9 de septiembre 2020
AA
En los últimos seis meses de pandemia, denuncian defensores de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca Más, al menos 1 442 nicaragüenses fueron obligados a permanecer varados en cuatro países y dos cruceros, luego que el régimen de Daniel Ortega les pusiera “obstáculos” e “impidiera” su ingreso al país.
El Colectivo, a través de su informe sobre “La situación de derechos humanos de nicaragüenses que sufren obstáculos para retornar a su país”, denuncia que los más de 1400 connacionales que sufrieron días e incluso semanas varados en fronteras o cruceros fueron sometidos a situaciones “inhumanas”, “degradantes” y, obviamente, “violatorios a sus derechos” y la misma Constitución de Nicaragua.
El informe del Colectivo detalla situaciones “inhumanas” que ocurrieron en la frontera de Peñas Blancas con un grupo de más de 300 nicaragüenses que pedían retornar al país.
“Más de 10 días fueron forzados a permanecer en ese sitio, sin alimentos, sin acceso a agua potable, aglomerados, expuestos al sol y la lluvia, sin poderse bañar y con acceso a un único servicio sanitario controlado por autoridades policiales”, señala el documento.
Resoluciones “son arbitrarias”
Wendy Flores, representante del Colectivo, señaló que algunas de las medidas restrictivas que usa el Estado de Nicaragua como “obstáculo” de facto para impedir el ingreso de los nicaragüenses son una serie de disposiciones legislativas y administrativas, entre ellas: la normativa del Ministerio de Salud (Minsa), donde incluyen la presentación obligatoria de una prueba covid-19 negativa para sus connacionales.
Flores recordó que en la misma Declaración Universal para los Derechos Humanos, según dispone el artículo 13 numeral 2, y la misma Constitución Política de Nicaragua, establecen que toda persona tiene derecho a "salir" o "regresar" de cualquier país, incluso del propio.
El 25 de julio, el Ministerio de Salud de Nicaragua emitió la resolución 346-2020, donde se dispuso que las personas nicaragüenses o extranjeras estaban obligadas a presentar un resultado negativo a la prueba covid-19, con un máximo de 72 horas de vigencia desde el momento de su realización.
Asimismo, el 31 de julio de 2020 el poder Ejecutivo envió una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería, aprobada el 04 de agosto por la Asamblea Nacional, mediante la cual se impondría una multa de 150 dólares a los nacionales que hayan salido o ingresado al país por zonas irregulares o puntos ciegos, esto sumado a los 150 dólares que cobra el Gobierno para realizar la prueba del covid-19 a personas que deseen viajar al extranjero.
Este tipo de medidas restrictivas fueron señaladas por los defensores como “arbitrarias e inhumanas” y con fines "recaudatorios", pues “al bloquear el acceso a sus nacionales, ha propiciado que éstos busquen de cualquier manera llegar a sus hogares”, impulsando así retornos “irregulares” y dejando a sus ciudadanos más expuestos a violaciones de sus derechos.
Gobierno de Nicaragua “limita derechos” universales
Carolina Jiménez, directora de Investigación de Amnistía Internacional, señaló que Nicaragua ha tenido la característica de ser un país "expulsor" desde antes de la crisis sociopolítica de abril de 2018, pero en estos seis meses de pandemia ha demostrado además que "limita" los derechos universales de sus ciudadanos, impidiendo su retorno seguro.
"Un Gobierno no debe hacer una declaración de impedimento de ingreso… El Gobierno de Nicaragua no dijo que se prohibía el ingreso de nicaragüenses, pero el Ministerio de Salud saca un decreto con requisitos que son imposibles para cumplir a personas que están en la intemperie. Entonces, esto termina siendo una lesión efectiva para que las personas puedan ejercer ese derecho a retornar a su país", señala.
Jiménez recordó que no es opcional para los Estados respetar los derechos de sus ciudadanos, pues es su obligación garantizarles su retorno seguro. La defensora de derechos humanos explica que en el caso de los nicaragüenses que han sido obstaculizados de ingresar a su país se ven obligados a "tomar rutas clandestinas" y, en otros casos, a pasar hambre, sed y sin acceso a la salud.
La investigadora de Amnistía, analizando el informe del Colectivo, resalta que la "restricción de entrada" que hizo el régimen de Ortega es "de facto" y pone en incertidumbre a quienes todavía desean retornar por condiciones económicas precarias que ha generado en la pandemia en los países de acogida.
Jiménez culminó su análisis señalando que desde las organizaciones internacionales "esperamos que nunca más tengamos que ser testigos de que un Gobierno le cierre las puertas a sus ciudadanos, cuando su único objetivo es volver a su país".
Además, indicó que las denuncias por estas restricciones u obstáculos para ingresar a su país deben ser hechas contra el Estado, pues son sus instituciones las que están limitando este derecho.
La representante del Colectivo reforzó lo indicado por Jiménez recomendando al régimen de Ortega que derogue esas medidas que obstaculizan el retorno seguro de los nicaragüenses. Flores afirma que si el deseo es proteger al país de la propagación de la pandemia, el Estado debería de garantizar a los connacionales una prueba gratuita, ya que muchos retornan precisamente por su precaria situación económica, y además aplicar un protocolo donde se garantice información y protección para los nicaragüenses que retornen de forma irregular.
