3 de julio 2019
La Asociación Madres de Abril, que reúne a decenas de madres, padres, hermanos y familiares de las víctimas de la matanza orteguista, interpuso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso por inconstitucionalidad en contra de la Ley de Amnistía, aprobada por la aplanadora de diputados sandinistas el 8 de junio de este año.
“No estamos dispuestas a hacer borrón y cuenta nueva. No estamos dispuestas a que prevalezca la impunidad. Vamos a hacer todo lo que humanamente y legalmente nos sea posible”, afirmó Francys Valdivia Machado, hermana del estudiante universitario y rapero Franco Valdivia, asesinado en abril del 2018 en la ciudad de Estelí.
El grupo de 30 familiares llegó al complejo de la CSJ a eso de las 11:30 de la mañana. De manera organizada se dirigieron hacia la entrada de esta institución del Estado, sin embargo, fueron bloqueados por oficiales de la Policía Nacional, que no explicaron el motivo de su intervención. “¿Por qué no nos dejan pasar? ¿Cuál es la orden que tienen? ¿No pueden hablar?”, cuestionó Valdivia Machado a los agentes, quienes armados con escopetas y AK47, guardaron silencio.
Veinte minutos después los guardas de seguridad de la CSJ informaron a la Asociación que iban a ingresar en grupos de cinco personas. Una de las primeras en ingresar fue Alejandra Rivera, madre del joven estudiante universitario Daniel Rivera, quien fue asesinado por paramilitares el 30 de mayo del 2018, cerca de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
“Nos recibieron el recurso, lo tuvimos que firmar, presenté mi cédula y eso fue todo. Nos estaban tomando fotos pero yo les dije que no lo hicieran. Creo que lo hacen para ‘sacar pecho’ de lo que están haciendo y esto no es un favor. Lo que están haciendo, es un derecho que tenemos nosotros”, manifestó Rivera, quien agregó que rechaza la Ley de Amnistía porque “no nos abarca a nosotros, esa es para ellos. Lo que nosotros queremos es verdad y justicia, por eso es que estamos haciendo esto para que ellos no se amparen ante esa ley”.
Margarita Mendoza, madre de Javier Munguía Mendoza, un joven que fue secuestrado y luego apareció muerto en el Instituto de Medicina Legal, en mayo del 2018, también rechazó la Ley de Amnistía, pues considera que como familiar de una víctima, su derecho está siendo violentado al evitar que se investigue a los verdaderos culpables de la muerte de su hijo.
Los guardas de seguridad de la Corte Suprema de Justicia permiten el ingreso de cinco en cinco de las madres que vinieron a interponer un recurso en contra de la Ley de Amnistía aprobada por los diputados de Daniel Ortega. En total son 30 familiares. pic.twitter.com/GjSWCoxEcr
— Maynor Salazar (@Maynorsalaz) 2 de julio de 2019
“Con esta ley, los asesinatos de nuestros hijos, quedan en la impunidad y eso no lo vamos a permitir. Seguimos agotando los recursos legales y aquí estamos y vamos a seguir adelante. Mi hijo es inocente, a él lo involucran en un delito que nunca cometió. Mi hijo es inocente como lo son todos los asesinados. Ninguno fue delincuente. Todos eran estudiantes, profesionales. Por eso estamos aquí, representándolos. No es justo que después de ser asesinados, su caso quede en la impunidad”, afirmó Mendoza.
Javier Munguía estuvo desaparecido desde el ocho de mayo y apareció el viernes 11 del mismo mes en el Instituto de Medicina Legal. Los forenses de Medicina Legal informaron a su madre que había muerto estrangulado, sin embargo, un informe realizado por el doctor Nelson García, a petición de la familia, demostró que murió estrangulado y que además tenía cinco golpes: cuatro en el rostro y uno en el pecho.
Pablo Cuevas, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), explicó que el informe del forense independiente detalla que Javier falleció “por asfixia mecánica”, aunque no se pudo determinar el día en que este murió debido a que el cuerpo estaba “muy helado”. “Fue categórico en decir que no habían señales de tortura. Pero sí encontró esos cinco golpes. Encontró el daño en su cuello que apunta a estrangulamiento o asfixia mecánica”, reafirmó Cuevas.
Solicitan a Alianza Cívica inclusión del tema de justicia
Las 30 personas, familiares de víctimas de la represión orteguista abandonaron la CSJ caminando hacia el vehículo que las trasladó hasta esta institución pública. Mientras caminaban iban gritando consignas y esto provocó, de inmediato, que la Policía Nacional los siguieran en sus camionetas haciendo sonar las sirenas.
El grupo de madres y demás familiares se retiraron rumbo a un hotel capitalino en el que brindaron una conferencia de prensa junto a miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, excarcelados políticos, madres de presos políticos, y representantes de la Unidad Médica Nicaragüense.
Francys Valdivia, presidenta de la Asociación Madres de Abril, indicó que el primer mensaje que querían transmitir en la conferencia era la unidad del universo de las víctimas. También informó sobre una carta enviada el 24 de junio a la Alianza Cívica en la que hicieron tres exigencias específica a largo y mediano plazo.
“(Una es ) la integración inmediata a la mesa de negociación para abordar el tema de justicia. Consideramos que somos nosotras quienes debemos estar ahí de forma autónoma ocupando ese espacio que moralmente nos corresponde a las víctimas directas. También solicitamos una mayor representatividad de los sectores en esa negociación. Hasta el momento no hemos recibido respuesta de la Alianza”, afirmó Valdivia, quien agregó que no conciben que el tema de justicia se visualice hasta que exista un cambio de Gobierno o hasta que se anuncie a elecciones anticipadas.
Rodrigo Espinoza, excarcelado político, expresó que rechaza la Ley de Amnistía porque lo único que busca es cubrir las atrocidades cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y librar de toda culpa a los responsables de los crímenes de lesa humanidad.
“Nosotros no necesitábamos ninguna ley porque en nuestros juicios no pudieron probarnos nada. Por eso rechazamos la amnistía. Por eso apoyamos a la Asociación Madres de Abril, porque ningún crimen puede quedar en la impunidad”, afirmó Espinoza.
José Luis Borge, representante de la Unidad Médica, expresó que esta organización rechaza la Ley de Amnistía porque a quien pretende liberar de culpabilidad es a los causantes de la represión.
“Los asesinatos deben ser llevados a la justicia. Demandamos que la CIDH, Meseni, ONU, ingresen a Nicaragua antes de empezar cualquier nueva edición del diálogo nacional y que estén representadas las víctimas de la represión”, manifestó Borge.