9 de agosto 2023
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo capturó, entre enero y julio de 2023, a 26 colonos invasores de tierras indígenas en la Región Autónoma del Caribe Norte (RACCN); pero mantiene oculto a cuántos de estos ha juzgado o puesto en libertad. De tal manera que los crímenes cometidos en los territorios indígenas del país continúan en la impunidad.
El primer grupo de 24 colonos (22 hombres y dos mujeres) fue detenido por pobladores de la comunidad indígena de Musawás, en el centro de la Reserva Bosawás, en Bonanza, Caribe Norte de Nicaragua, y entregado a las autoridades nacionales el 26 de enero de 2023. Ese mismo día la Policía informó que fueron trasladados al centro penitenciario Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”.
“Dijeron que los iban a investigar y después ya no se supo nada, no hay información pública. Aquí pasan las cosas y ahí quedan, la Policía no informa ni actualiza qué pasó con esas 24 personas que fueron detenidas in fraganti, al momento de invadir tierra y amenazar a indígenas”, explicó un abogado especialista en derechos humanos de pueblos indígenas.
Una nota de prensa del Ministerio Público indicó que el 27 de enero se realizó una audiencia especial de garantías constitucionales, en la que se amplió el periodo de investigación policial hasta 90 días. Por lo que este grupo de colonos debió ser procesado o puesto en libertad a finales de abril de 2023.
“Mueven influencias para liberarlos”
A pesar de que a estas personas nunca se les identificó con nombre y apellido, el fin de los 90 días de investigación coincidió con unas denuncias de líderes indígenas sobre que dos dirigentes políticas “movieron influencias” para liberar a los colonos. Los indígenas señalaron de esta acción a la diputada sandinista del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Élida Galeano Cornejo, conocida como “Comandante Chaparra”, y a la coordinadora general del Gobierno Territorial Indígena Mayangna Sauni As, Brenda Taylor Frank.
En una carta compartida por el ambientalista, Amaru Ruiz, en los primeros días de mayo se lee donde la diputada sandinista le pidió al jefe de la Policía Nacional de Bonanza, Oscar Alemán, liberar a José Reyes Martínez, quien supuestamente es miembro de la Asociación Resistencia Nicaragüense Israel Galeano y del Movimiento Político Alianza Resistencia ARNIC-FSLN. Sin embargo, ha sido identificado como invasor del territorio indígena.
El grupo Guardabosques Sauni As denunció en su cuenta de Facebook que Taylor Frank, y Valeriano Antolin, del Consejo Territorial, ambos con influencia sandinista, negociaron la liberación del colono Juan Mejía, quien fue detenido por la Policía de Bonanza por usurpar una propiedad de manera ilegal y amenazar a líderes comunitarios, con su abogado.
También un comunitario de Alal, que solicitó anonimato por temor a represalias, dijo que las autoridades nacionales “no comunican nada” sobre el caso de los colonos detenidos y advirtió que, a pesar de la detención de este grupo, “continúan matando indígenas” en la reserva de Bosawás.
Indígenas señalan hasta 120 atacantes
El segundo grupo de colonos detenidos fue presentado por las autoridades del régimen el pasado 22 de julio de 2023. A ellos se les vincula con una banda delincuencial denominada “Chabelo”, que es señalada por los comunitarios por usurpar sus tierras ancestrales, quemar comunidades enteras, violar mujeres y el asesinato de una veintena de indígenas en los últimos tres años.
Los dos detenidos son: Rafael Mendoza Escoto, conocido como “Chabelo”, y Darling Antonio Dávila Escoto, alias “Barril”, quienes habrían sido trasladados al centro penitenciario Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”.
Sobre estos últimos detenidos “no se sabe si están siendo procesados”, advirtió el especialista en derechos humanos de pueblos indígenas. Sin embargo, las autoridades del régimen “dicen que han detenido a dos personas, mientras la gente (de las comunidades) habla de bandas de 60, de 80, 120 hombres armados”, comentó.
Según la Policía, Mendoza y Dávila son responsables de varias matanzas en comunidades indígenas, entre ellas la ocurrida el 21 de agosto de 2021 en Kiwakumbaih, que dejó 13 fallecidos y dos mujeres sobrevivientes a violación y la masacre ocurrida en la comunidad de Alal, en enero de 2020, en la cual murieron seis indígenas y quemaron 15 viviendas.
También se les señaló del asesinato de cinco personas en la comunidad mayangna Wilú, ubicada en Bonanza, donde incendiaron tres viviendas y una iglesia morava. Además, los responsabiliza como autores de siete asesinatos cometidos entre julio de 2020 y abril de 2022.
El especialista advirtió que el hecho de que estas personas hayan sido capturadas y presentadas por la Policía, no necesariamente significa que vayan a ser juzgadas y condenadas por los delitos que se les imputan.
Recordó que “después de la masacre de Alal había un colono que era de apellido Acosta (Léster Isaías Orozco Acosta) que la Policía salió diciendo que es del grupo de Chabelo, lo detuvimos con armas de guerra, con marihuana, con no sé qué, y después lo soltaron”.
Situación de cuatro indígenas presos
Valoró que “hay una inconsistencia de las autoridades”, puesto que “la gente siempre ha dicho que ha sido esa banda de Chabelo la que ha causado todo ese daño”. No obstante, mantienen presos y condenados a cadena perpetua a cuatro indígenas mayangnas: Arguello e Ignacio Celso Lino, Donald Andrés Bruno Arcángel y Dionisio Robin Sacarías, por cometer supuestamente la masacre en la mina de Kiwakumbaih.
Los cuatro indígenas mayangnas condenados a cadena perpetua cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y medidas provisionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en junio de 2023 exigieron al Estado de Nicaragua que “de forma inmediata proceda a su liberación y adopte las medidas necesarias para proteger eficazmente su vida, integridad personal, salud y libertad personal”.
“Los únicos que realmente sabemos que están presos en La Modelo son estos cuatro mayangnas, de los otros no se sabe”, comenta el especialista. “Esa falta de información por parte del Estado es peligrosa e ilegal”, subrayó.
