supremacía de la ley, división de poderes y respeto a los derechos humanos", lo que exige, según los obispos, "que las estructuras de Gobierno no sean un poder arbitrario, ni la oportunidad para la repartición de cargos, prebendas y privilegios".
La CEN reclamó una "Nicaragua donde se ejerza sin restricciones la libertad de expresión" y de prensa, como "requisito fundamental para construir el orden democrático".
Además, demandó "una Nicaragua donde la paz sea el fruto de la justicia", con acuerdos "que sean duraderos y que se respeten".
El Episcopado, que ya había emitido mensajes similares en 2014 y 2016 y que en 2018 fue mediador del fracasado diálogo entre el Gobierno y la oposición, dejó claro que la "fe en Jesucristo muerto y resucitado" no les permite quedarse "al margen de los acontecimientos".
En su mensaje pascual, la Conferencia Episcopal, que declinó ser "testigo" de las negociaciones de febrero a abril pasados, destacó la necesidad de "un Estado moderno, funcional, ético y moral", para "tutelar, respetar, promover y defender" la libertad y la dignidad humana".
Resaltó la importancia de que "toda persona pueda ejercer sus derechos y libertades fundamentales al amparo de la Constitución política".
La Iglesia Católica ha tenido un rol trascendente desde el inicio de la crisis de Nicaragua. Sus sacerdotes salvaron cientos de vidas en ataques con armas de guerra por parte de las fuerzas del Gobierno, y dieron refugio a manifestantes que huían o heridos expulsados de hospitales, según organismos defensores de los derechos humanos.
