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Al cumplirse el primer año del asesinato del exiliado político y mayor retirado del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, ocurrido en San José, Costa Rica, el esclarecimiento del caso se ha convertido en una “necesidad de seguridad” para la comunidad nicaragüense en el exilio. Los refugiados “necesitan sentirse seguros” en el país de acogida y el Estado costarricense tiene la “obligación irrenunciable” de protegerlos, afirman abogados.
El asesinato de Samcam, cuyo caso ya se encuentra en los tribunales de justicia costarricense, ha generado mucha incertidumbre entre los nicaragüenses exiliados. Aseguran que es el hecho más tangible de la represión transnacional de la dictadura nicaragüense y reclaman que durante el juicio se condene a los autores materiales y se establezca quiénes lo planificaron.
Llegar hasta los autores intelectuales del crimen es “el principal desafío de la investigación judicial”, advirtió el abogado de la familia Samcam, Federico Campos, durante el Foro Persecución sin Fronteras celebrado en San José al cumplirse un año del asesinato del opositor nicaragüense. Pero, continúa, “es parte del trabajo que estamos haciendo” y “esperamos que (durante el juicio) los autores materiales superen el temor que podría significarles dar las pistas que podrían llevar a los autores intelectuales”, remarcó.
Campos enfatizó que el establecimiento de quienes planificaron el crimen, ocurrido el 19 de junio de 2025, es “muy importante” no solo para tranquilidad de la familia, sino para que “los asilados políticos en el país sientan la seguridad de que aquí (en Costa Rica), valga la redundancia, están seguros y que efectivamente el Estado les está dando el respaldo que se requiere”, subrayó.
El deber de protección de los refugiados
Para el expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís (2014-2018), el esclarecimiento del caso de Samcam “no es un asunto simplemente de reivindicación ética, moral, sino que tiene implicaciones legales que no pueden pasar inadvertidas”. Enfatizó que si Costa Rica no defiende la seguridad de los refugiados pone en riesgo la seguridad nacional.
“Cuando un país es incapaz, y el Estado costarricense es incapaz, de brindar garantías para que las personas que han buscado refugio y protección efectivamente lo tengan, eso vulnera gravemente la seguridad, ya no solamente de esa población perseguida, sino de toda la población nacional”, expresó Solís.
El exmandatario recordó que el Estado costarricense tiene la “obligación irrenunciable” de brindar protección a los refugiados. “Una protección que va mucho más allá de la seguridad física, jurídica o material, y que tiene que ver con factores estructurales”. Pero, para garantizar esa seguridad, el Estado “tiene que tener la voluntad política”, algo que en este momento, señaló, “no es suficiente”.
La voluntad política de las autoridades
Solís y Campos coinciden en que la voluntad política es “fundamental” para garantizar la protección de los refugiados y lamentan que en los últimos años el Poder Ejecutivo haya relegado el tema.
Para Campos, “a diferencia de las autoridades gubernamentales”, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía “se han tomado con mucha seriedad” el asesinato de Samcam. “Tanto así que en menos de un año, el caso, desde el punto de vista de los autores materiales, ya está resuelto, ya ellos están acusados. Solo vamos a la audiencia preliminar”, comentó.
“Pase lo que pase en perjuicio de los refugiados en este país todavía, por lo menos, hay un Poder Judicial que los respalda. El mejor ejemplo ha sido la causa de Roberto (Samcam). Claramente eso es sumamente importante para su seguridad (de los refugiados), para su estabilidad, y para que de alguna manera sientan que la obligación del Estado costarricense está presente”, agregó Campos.
Mientras tanto, Solís apuntó la necesidad de una “renovación” de la Dirección de Inteligencia y Seguridad del Estado (DIS).
“Nosotros seguimos con una acción de inteligencia y seguridad que a veces juega de policía política”, advirtió el expresidente. A pesar que existe toda clase de rumores “sobre la contrainteligencia que la dictadura nicaragüense tiene metida en Costa Rica y que se ha articulado de la propia representación diplomática de Nicaragua en nuestro país”, agregó.
Sobre es te punto, Campos manifestó que espera que el caso de Samcam “sirva para denunciar todo lo que hay que denunciar, pero también para que se hagan las enmiendas que se requieren en el Estado costarricense para que los refugiados políticos se sientan protegidos”, concluyó.
