4 de diciembre 2017
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Tres semanas después de ocurrido un operativo militar del Ejército de Nicaragua en La Cruz de Río Grande, Región Autónoma del Caribe Sur –en el que murieron seis personas, incluidas una joven de dieciséis años y un niño de doce– los líderes de los principales gremios de ganaderos y productores están demandando una investigación exhaustiva sobre la actuación y las responsabilidades del Ejército.
Álvaro Vargas, presidente de la Federación de Ganaderos de Nicaragua (Faganic), explicó que durante la reunión que sostuvieron la semana pasada con la Policía Nacional expresaron que en el gremio existe preocupación por la inseguridad en el campo, y al mismo tiempo demandaron que se aclarara lo que en realidad sucedió en el operativo militar.
“En el caso de lo ocurrido con el asesinato de estos niños, nosotros compartimos lo que ha pedido la sociedad civil y la Iglesia, porque definitivamente hay que esclarecer el caso y que nos expliquen lo que sucedió. Estamos hablando de un informe detallado, específico, porque son vidas humanas las que se perdieron”, expresó Vargas.
El presidente de Faganic consideró que el trato que dio el Ejército a estas personas no fue el correcto, incluso, afirmó que si se hubiese tratado de ladrones de ganado, lo idóneo habría sido hacer cumplir la ley pero no tomando la vida de ninguna persona, pues para eso existen leyes y procesos judiciales.
“Comparado con la región, tenemos una seguridad envidiable, pero creemos que hay focos de violencia, asaltos y asesinatos, que si bien son casos aislados, se debe trabajar para que no aumenten, pero impartiendo lo que manda la ley, que es proteger al ciudadano, no cruzando los límites, y siguiendo el proceso debido”, manifestó Vargas.
Manuel Morales, presidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua (UNAG), coincidió con Vargas en que los focos de violencia son hechos aislados, y abogó por que las instancias correspondientes aclaren el caso.
“Entendemos que hay organismos dedicados a eso y que tendrán que hacer las investigaciones del caso. Si bien es una situación difícil, bastante complicada, es bueno que se haga una investigación, se determinen los hechos y que se pueda dar una conclusión clara de lo que sucedió ahí en beneficio de los familiares, la opinión pública y para la sanidad del Ejército”, indicó Morales.
Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, lamentó la pérdida de las personas que murieron durante el operativo que efectuó el Ejército “indistintamente de lo que hayan sido”, y consideró que el hecho ha provocado mayor consternación debido a que entre los fallecidos estaban dos menores de edad.
“A lo largo de estos años el Ejército se ha venido profesionalizando y se debe seguir apostando a ello. El Ejército tiene un marco legal y esperamos que esto funcione, así como sucedió en el caso de ‘Las Jagüitas’ con la Policía Nacional”, declaró Aguerri.
Investigar a los militares
Freddy Tórrez, exdiputado de la Asamblea Nacional y ganadero, considera que el Gobierno tiene que abrir una investigación que aclare todas las preguntas que aún no se han contestado, por ejemplo el hecho que no exista ningún herido después del enfrentamiento, y brinde información sobre cómo se realizó el “operativo” en el que murieron todas estas personas.
“Aquí a ningún Ejército, surgido de raíces sandinistas o somocistas, se le debe permitir tomar la decisión de vida o muerte de cualquier ciudadano. Hay que investigar si los militares se excedieron en sus funciones, y si esto pasó, deben ser enjuiciados y encarcelados, así como en el caso de Las Jagüitas. No es aceptable que haya un mando del Ejército que vea esto como algo natural. No podemos permitir que resurja el somocismo o la famosa Ley Fuga”, aseguró el exdiputado.
A juicio de Tórrez, cuando un ciudadano se alza en armas contra cualquier gobierno, este se encuentra expuesto a que lo maten. “El Gobierno responde con el Ejército y toma la determinación de ir en la búsqueda y captura. Hasta ahí estamos bien”, mencionó. Sin embargo, el protocolo de búsqueda que ha ejecutado el Ejército de Nicaragua no culmina en una captura, sino en muerte. Se ha mostrado implacable contra los llamados grupos “armados”, que se definen como opositores al presidente Ortega y que han tomado las armas en las zonas rurales del país esgrimiendo motivaciones políticas.
“Entonces a mí me preocupa cuando un Ejército, ante una rebelión de ciudadanos armados, toma la decisión de que al rebelde hay que matarlo a como dé lugar. Hoy fueron estas personas, de repente van a decir que doña Francisca (Ramírez) mucho jode y hay que matarla, y esto no puede ser así. O avanzamos o retrocedemos, es un hecho”, expresó Tórrez.
Ejército oculta muerte de menores
Esta semana el jefe del Sexto Comando Militar Regional, coronel Marvin Paniagua, declaró que “nosotros (el Ejército de Nicaragua) no hemos hecho ninguna fosa, no hemos hecho ningún entierro”, afirmó.
Paniagua aseguró que los militares entregaron los cuerpos “a nuestros hermanos de la Policía”, no obstante, no se refirió por qué mantienen el secretismo oficial sobre cómo y porqué se disparó contra dos menores de edad.
El jefe militar descalificó los reclamos en contra del Ejército, alegando que hay “una línea de manipulación”, contra la institución y culpó a los medios de comunicación.
Sin embargo, el militar no dijo nada sobre la muerte de la adolescente Yojeisel Pérez Valle, de 16 años de edad y de su hermano, el niño Francisco Alexander Pérez Valle. Según el relato oficial, todos los muertos eran “delincuentes comunes”, dedicados al asesinato, robo, abigeato y narcotráfico.
En el testimonio en que cuestiona a las autoridades, Elea Valle, esposa de Francisco Pérez y madre de los dos menores de edad que también fallecieron en el operativo militar, narró que su pareja se había visto obligado a sumarse a un grupo de rearmados en contra del Gobierno de Daniel Ortega, que lideraba su hermano Rafael Dávila, alias “comandante Colocho”, muerto también en el operativo. “La gente de la comunidad me empezó a decir: mire madre, (su hija) fue violada. La ahorcaron. La violaron y la colgaron. La masacraron a golpes”, relató.
También afirmó que el niño de doce años tenía cortes en los costados y dos disparos en el pecho. Según la madre, ambos menores tenían dos años de no ver al padre y habían aprovechado para reunirse y pasar un rato con su papá, en la comunidad San Pablo 22, del municipio de La Cruz de Río Grande, hasta donde la familia había tenido que huir por el hostigamiento militar.
