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Una nueva investigación de los documentalistas de Patrullaje, sobre la ganadería ilegal que está despalando las reservas de Bosawás e Indio Maíz, en los territorios indígenas Mayangnas y Rama Kriol, demuestra que, a pesar de las denuncias que se han hecho desde hace varios años, “hay una impunidad generalizada, una permisividad de parte de las autoridades en estas zonas, donde la ganadería no está permitida, no hay voluntad política para frenar la ganadería ilegal, y regular el mercado de suministro a los mataderos de la carne que se exporta a Estados Unidos”, dice el periodista y documentalista Camilo de Castro.
El equipo de Patrullaje y la oenegé internacional Re:Wild lanzaron una campaña internacional para alertar a los consumidores de carne en Estados Unidos que no consuman carne en conflicto, que podría originarse en las fincas de ganado ilegales que siguen operando en las áreas protegidas.
En una conversación con el programa Esta Semana que se transmite en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, debido a la censura televisiva en Nicaragua, de Castro, presentó nuevas evidencias de la ganadería ilegal, y abogó para que todos los actores, “el Estado, el sector privado, los mataderos y ganaderos, y las organizaciones involucradas puedan sentarse a ver cómo regular mejor el sector” de las exportaciones de carne.
“Este es un problema real, Nicaragua el año pasado (2024) tuvo la mayor pérdida de bosque primario en el mundo, perdimos 4.7% de nuestro bosque primario. El año anterior (2023) perdimos 4.2% del bosque primario, casi 10% de nuestro bosque primario en dos años. Es un problema muy serio y necesitamos que los actores involucrados en estas actividades reconozcan que existe un problema, y eso no está sucediendo, lo que hay es una intención de ocultarlo”, dijo de Castro.
En esta nueva investigación, después del documental Patrullaje, se presentan nuevas evidencias de fincas ilegales que siguen operando en zonas protegidas de la reserva Indio Maíz y también en la reserva de Bosawás y en territorios indígenas, y que algunos mataderos están procesando esa carne y exportándola a Estados Unidos. ¿Qué evidencias identificaron en la Reserva Indio Maíz y en el territorio Rama Kriol?
Esta investigación se enfocó en documentar los mecanismos mediante los cuales el ganado criado ilegalmente en territorios indígenas y áreas protegidas, en Mayangna Sauni Bas de Bosawás y el territorio Rama Kriol en la Reserva Biológica Indio Maíz, es incorporado en la cadena de suministro y termina siendo comercializado en mercados internacionales.
Hicimos una selección de casos, un análisis del sistema de trazabilidad, obtuvimos documentación de la cadena de suministro, y le dimos seguimiento a varios casos que hemos venido investigando desde hace ya más de cinco años. En Indio Maíz nos enfocamos en un caso que se denunció en 2017 por parte el Gobierno Territorial Rama Kriol de José Solís Durón, un ganadero de Nueva Guinea que se asentó en la zona núcleo de Indio Maíz y que se denunció por haber despalado más de 2000 manzanas.
Además, guardabosques ramas encontraron más de 40 cabezas de ganado en ese lugar y este ganadero, a pesar de las denuncias, y que el mismo Gobierno creó una comisión interinstitucional que fue a la finca en 2017 y quemó la finca, y que un informe de Marena decía que había que procesarlo para sentar un precedente, en 2021 los guardabosques regresaron a la zona, y encontraron que había ganado nuevo ahí.
Logramos conseguir información de los aretes del ganado que encontraron en 2021 los guardabosques, obtuvimos información de la base de datos del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, y esa información revela que este ganadero sigue operando ahí y sigue recibiendo chapas de parte del IPSA. Varias chapas que tenían esos animales venían de un lote de 50 400 pares que fue entregado al IPSA el 17 de enero de 2020 y después fueron entregados a José Solís Durón por parte de Catalino Gutiérrez González, que era, en ese entonces, el jefe del IPSA en Nueva Guinea y que ahora es el vicealcalde de Nueva Guinea.
