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Mujeres sentencian: La "preocupación" de Ortega por la violencia machista es falsa

En paralelo a supuesta ley contra "crímenes de odio", el régimen incrementa asedio a grupos feministas que acuerpan a las víctimas

Cifras oficiales afirman que en 2017 hubo 25 femicidios

Confidencial Digital

3 de octubre 2020

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El 2020 es el año que más femicidios se han registrado de los últimos cuatro años. Según los datos del monitoreo de Católicas por el Derecho a Decidir, entre enero y septiembre, fueron asesinadas al menos 60 nicaragüenses, 25% más que el mismo período de 2019.

Bajo el pretexto de castigar la violencia machista, el Gobierno de Daniel Ortega promueve una ley de cadena perpetua contra "crímenes de odio". Las organizaciones que trabajan por la defensa y promoción de los derechos de la mujer y la justicia contra los femicidios sostienen, sin embargo, que la iniciativa en realidad tiene fines de represión política. Además, la misma surge en paralelo a agresiones y asedio en contra de las feministas que durante décadas han acompañado y acuerpado a las víctimas.

“Nosotras no estamos de acuerdo porque no es eso lo que soluciona el problema”, señala la feminista Mirna Blandón, quien sostiene que “las medidas punitivas no son todo”, porque deben estar acompañadas “de estrategias, de prevención, de protección, de educación hacía las víctimas”.

En Nicaragua, advierte Blandón, “la violencia está incrustada en la sociedad”, y en su opinión el régimen se aprovecha "oportunistamente" de los femicidios para una ley que "no evidencia un compromiso con las víctimas”.


Felicita Alanaiz, abogada feminista e integrante de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV – Nicaragua), cuestiona: “cómo podés decir que estás a favor de los derechos de las mujeres si dejás salir a los agresores bajo indulto, sí estás en contra de las defensoras de derechos de las mujeres. Entonces no sabemos sobre qué violencia es que hablan”.

Asedio y persecución permanente contra grupos feministas

Las agresiones más recientes hacía las mujeres feministas ocurrieron el 25 de septiembre pasado, cuando agentes de la Policía Nacional, durante varias horas y sin explicación, rodearon e impidieron el acceso al movimiento de mujeres trabajadoras María Elena Cuadra (MEC). Ese mismo día, dos colaboradores, que trasladaban libros y material educativo del programa feminista La Corriente fueron retenidos y revisados por otros policías.

Además, ese viernes, en León, fue retenida por seis oficiales de la Policía Nacional la directora de la Coordinadora de Mujeres Rurales (CMR), María Teresa Fernández y el conductor que la acompañaba. La Policía había recibido una denuncia por desmantelamiento de un vehículo y al encontrar que la documentación estaba en orden, les dijeron que estaban obstruyendo la vía pública y los multarían por conducir un vehículo en mal estado y se lo llevaron.

“Desde que llegué a la Policía miré que el problema era la camiseta de la organización que llevaba puesta, hubo una policía que me jaló la chaqueta que llevaba y me dijo: ¿Son del María Elena Cuadra? Y yo le dije que no y me compuse mi suéter. Y ya el lunes, que me entregaron la camioneta, insistieron en saber quién dirige la organización y yo les expliqué que no funcionamos así”, narra Fernández.

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El martes 22 de septiembre también retuvieron en la carretera que va a Corinto, en Chinandega, a otras integrantes de la coordinadora y les preguntaron si eran del MEC. Sin embargo, a ellas las dejaron ir.

Ortega y Murillo han ignorado demandas por las mujeres

El asedio a los movimientos feministas no es nuevo. Durante los últimos años, las feministas han sido impedidas de manifestarse, han sido asediadas y retenidas. Incluso, recientemente fueron señaladas por la vicepresidenta y vocera estatal, Rosario Murillo, de ser la causa del cierre de las Comisarías de la Mujer, que duró cuatro años. Sin embargo, las feministas reclaman que ahora el régimen de Ortega está usando las muertes de mujeres, niñas y adolescentes para sus intereses políticos, como está ocurriendo con la ley de cadena perpetua, que consideran que realmente busca arrestar a los opositores.

Durante los casi 14 años de la gestión de Daniel Ortega, el Estado ha dejado desprotegidas a las mujeres, a pesar que internacionalmente se muestra como uno de los que mayor equidad de género promueve. Según denuncias de las víctimas de violencia y de los movimientos feministas, las mujeres no son escuchadas cuando denuncian, son obligadas a mediar con sus agresores y gran parte de los femicidas y responsables de violencia machista no son arrestados o los pocos que logran ser condenados, son liberados antes de cumplir su condena.

“Si realmente tuvieran una actitud más responsable deberían de tener un discurso distinto, más coherente y ubicando las causas más grandes y estructurales de la violencia machista. En su discurso deberían de hablar de cómo prevenir la violencia machista, de cómo atender a las mujeres y de qué políticas tienen para la reparación de las víctimas, deberían de mandar al Poder Judicial a que realmente ejecute las resoluciones y juicios, que la Fiscalía recepcione las denuncias”, afirma Blandón.

Reforma a Ley 779 confirma desinterés oficial

Fernández ha trabajado por 15 años por los derechos de las mujeres y fue parte del grupo que promovió la Ley 779, Ley integral contra la violencia hacia las mujeres, que es una de las leyes más duras contra la violencia, pero pronto fue reformada para desproteger nuevamente a las víctimas. La feminista señala que desde la Coordinadora de Mujeres Rurales dejaron de presionar por el restablecimiento de los derechos desde 2017, porque vieron que no hay ningún interés por parte de las autoridades.

“Desde 2017 ya no hacemos nada porque vimos que no había ninguna posibilidad, el Gobierno no tiene ningún interés en trabajar en favor de las mujeres del campo. En mayo de ese año enviamos una carta a la vicepresidenta, pero nadie nos respondió. Al igual que todas las cartas que mandamos desde el 2007 al 2016 a Daniel Ortega y que nunca respondieron”, dice.

Por su parte, Alanaiz reconoce que, aunque la persecución estatal hacia las feministas siempre ha existido, ahora se ha agudizado, poniendo en riesgo la continuidad del trabajo de apoyo, acompañamiento y acuerdamiento que vienen haciendo desde hace años.

“Yo estoy clara que al defender derechos estamos en riesgo; nos ponemos en riesgo con los agresores y con el sistema. Entonces si hay temor, pero allí vamos --afirma--. Seguimos firmes apoyando a las mujeres”.


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