21 de enero 2025

Dos años de destierro, intentos de sanar y sobrevivir, y el deseo de volver a Nicaragua

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Azahálea Solís: Están exhibiendo un mensaje de “terror”; Juan Pappier, experto de HRW, “son imágenes aterradoras”, “una barbaridad jurídica”
Juramentación de encapuchados supuestos policías voluntarios, en León, el 20 de enero de 2025. // Foto: CCC
La Policía Nacional ha juramentado a miles de paramilitares encapuchados en los departamentos de Estelí, León y Madriz, que supuestamente forman parte de la “Policía Voluntaria”.
Un cuerpo armado ilegal de paramilitares que el propio Daniel Ortega bautizó en julio de 2018 como “Policía Voluntaria”, y justificó que por la supuesta peligrosidad de sus operaciones debían circular encapuchados.
“Es un mensaje de terror” para aplastar la resistencia que hay en Nicaragua, pero el mismo régimen se está exhibiendo “en una vitrina”, considera la abogada constitucionalista Azahálea Solís. Por su parte, Juan Pappier, experto en derechos humanos de la organización Human Rights Watch (HRW), calificó de “aterradoras” las imágenes que los “policías voluntarios” encapuchados, que “recuerdan a los cuerpos parapoliciales de 2018”.
En una conversación en el programa Esta Semana que se transmite en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, debido a la censura televisiva en Nicaragua, Solís y Pappier analizaron las implicaciones de la Constitución “Chamuca”, que entrará en vigencia tras su aprobación a finales de enero y que, entre otras aberraciones jurídicas legaliza a los paramilitares y la apatridia.
“Nicaragua se expone a un litigio internacional y ojalá haya Estados que se atrevan a llevar ante la Corte Internacional de Justicia, un caso contra Nicaragua, porque las evidencias no pueden ser más claras de que se están violando las obligaciones internacionales en materia de apatridia con las más de 450 personas que han sido privadas de su nacionalidad, y con esta consagración constitucional de esta barbaridad jurídica”, advirtió Pappier
En la Asamblea Nacional se está aprobando la nueva Constitución “Chamuca”, a la medida de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que entrará en vigencia a finales de este mes de enero. Empecemos con el tema de los miles de encapuchados que han sido juramentados por la Policía Nacional. ¿Son policías voluntarios o son paramilitares? ¿Por qué se incorpora en la Constitución este cuerpo armado que dejó una estela de terror en 2018?
Azahálea Solís: Esa es la la dimensión de terror que ellos representan. Cuando surgieron los encapuchados en el año 2018 hubo distintas versiones, la que ha prevalecido es la que dio Daniel Ortega de que en realidad se trataba de “Policías Voluntarios”. Fue la manera que encontraron de darle una aparente legalidad a semejante atropello a la vida de la gente y a la libertad de las personas.
Es una buena manera de presentar la situación de Nicaragua porque quedan destapados, queda completamente al aire la posición del gobierno de juramentar a personas que están encapuchadas, ellos están dando la razón de que en el año 2018 esos encapuchados llamados “policías voluntarios” debían estar con la cara cubierta por lo que estaban haciendo. Están poniendo en vitrina esa medida que tomaron.
En otros países de América Latina hemos visto oficiales que pertenecen a cuerpo antinarcóticos o antiterroristas cuya identidad se protege ante el crimen organizado. Pero ¿hay algún antecedente de un cuerpo policial masivo como este de Nicaragua que supuestamente es voluntario pero que los juramentan con capuchas?
Juan Pappier: No recuerdo antecedentes similares de las imágenes aterradoras que hemos y que me recuerdan a los cuerpos parapoliciales de 2018. No conozco otros antecedentes en la región. Tenemos varios gobiernos como el venezolano, que utilizan civiles armados en colaboración con las fuerzas de seguridad. En el caso de Venezuela son los “colectivos, pero este esfuerzo por legalizar a estas fuerzas ilegales, y hacerlo con figuras encapuchadas, parece propio de los paramilitares colombianos. Son imágenes realmente aterradoras.
La Constitución que se está aprobando en este mes elimina los poderes del Estado, elimina la separación de poderes, la autonomía de los poderes del Estado y se impone una centralización total. Es decir, no hay ningún control, ni rendición de cuentas. ¿Qué implicaciones tiene esto para el funcionamiento del país, para la corrupción oficial, y para la “corrupción no autorizada”?