No hay un seguimiento, no hay una voluntad de detener estas actividades ilegales y que este ganadero Solís Durón sigue operando ahí. Ahora él ha ampliado su operación, además, tenemos imágenes satelitales donde podemos ver cómo ha aumentado el área donde él opera, y además es un comprador de ganado en esa zona. Hay una impunidad generalizada, una permisividad de parte de las autoridades que hace que este tipo de práctica continúe en esta zona donde la ganadería no está permitida.
En la Reserva de Bosawás, ustedes identifican varias fincas ilegales que están operando en la en la zona núcleo de Bosawás, en el territorio Mayangna Sauni Bas. ¿Quiénes son estos finqueros ilegales y quién los financia?
Hay un sistema que está diseñado para facilitar la comercialización del ganado. En el territorio Mayangna Sauni Bas hicimos un mapeo de toda la infraestructura ganadera que hay en la zona de amortiguamiento y encontramos que hay 86 puntos, de donde se acopia ganado en 35 comunidades. Logramos identificar a un grupo de acopiadores grandes que crían entre 100 y mil terneros cada dieciséis meses dentro y fuera de la reserva.
Son personas conocidas en la zona por ser compradores de ganado, y tienen relaciones con ganaderos que están asentados en las áreas protegidas. En los territorios indígenas nos enfocamos en un puerto de montaña, Guzma, donde hay un mayor flujo de ganado. Hicimos un sondeo en 17 fincas de ganaderos ilegales, para entender mejor cómo están comercializando su ganado, y hay una gran dependencia de estos ganaderos pequeños y medianos en los intermediarios que se encargan de legalizar todo este ganado. Algunos están vinculados al Frente Sandinista, uno de los mayores acopiadores en Sauni Bas es Enrique Urbina Leiva, un diputado del FSLN, muchas veces estos acopiadores tienen vínculos económicos con el régimen o son parte de esas estructuras.
Documentamos casos de ganado engordado dentro de la zona núcleo de Mayangna Sauni Bas, un territorio que ha perdido la mitad de su bosque en los últimos 15 años y ese ganado fue legalizado sin ningún problema. Le dimos seguimiento a un animal con chapa, otro sin chapa, la Alcaldía de Siuna, que tiene la obligación por ley de extender los permisos de transporte para el ganado lo hicieron de manera expedita, sin hacer ninguna pregunta. A pesar de que el ganado venía de un área protegida, en cuestión de horas extendieron los permisos para que el acopiador pudiera trasladar el ganado hacia una finca donde terminan de engordarlo para después llevarlo a los mataderos.
La premisa de esta investigación es que la ganadería ilegal es la principal causa de deforestación en las áreas protegidas y en los territorios indígenas. ¿Existen datos para comprobarlo?
Ese ha sido siempre un tema contencioso, los ganaderos argumentan que la mayoría del ganado no viene de esas zonas. Pero un estudio que hizo el mismo Gobierno en 2021 revela que solo en la Costa Caribe Sur y en la zona de Río San Juan se encuentra un 25% del hato ganadero, 1.3 millones de cabezas de ganado. Ese ganado es engordado y comercializado, no se sabe a ciencia cierta cuántas fincas hay en las áreas protegidas, pero cuando uno va a esos lugares y cuando ves las imágenes satelitales, podes ver cómo está avanzando la frontera ganadera, siempre hay una demanda importante de ganado, porque los mataderos tienen contratos con sus compradores en Estados Unidos y en otros mercados que les están exigiendo constantemente cumplir con cuotas.
Lo que lo que pudimos constatar a través de las entrevistas es que existe una red de “programadores” —así les llaman—, que trabajan con los mataderos, que tienen relaciones con estos acopiadores, que se encargan de comprar ganado. En el caso de SuKarne, por ejemplo, tienen que comprar como 2000 cabezas de ganado, cada cierto tiempo. En una entrevista, el encargado de SuKarne en Nueva Guinea decía que tienen una gran presión para cumplir con las cuotas.
