13 de junio 2020
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La pandemia de covid-19 ha situado en segundo plano la crisis sociopolítica que Nicaragua atraviesa desde 2018, cuando el régimen de Daniel Ortega desató una furiosa represión, dejando 325 muertos confirmados entre abril y septiembre de ese año, y 853 presos políticos, de los cuales 767 han sido excarcelados, pero 86 permanecen en prisión.
Pese a la emergencia sanitaria, el régimen mantiene invariable su decisión de no excarcelar a más reos de conciencia, mientras también continúa el acoso contra decenas de excarcelados, que incluso han tenido que desplazarse de sus casas y ciudades de origen en busca de resguardo… o respiro.
El estado policial de facto, impuesto en septiembre de 2018 para desmontar las protestas ciudadanas, se caracteriza por el asedio, el hostigamiento y la persecución contra los opositores, que para muchos excarcelados se ha convertido en una puerta giratoria con la captura y recaptura de parte de la Policía o grupos paramilitares. Al cumplirse un año de la excarcelación de los principales líderes de la protesta ciudadana, al menos el 20% de los 86 presos políticos en prisión corresponden a excarcelados.
La pandemia de la covid-19 no solo ha eclipsado la demanda sostenida desde 2018 por la libertad total para los reos políticos y el cese del hostigamiento, sino que interrumpió el proceso de entender y dimensionar la situación de los presos políticos en Nicaragua, desde sus historias personales hasta las consecuencias de una política deliberada para acallar las voces disidentes.
En medio de la pandemia, CONFIDENCIAL reconstruye y perfila a los presos políticos, tras un análisis de tres meses sobre los datos, listas e informaciones recogidas por diversas fuentes desde octubre de 2018 hasta la fecha, que incluyen informes del Monitoreo Azul y Blanco, de organismos de derechos humanos y de organizaciones de familiares de presas y presos políticos; y también las historias y testimonios que ayudan a entender a este grupo de personas que antes de abril de 2018 tenían oficios, sueños y aspiraciones, que cambiaron cuando se sumaron a las protestas y fueron encarcelados, y que muchos no han recuperado aún fuera de la prisión.
El perfil de los presos políticos excarcelados
Un 71% los presos políticos eran hombres entre los 15 y 40 años. La mayoría originarios de Managua. Sin embargo, hubo un porcentaje representativo de Carazo, Masaya, León y Matagalpa, precisamente las ciudades donde se registraron fuertes protestas, numerosas barricadas y tranques. La represión estatal fue, por tanto, más cruenta en esos lugares, que también tuvieron el mayor número de muertes de manifestantes, ejecutadas por la Policía y fuerzas paramilitares, según pudimos constatar en una lista levantada y verificada por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
Finalmente, los oficios y las profesiones de los presos políticos, son muy variados. Destacan entre ellas, estudiantes, comerciantes, obreros, transportistas, abogados, productores dedicados a la ganadería y la agricultura, expolicías, exmilitares y periodistas.
El 60% de los reos políticos permaneció en prisión en la cárcel La Modelo y el 4.6% de las mujeres arrestadas por motivos políticos fue enviada a la cárcel La Esperanza. Además, la mayoría de ellos también tuvo una primera estadía en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como “El Chipote”, donde sufrieron torturas.
Vicios e irregularidades en los procesos judiciales
El proceso de liberaciones masivas inició en 2019, como condición para establecer la Mesa de Negociación entre la Alianza Cívica y los representantes del Gobierno de Ortega. Entre el cinco de abril y seis de junio de ese año hubo 243 excarcelaciones. Tras con la aprobación de la Ley de Amnistía, el ocho de junio de 2019, el régimen excarceló a 103 presos políticos más.
El 70% de los presos políticos que han sido excarcelados estuvieron recluidos entre 1 y 400 días. Sin embargo, hubo un 4% que permaneció hasta 598 días.
En Nicaragua, los presos políticos sufrieron torturas, aislamiento y procesos judiciales llenos de vicios e irregularidades, según han denunciado familiares y defensores de los derechos humanos, comenzando por el prolongado período de tiempo en prisión, muchas veces sin condena firma o una acusación formal.
Durante la reclusión, 296 reos de conciencia fueron condenados, algunos con penas exorbitantes, como las impuestas a los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, condenados a 216 y 210 años de cárcel, respectivamente, cuando en Nicaragua la pena máxima es de 30 años de prisión.
Además, hubo casos en que las autoridades dictaron orden de libertad para algunos presos y el sistema penitenciario no acató. Otros 365 fueron procesados por diversos delitos, la mayoría vinculados a supuesto “terrorismo”.
Además, hubo al menos tres casos de presos políticos que fueron excarcelados entre octubre de 2018 y diciembre de 2019 y que fueron arrestados nuevamente, como la estudiante Amaya Coppens.
*Este reportaje es parte de la serie especial de CONFIDENCIAL: “Presos políticos de Nicaragua”
