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Mientras el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo celebra el 29 de junio el Día Nacional del Maestro con actos oficiales y la entrega de un bono de 1000 córdobas, los docentes aseguran que viven entre la vigilancia, el temor a perder el empleo y la presión política.
“Aquí hay dos tipos de personas: aquellas que son románticas y que dicen ‘sí señor’ a todas las orientaciones políticas porque siguen creyendo en el partido, y aquellos que solo seguimos aguantando por la misma necesidad que tenemos”, asegura Silvia, una profesora que lleva 12 años en el magisterio.
Desde la crisis sociopolítica de 2018, docentes de educación básica han denunciado despidos arbitrarios, amenazas, hostigamiento, traslados y la imposición de actividades partidarias como parte de un patrón de control dentro del Ministerio de Educación (Mined).
El régimen ha radicalizado la vigilancia política y el control partidario en contra de los empleados públicos. CONFIDENCIAL enlista las principales violaciones del régimen Ortega y Murillo:
Burla del régimen con “bono presidencial”
En 2026, el régimen entregó un “bono presidencial” a los docentes del sistema público, el cual fue distribuido con la participación de estructuras de la Juventud Sandinista (JS). Según información presupuestaria, la partida destinada a esta entrega —equivalente a 55 millones de córdobas— salió del presupuesto del Mined.
El bono consistió en un pago único de 1000 córdobas por docente y estuvo incorporado dentro del rubro de “Servicios Personales”, correspondiente a salarios y prestaciones del sector educativo.
La entrega, sin embargo, tiene un impacto limitado frente al costo de vida de los nicaragüenses. Según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), una familia puede gastar mensualmente más de 15 328.35 córdobas solo en alimentos, mientras que la canasta básica cuesta 21 372.90 córdobas, lo que reduce significativamente el beneficio.
Aunque los datos presupuestarios señalan que el bono fue entregado a unos 55 000 docentes, las estadísticas oficiales del Banco Central de Nicaragua (BCN) indican que el magisterio cuenta con 48 686 plazas a nivel nacional al cierre de 2025.
Despidos “selectivos” de maestros
Desde 2018, los docentes han sido despojados de sus plazas, sin justificación. El Mined ha argumentado en varios casos supuestas “falta a la ética” como causa de destitución, aunque maestros afectados y organizaciones magisteriales denuncian que estas decisiones responden a criterios políticos.
Entre 2018 y 2021, un total de 140 docentes fueron destituidos en las escuelas de primaria y secundaria, muchos de ellos sin que las cartas de despido explicaran una base legal concreta o un procedimiento disciplinario previo.
“Desobedeciste”, “te han visto en marchas”, “viene la orden de arriba”, dicen a los docentes despedidos sin justificación.
En 2022, los posteriores despidos invocaban el artículo 32, inciso 4 de la ley 114, Ley de Carrera Docente, que orienta se proceda con la destitución del educador “en caso de conducta que contraríe gravemente la ética profesional de acuerdo con el reglamento de esta Ley”.
Vigilados y asediados
En los centros educativos, muchos docentes afirman que se abstienen de decir o “hablar con libertad” sobre determinados temas por temor a posibles represalias. Dentro de las escuelas públicas —agregan— se vive un ambiente de vigilancia y control. “Yo soy de las que prefiere no decir nada (…) Participo en todas las actividades, pero si saliera algo negativo de mi boca en contra del Gobierno hasta presa me pueden echar”, dice Silvia.
Otros docentes han denunciado situaciones de asedio policial. En algunos casos, relataron a CONFIDENCIAL que las patrullas se estacionaban de forma constante frente a sus viviendas, generando un clima de miedo e intimidación. Ante esa situación, algunos maestros afirman que se vieron obligados a renunciar a sus cargos, mientras que otros optaron por salir del país y exiliarse.
Obligados a participar en actos públicos
En 2025, previo al 46 aniversario de la Revolución y a los actos del 19 de julio, los docentes denunciaron el uso de propaganda y proselitismo político en los centros educativos de Nicaragua.
Los estudiantes de primaria y secundaria también participan en las actividades partidarias, tal como si se tratara del mes patrio. La propaganda, incluso, involucraba a niños y niñas.
En el Estado los trabajadores públicos son obligados a realizar caminatas, portar banderas del Frente Sandinista de Liberación Nacional y celebrar hasta el cumpleaños de Ortega y Murillo. La propaganda partidaria incluso invade las escuelas todo el año.
Adoctrinamiento político
A raíz de la Rebelión de Abril, los últimos viernes de cada mes, los maestros recibían “charlas motivacionales” que “impulsan paz y reconciliación”, para rechazar “el golpismo y a esos vándalos de la derecha”.
“Llegan sus serviles a dar sus ridículas charlas de ‘educación para la paz’ cuando no se puede hablar de auténtica paz sin justicia, sin libertad de expresión, sin autonomía profesional. Por ejemplo, cuando te dicen que debés promover de grado al estudiante, aunque repruebe”, denunció una docente a CONFIDENCIAL en 2019.
Pagar “sustitutos” en caso de permisos
Aunque el Mined está obligado a otorgar permisos con “goce de salario” cuando ellos o algún miembro de su núcleo familiar se encuentren en estado grave de salud, en la práctica no se cumple.
El Mined, según la Cláusula 33 del Convenio Colectivo, debe otorgar hasta un mes de permiso con “goce de salario”. Sin embargo, los docentes han denunciado que estos derechos laborales se ven restringidos o condicionados.
Aunque legalmente, el Mined debe garantizar la continuidad de las clases mediante la contratación de un sustituto. En la práctica, esto implica que el maestro que solicita el permiso debe pagar de forma directa a su sustituto.
Suspenden pensiones de vejez
En 2025, el profesor exiliado Gabriel Putoy, integrante de la Unidad Sindical Magisterial (USM) denunció la suspensión de pensiones de vejez a docentes jubilados que en el pasado fueron sindicalistas.
Los afectados fueron líderes de organizaciones sindicales contrarias a la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (Anden), que respalda el régimen sandinista.