La única manera de saber a ciencia cierta es que el Gobierno y los mataderos hagan público la información del Sistema Nacional de Información de Trazabilidad Bovina. Y eso es lo que les estamos pidiendo nosotros, que se transparenten los datos, para que podamos todos, el Gobierno, el sector privado, y las organizaciones que están dispuestas a trabajar en función de buscar soluciones a este problema, puedan ofrecer soluciones a corto, mediano y largo plazo.
Los mataderos alegan que con ese sistema de trazabilidad del ganado que monitorean las autoridades, ellos pueden discriminar el ganado ilegal y procesar únicamente el ganado que proviene de lo que podríamos llamar pues áreas certificadas. ¿Ese sistema de trazabilidad ayuda a resolver el problema?
El sistema de trazabilidad, si no se manipulara, debería de poder funcionar precisamente para eso, pero el problema es que se está manipulando. Y lo que pudimos constatar, en esta investigación, es que el ganado que está enchapado en las áreas protegidas y en los territorios indígenas muchas veces ha sido registrado en fincas que están afuera de las áreas protegidas y los territorios indígenas.
Otro problema es que hay muchos movimientos no reportados. La información que obtuvimos del Sistema Nacional de Información de Trazabilidad Bovina, nos permitió ver que las reses que estaban enchapadas en áreas protegidas y territorios indígenas muchas veces estaban registradas a nombre de otras personas y en fincas afuera de esa zona.
Según la ley, los ganaderos tienen que reportar los movimientos de sus animales dentro de un periodo de 12 meses después de que mueven el animal, y eso no está sucediendo. Exfuncionarios del IPSA nos dijeron con toda claridad que eso no está pasando. Hay un problema de seguimiento de parte de la institución y falta de voluntad. Otro problema, que nos comentaron los exfuncionarios del IPSA, tiene que ver con la verificación y la supervisión de las fincas registradas, pareciera que no hay voluntad para corregir esos problemas.
El informe señala a SuKarne, la empresa mexicana, también al grupo CIICA de Costa Rica y Nuevo Carnic, que tienen alguna responsabilidad en esta cadena de suministro ilegal. ¿Ustedes han hablado con estos mataderos, les han presentado a ellos los resultados de esta investigación?
Documentamos casos de ganaderos que le vendieron reses a esos mataderos, pero en realidad todos los mataderos están involucrados en esto, porque todos tienen “programadores” en todo el país y hay una gran presión de cumplir con las cuotas, y poder exportar carne a Estados Unidos y otros mercados.
Nosotros tuvimos conversaciones con los mataderos en 2017 y 2018, cuando comenzamos esta investigación, se inició un proceso para establecer una agenda de trabajo en la que ellos se comprometieron a trabajar en función de corregir algunos de estos problemas, pero no se cumplió. Esperamos poder conversar con ellos, pero desafortunadamente hubo una actitud de querer desestimar este tipo de investigaciones y decir que nuestro único objetivo es perjudicar al sector, cuando no es así.
Este es un problema real, Nicaragua el año pasado (2024) tuvo la mayor pérdida de bosque primario en el mundo, perdimos 4.7% de nuestro bosque primario. El año anterior (2023) perdimos 4.2% del bosque primario, casi 10% de nuestro bosque primario en dos años. Este es un problema muy serio y necesitamos que los actores involucrados en estas actividades reconozcan que existe un problema, y eso no está sucediendo, lo que hay es una intención de ocultarlo.
Veamos la otra cara de la moneda en Estados Unidos, donde Nicaragua es el tercer proveedor de carne vacuna y se importan más de 200 millones de dólares anuales en carne. La Agencia de Investigación Ambiental hizo un estudio sobre la importación de carne nicaragüense. ¿Hay alguna relación entre esa investigación y la que realizan ustedes?