Azahálea Solís: Se autoriza no solamente la corrupción, sino la represión y la persecución a la ciudadanía nicaragüense, o a ciudadanos que están en Nicaragua que pueden ser incluso no nicaragüense. Todo esto ya lo han hecho. La separación de poderes, en realidad la legalizaron en el año 2008, la centralización del poder lo hicieron inmediatamente con el Decreto 3-2007, un decreto de enero del año 2007, ahora le están dando un un cariz aparentemente constitucional. Digo aparentemente, porque la Constitución tiene que garantizar derechos y lo que se está haciendo es antiderechos.
Entonces sí va a tener una repercusión muy fuerte, en términos reales y en términos simbólicos, porque están elevando al máximo nivel jurídico el atropello y la violación de derechos humanos. Lo que se está haciendo es una manera instrumental de negar los derechos.
Entre los artículos que se aprobaron esta semana se eleva a rango constitucional la apatridia, el despojo de la nacionalidad y también el supuesto delito de traición a la patria queda incorporado en la Constitución como un delito político. ¿Qué implicaciones tiene esto a nivel internacional?
Juan Pappier: La consagración constitucional en este esperpento que están discutiendo quitarle la nacionalidad a los “traidores a la patria”, es una violación flagrante de las obligaciones internacionales de Nicaragua bajo el derecho internacional. Contradice abiertamente la Convención contra la Apatridia de 1961 y expone más a Nicaragua a litigio internacional en esta materia y ojalá haya Estados de la región y del mundo que se atrevan a llevar, por ejemplo, ante la Corte Internacional de Justicia, un caso contra Nicaragua porque las evidencias no pueden ser más claras de que aquí se están violando las obligaciones internacionales en materia de apatridia con las más de 450 personas que han sido privadas de su nacionalidad y con esta consagración constitucional de esta barbaridad jurídica.
Dice la Constitución que el Presidente y la Presidenta deben ser elegidos por el voto popular. Pero al entrar en vigencia esta Constitución a finales de enero, Rosario Murillo pasará a ser copresidenta sin ser electa? ¿Cuál es el balance de poder entre el copresidente y la copresidenta?
Azahálea Solís: Ella ha sido copresidenta desde hace mucho tiempo, y no han tenido ningún problema en asumir cargos sin tener los votos. En el 2011 hubo un enorme fraude electoral y ellos cambiaron la Constitución con ese fraude electoral en el 2015, cuando se otorgaron por lo menos 11 diputados nacionales producto de ese fraude.
El objetivo político de esto, es elevar a la Rosario Murillo a la Presidencia y poder tener a mano la posibilidad de nombrar a los vicepresidentes que quieran. No van a esperar una elección, tendrían que esperar por lo menos un año, y no hay tiempo para ellos. Ellos han demostrado que lo jurídico es una carga, pues simplemente están dándole una forma jurídica a algo que es un atropello político.
El informe mundial de Human Rights Watch, que se divulgó esta semana en el caso de Nicaragua, destaca que desde finales de 2018 todos los organismos internacionales de derechos humanos fueron expulsados de Nicaragua, de la ONU, de la OEA, organismos independientes, es decir, los ciudadanos nicaragüenses han estado más de cinco años en un estado total de indefensión. ¿Son viables las alternativas de justicia internacional?
Juan Pappier: El informe que publicamos es un análisis de la situación de derechos humanos en 100 países de todo el mundo y tenemos un capítulo para Nicaragua, documentando la concentración total del poder por parte de Rosario Murillo y Daniel Ortega y la falta de protección para los nicaragüenses, porque no hay independencia judicial en el país y porque no se permite la labor de los organismos internacionales de la ONU o de la OEA.
Creo que hay que buscar la única vía que nos queda, que es la Justicia a nivel internacional, con distintos mecanismos. Uno de ellos es presentar un caso frente a la Corte Internacional de Justicia por las violaciones a la Convención de Apatridia o la Convención contra la Tortura. Y otro de los mecanismos es la justicia universal. Ha habido, anuncios recientes en Argentina, por parte de un juez muy cuestionable, pero es importante en materia de jurisdicción universal y hay que avanzar para que las víctimas nicaragüenses tengan justicia, porque hoy es imposible que eso ocurra en Nicaragua.
