Gobierno subregistra cifras de la trata de personas

“Por el día ella pasaba fuera de la casa, supuestamente trabajando, y cuando regresaba venía con hombres y me daba las pastillas”. Este es parte del relato de “Jimena”, una adolecente de 16 años originaria de Bilwi, Puerto Cabezas, víctima de trata de personas en Corn Island, y obligada a prostituirse bajo los efectos de la diazepam. Jimena fue engañada por una mujer, quien le prometió trabajo y darle una vida mejor.

Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen (UNODC), publicado en 2014, revela que entre 600 000 y 800 000 personas cruzan anualmente las fronteras internacionales como víctimas del delito de trata de personas, de ellas el 80% son mujeres y un 50% menores de edad, principalmente niñas.

Un informe del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) indica que en los últimos cinco años, Nicaragua no ha presentado aumento en los esfuerzos por prevenir, perseguir, investigar y sancionar este delito, a pesar de contar con la Ley 896 o Ley especial e integral contra la trata de personas.

Una de situaciones que alarma a estos investigadores es que existen componentes de esta Ley que no se están ejecutando. Por ejemplo, el Estado no destina fondos para crear albergues o grupos especializados de investigación. Además, en zonas de Nicaragua como la Costa Caribe, los esfuerzos son mucho menores que en otras zonas del país, y persiste el subregistro de estadísticas, pues la Policía Nacional reporta menos casos de los que las organizaciones de la sociedad civil reportan.

“En el 2017 la Policía Nacional reportó apenas tres casos a nivel nacional, pero nosotros hicimos un sondeo solo en Corinto en el 2017 e identificamos más de cinco casos de trata de personas. Nos preocupa porque las autoridades no están emitiendo datos que nos puedan dar elementos para hacer análisis a profundidad de qué zonas del país es donde están ocurriendo más casos”, afirmó Augusto Wil, investigador del IEEPP, en el programa Esta Noche.

También indicó que cuentan con datos globales que indican que adolescentes y mujeres jóvenes son las que están siendo mayormente víctimas de este delito.

Augusto Wil, investigador del IEEPP. Carlos Herrera | CONFIDENCIAL

Esfuerzos pendientes

La Ley 896 ordena la conformación de una coalición contra la trata de personas. Todavía en 2014, el IEEPP era parte de la mesa de investigación de esta coalición. En la actualidad, no tienen información sobre qué tanto está operando o no esta coalición. "Desconocemos si han nombrado un secretario, como Instituto no estamos siendo invitados a las mesas de trabajo de la coalición, el Estado ha cerrado los espacios para que nosotros no podamos trabajar en articulación con las demás instituciones del Estado en la prevención de este delito", lamentó Wil.

Wil señaló también que Nicaragua ha sido calificada en los últimos años como un país en "nivel 2 en lista de observación" por el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos, lo que indica que los esfuerzos han disminuido y son insuficientes para combatir este delito.

No hay confianza para denunciar

A pesar de todo lo vivido, Jimena no puso la denuncia por miedo. Este tipo de reacción ilustra lo que vive en su mayoría, las sobrevivientes de trata.

Para Augusto, hay varios factores que inciden en el tema de la denuncia, como por ejemplo, “la población tiene poca confianza en ir a poner una denuncia porque considera que no son atendidos adecuadamente”. Señala también que “no hay personas especializadas. Hay zonas como la Costa Caribe donde la policía está ausente y quienes hacen el rol de policías es el ejército”. “El Estado no está destinando los fondos necesarios para que en las estaciones de policía existan grupos especializados para atender a las víctimas e investigar estos casos”, afirmó.

Por falta de grupos especializados, muchas veces los delitos de trata de personas son tipificados como secuestros o explotación sexual, y no le dan el rango que deben tener. Además, en muchos casos, las víctimas son rescatadas en la etapa de traslado pero las autoridades no continúan con las investigaciones.

Wil subrayó que cuando hay menores de edad involucrados, como el caso de Jimena, el interés superior del niño debe primar en la atención a estos casos; la persona menor de edad debe recibir atención psicológica y también su familia, porque esta ha sido afectada; debe haber un trabajo con la comunidad, pues muchas veces son estigmatizadas como trabajadoras sexuales y deben ser vistas como sobrevivientes; y los responsables deben ser castigados como lo estipula la Ley 896.

"Es una lástima que no exista una denuncia en el caso de Jimena, ni una investigación a profundidad, porque posiblemente detrás de este caso debe existir una red mucho más grande y con elementos y capacidades logísticas", dijo Wil. 

Escenarios que propician la trata

El IEEPP realizó una investigación en tres departamentos del país donde la trata de personas es frecuente. Estos son Chinandega, Jinotega y San Juan del Sur. En estos territorios pudieron identificar seis escenarios que facilitan la captación de víctimas de trata. Esos son:

• Endeudamiento: El IEEPP identificó que en zonas rurales de Jinotega y Wiwilí, los tratantes endeudan a las mujeres con negocios como la venta de maquillaje, para luego "cobrarles" con trabajo en otro departamento.
• Cortes de café: durante la cosecha de café en Jinotega, muchas mujeres llegan a las fincas cafetaleras con sus hijos y buscan posada en algunas casas. Los dueños de estas casas son cómplices de tratantes.
• Ofertas de trabajo: Las ciudades fronterizas son lugares claves para tratantes, pues estos utilizan puntos ciegos para trasladar a sus víctimas. Es el caso de Potosí, Rivas donde existen hasta 12 puntos ciegos o Chinandega, donde los tratantes ofrecen empleos en Honduras o El Salvador.
• En Corinto, los tratantes ofrecen dinero a los tricicleros a cambio de conseguirles una "muchacha de compañía", o una muchacha para "mostrarles la ciudad".
• En San Juan del Sur, son los meseros quienes se convierten en los enlaces entre tratantes y las víctimas. Ni los meseros ni los tricicleros saben en su mayoría de veces, que los contactos se utilizan para otros fines.
• Hijos de crianza: Se identificaron casos en comunidades rurales de Wiwilí y Corinto sobre tratantes que ofrecen a familias darle educación, crianza y trabajo a alguno de sus hijos o hijas, y son utilizados como servidumbre.