Ellos se encargaron de profundizar la investigación, en Estados Unidos ellos son una organización de mucho prestigio, ellos identificaron a los principales procesadores y a las empresas a quienes esos procesadores le venden carne. Y logramos identificar que hay cortes de carne nicaragüense que se mezcla en carne molida que se vende para hamburguesas y para otros productos en cadenas importantes como Walmart, Burger King, Sams Club, Kruger, Aldi, Applebee’s, Chili’s, Taco Bell, por ejemplo.
Eso quiere decir que consumidores en Estados Unidos, sin saberlo, están consumiendo carne nicaragüense, que probablemente viene de ganado, que está siendo criado de manera ilegal en áreas protegidas y territorios indígenas.
Nosotros le escribimos a estas empresas, algunas respondieron, otras no, algunas expresaron interés en conocer los hallazgos del informe, esperamos poder tener reuniones con ellos. Hay otros que han dicho que confían en la información que le han brindado los mataderos en Nicaragua y que todo se está haciendo bien.
La campaña de Patrullaje y la oenegé Re: wild que apoya esta investigación, está llamando a los consumidores norteamericanos a no consumir lo que ustedes llaman “carne en conflicto” nicaragüense, es decir, carne que se origina en ganadería ilegal, que está asociada deforestación o a territorios indígenas. ¿Pero cómo pueden los consumidores distinguir el origen de esa carne y, por el otro lado, cómo se puede evitar que los exportadores nicaragüenses paguen “justos por pecadores”, por la ilegalidad en que algunos incurren?
No dudo que hay ganaderos que están procurando no tener un impacto negativo en el medio ambiente y que están invirtiendo para hacer sus actividades de manera más intensiva. Pero, desafortunadamente, por la forma en que se mezcla la carne que se exporta, si el problema no se subsana, esto puede perjudicar a todo el sector.
La manera de resolver este problema es que haya mayor transparencia de parte de las autoridades de Nicaragua. Que los mataderos tomen medidas para evitar comprar carne que viene de estas áreas, adoptando medidas más estrictas, para garantizar que realmente no están comprando ganado que viene de estos lugares. En otros países lo que se ha hecho es una base de datos, con las imágenes satelitales se puede hacer un mapeo de todas las fincas que hay en estos lugares, y un registro de todas estas fincas ilegales y poner a estos finqueros en una “lista negra” para que no puedan vender su ganado, una lista en la que no tienen que estar ahí de forma permanente, si los finqueros pueden eventualmente demostrar que están tomando medidas para no comprar carne de esos lugares.
Además, tiene que haber un mayor control en estas áreas que son más sensibles. Nosotros hicimos un mapeo de toda la infraestructura ganadera que hay en estas zonas y no hay presencia del Estado, es mínima, la forma en que se comercializa el ganado es rudimentaria, no hay base de datos, todo se hace de una forma sin ningún control, tiene que haber una inversión para evitar que se siga infiltrando el ganado ilegal en la cadena de suministro.
¿Quién debería liderar la búsqueda de la solución de este problema? ¿El Ministerio de Agricultura, el IPSA? Están por otro lado los mataderos y los ganaderos.
Sí, hay un precedente interesante, en 2020 hubo un reportaje de PBS Newshour en el que se denunció esto mismo y en ese momento la Comisión Económica, el Banco Central, Ovidio Reyes, el IPSA y el Ministerio de Agricultura convocaron a los ganaderos a unas reuniones urgentes porque empezaron a hacer preguntas los compradores en Estados Unidos y hubo algunos que suspendieron sus pedidos temporalmente.
Mandaron una circular diciendo que no podía haber ganado sin chapas, y sabemos que se tomaron algunas medidas. Lo que pasa es que no son medidas que se mantienen en el tiempo y no hay voluntad para tomar medidas más contundentes. Si este es un sector tan importante para la economía de Nicaragua, entonces sí le compete al Estado, al sector privado, a todos los actores involucrados sentarse a ver cómo regular mejor el sector. Si hay voluntad política, se puede hacer, tienen los recursos y tienen capacidad para hacerlo en el territorio.
