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Juan Carlos Arce: Régimen “construyó un sistema para torturar en toda Nicaragua”

El defensor de derechos humanos señala que los principales “verdugos” son comisionados y agentes policiales, funcionarios cárceles y alcaldías del FSLN

Antimotines en Managua

Policías antimotines circulan por una calle de Managua, cercana a un centro financiero. Foto: Confidencial

Redacción Confidencial

1 de junio 2023

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El régimen de Daniel Ortega ha configurado “un sistema para torturar” en toda Nicaragua, revelan los testimonios de 158 nicaragüenses —28 mujeres y 130 hombres— víctimas de abusos, documentados por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + y presentado en su octavo informe de tortura. 

“Logramos confirmar que, en Nicaragua, se construyó toda una estructura operativa (para torturar)”, señaló el abogado Juan Carlos Arce, miembro del Colectivo, quien destacó que la mayoría de los verdugos eran “agentes policiales, funcionarios de centros de penitenciarios, de gobiernos locales y de otras instancias”.


“El comisionado (general) Ramón Avellán está señalado ocho veces y hay una persona de rango medio que ha sido señalada 16 veces. En el momento que en Nicaragua podamos abrir procesos de justicia, (es fundamental) tener identificados con nombre y apellido a los perpetradores, para la apertura y el sostenimiento de cualquier proceso investigativo”, explicó Arce en una entrevista con el programa Esta Noche.

Entre la lista de implicados se encuentran el primer comisionado y consuegro de Ortega, Francisco Díaz, quien fue denunciado, en una ocasión, por ejercer amenazas contra un preso político. Asimismo, fueron incluidos nueve comisionados generales: Fidel Domínguez (León); Luis Barrantes (Masaya); Pedro Argueta (Carazo); Luis Alberto Pérez Olivas (Dirección de Auxilio Judicial); Marvin Castro (Jinotega); Adolfo Marenco, Juan Valle Valle, y Vladimir Cerda.

“Dos personas entrevistadas fueron víctimas de desprendimiento de uñas; en ambos casos, estuvo presente el comisionado general, Ramón Avellán, quien dirigió los actos de tortura en su contra”, se lee en el informe.

Para Arce, las torturas fueron “una actuación coordinada, en la que paramilitares le entregaban a personas detenidas a la Policía y esta procedía a torturar. El mayor número de casos de tortura es en manos de la Policía, pero cuando la tortura se implementó en manos de paramilitares esta fue mucho más cruel”. 

Evolución de la tortura 

La dictadura ha desarrollado al menos 40 métodos de tortura, entre estas: la simulación de ejecuciones, la incomunicación, el aislamiento, los malos tratos verbales, la inducción al suicidio, la ruleta rusa, la sobrecarga sensorial, la irrupción del sueño, la coacción a ingerir drogas, la privación de alimentos, la intoxicación, la desaparición temporal forzada, el hacinamiento y la privación de atención médica.

Entre los métodos relacionados a la violencia física, se señalan la asfixia seca, la asfixia húmeda y principalmente, la violencia sexual, que evidencia la saña y la violencia brutal, ejercida, en su mayoría, contra mujeres.

“Toda estas acciones estaban encaminadas a generar daño, a destruir físicamente a las personas que estaban privadas de su libertad”, expresó Arce. Desde 2019 a la fecha, la tortura ha evolucionado, pasando de abusos físicos, infringidos para “desbaratar tu cuerpo” a una tortura más sensorial, evidenciada en los últimos reos políticos que estuvieron en El Chipote, y que fueron desterrados en febrero pasado.

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El régimen orteguista no solamente se ensañó con los presos políticos, sino también extendió las torturas a sus familiares, quienes fueron víctimas de desnudez forzada y padecieron el aislamiento y la incomunicación a la que fueron sometidos los reos de conciencia en las cárceles. 

Las denuncias de torturas físicas iniciaron casi desde el mismo momento que estalló la Rebelión Cívica en 2018, y que fue duramente reprimida por Ortega, dejando al menos 355 víctimas mortales, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Como parte del estudio, el Colectivo identificó también al menos 33 centros policiales, incluyendo el viejo y nuevo “Chipote”, siete establecimientos penitenciarios y cuatro centros clandestinos, donde se cometió tortura.

Los municipios con centros clandestinos fueron: Jinotepe, Diriamba, Sébaco, Poneloya, Masaya, Managua, León y Matagalpa. Según dos denuncias, la casa departamental del Frente Sandinista en Matagalpa funcionaba como un centro irregular, lo mismo ocurrió con la Alcaldía de Diriamba.

“Utilizaron edificaciones de los Gobiernos locales para torturar, funcionarios de Gobiernos locales torturaron y dieron la orden a fuerzas paraestatales para torturar”, refirió el abogado Arce.

Buscar más evidencias

El defensor comentó que la “principal evidencia” es el testimonio de las víctimas: “el cuerpo de las víctimas es el cuerpo del delito”. En ese sentido, explicó que se puede contar con un análisis interdisciplinario, en el que participan un médico, un psicólogo y un abogado para determinar si una persona ha sido víctima de tortura.

A este análisis se le sumarían las múltiples acusaciones de víctimas contra sus perpetradores. “Esos son elementos fundamentales”, subrayó el defensor de DD. HH., quien reconoció “que hace falta mucho trabajo, y eso es lo que tenemos las organizaciones, no solamente nicaragüenses, sino internacionales porque Nicaragua es un territorio de tortura.

Recordó que la tortura es uno de los crímenes que más posibilita señalar a los responsables y acusar a personas específicas. Estas violaciones son parte de los crímenes de lesa humanidad corroborados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), y liderados por Ortega y Rosario Murillo, desde la Rebelión Cívica de 2018.

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Redacción Confidencial

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Confidencial es un diario digital nicaragüense, de formato multimedia, fundado por Carlos F. Chamorro en junio de 1996. Inició como un semanario impreso y hoy es un medio de referencia regional con información, análisis, entrevistas, perfiles, reportajes e investigaciones sobre Nicaragua, informando desde el exilio por la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

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