Mucho de lo que está en esta Constitución se ha venido haciendo de manera ilegal en Nicaragua en los últimos años, empezando por los paramilitares encapuchados, pero ¿qué implicación tiene que ahora todo esto quede escrito en una Constitución?
Azahálea Solís: Yo decía que a nivel real y simbólico va a ser muy fuerte para la ciudadanía. Detrás de esto hay una cuestión que ellos no han podido destruir. Es una resistencia, aunque no sea vociferante que se mire en la calle, pero sí hay una resistencia. Y los organismos internacionales de derechos humanos han podido monitorear lo que ha estado pasando en Nicaragua desde 2018 precisamente por ese nivel de resistencia.
Esto va dirigido a destruir ese capital de resistencia que hay en el país, no solamente por la vía de los hechos, sino de usar el derecho con aparentemente legalidad. Esto va dirigido a destruir esos focos de resistencia que siguen persistiendo en Nicaragua. La información que se sabe de Nicaragua es porque la gente de Nicaragua la da, a pesar de la represión, esta dimensión hay que tenerla en consideración y trabajar sobre ella.
Pero qué nivel de legitimidad puede tener esta Constitución que todo mundo sabe que se está realizando a través de un proceso que es completamente ilegal, y en segundo lugar, que es violatoria de todos los principios fundamentales de derechos humanos.
Azahálea Solís: En Nicaragua es ilegal todo esto desde el año 2011, a partir del fraude, a partir de la mayoría artificial y fraudulenta que se dieron con las elecciones del 2011. Las ilegalidades de Nicaragua ya están en el ADN del Gobierno Ortega-Murillo. Ellos no están buscando mayor legitimidad dentro de Nicaragua, lo que que están buscando es afinar aún más el terror y están jugando con que a nivel internacional estamos viendo gobiernos que, independientemente del signo ideológico que sean, entran a desbaratar la separación de poderes y están buscando cómo centralizar y anular los mecanismos juridicos constitucionales que han sido parte de la modernidad en los úñtimos 200 años, y ellos están en ese orden.
El informe de Human Rights Watch es bastante claro y contundente en relación a lo que esto significa. ¿Pero cuál es el estado general en la comunidad internacional?
Juan Pappier: La inmensa mayoría de la comunidad internacional tiene claro cuál es el récord de derechos humanos del gobierno de Daniel Ortega. Estados Unidos, la Unión Europea han impuesto sanciones, incluso recientemente se ha anunciado una investigación por el impacto de las violaciones a derechos humanos en las prácticas comerciales en Nicaragua, es una investigación que se realizará en Estados Unidos. Ortega ha quedado solamente acompañado de dictadores como Nicolás Maduro, como Díaz-Canel, e intentando generar relaciones con Rusia, con China, para mantenerse con cierta compañía a nivel internacional.
La enorme mayoría de la comunidad internacional entiende que estamos ante un tirano que viola los derechos humanos de forma sistemática y generalizada. Ahora hay que avanzar hacia un esfuerzo de coordinación de la respuesta internacional frente a lo que ocurre en Nicaragua. Tenemos críticas de gobiernos tanto de derecha como de izquierda. Ahora lo necesario es que se junten y se coordinen estrategias para presionar de forma efectiva a este gobierno.
Azahálea Solís: También hay que hacer uso de la justicia extraterritorial, no solamente la universal. Hay personas que fueron reprimidas en Nicaragua, que tienen otras nacionalidades, y entonces pueden acudir a los tribunales de sus propios países para presentar causas contra Daniel Ortega y Rosario Murillo, haciendo uso del derecho penal.
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Periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica. Fundador y director de Confidencial y Esta Semana. Miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Ha sido Knight Fellow en la Universidad de Stanford (1997-1998) y profesor visitante en la Maestría de Periodismo de la Universidad de Berkeley, California (1998-1999). En mayo 2009, obtuvo el Premio a la Libertad de Expresión en Iberoamérica, de Casa América Cataluña (España). En octubre de 2010 recibió el Premio Maria Moors Cabot de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. En 2021 obtuvo el Premio Ortega y Gasset por su trayectoria periodística.
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