19 de febrero 2025
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Bajo el argumento de vigilar a las oenegés “sospechosas” de “terrorismo”, el Ministerio del Interior (MINT) extremará la supervisión sobre las organizaciones civiles nicaragüenses y extranjeras, de acuerdo con dos normativas de ley, publicadas el 13 de febrero de 2025.
En la normativa sobre el “financiamiento al terrorismo” se establece que el MINT vigilará a las oenegés a través de la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucre (DGRC-OSFL) para identificar si hay “organizaciones legítimas” usadas para desviar fondos al “terrorismo”, un término que usa la dictadura para desacreditar a los ciudadanos e instituciones que los critican.
La vigilancia a las oenegés ya se había incluido en el reglamento de la Ley 1115 o General de Regulación y Control De Organismos Sin Fines De Lucro, publicado en febrero de 2023. Sin embargo, ahora se amplían los controles sobre la información que deben entregar las asociaciones y los alcances que tendrá la dependencia del MINT.
En la normativa se ordena que las oenegés deben entregar al Ministerio del Interior la documentación financiera —incluido el detalle de los donantes—, los convenios de cooperación, las transacciones financieras y de actividades. Además, tendrán que identificar y declarar quiénes son sus beneficiarios y, en caso de una supervisión in situ, deben dar acceso a los equipos informáticos.
En el reglamento se indicó que la DGRC-OSFL puede imponer sanciones administrativas que van desde amonestaciones y multas hasta la cancelación de personerías jurídicas. Ahora, en la normativa, se detallan los criterios que usarán para decidir las sanciones, que dependiendo del tipo de infracción pueden ser: leve, grave o muy grave.
- Hay 13 tipo de infracciones leves: Van desde entregar la información incompleta a no tener actualizado los registros y archivos de operaciones y transacciones financieras.
- Hay 10 tipos de infracciones graves: Estas incluyen no proporcionar la información y documentación de soporte, reincidir en dos o más infracciones leves.
- Hay 15 tipos de infracciones muy graves: Desde no cooperar con las autoridades hasta financiar o promover el financiamiento a cualquier tipo de organización o movimiento, para actividades ilícitas.
Ministerio del Interior decidirá cómo vigilar
En el artículo tres de la normativa, el MINT describe que será considerada como “amenaza” a las personas o grupo “con potencial de causar daño al recaudar, mover, almacenar o utilizar fondos y otros activos (ya sea de fuentes legítimas o ilegítimas) para fines terroristas”.
Asimismo, son una amenaza “las organizaciones terroristas nacionales o internacionales y sus facilitadores, sus fondos, así como actividades de financiamiento terrorista pasadas, presentes y futuras, y personas y poblaciones que simpatizan con las organizaciones terroristas”.
Ante estas “amenazas”, la DFRC-OSFL vigilará a las oenegés para evitar que desvíen los fondos y tendrán la libertad de “definir el período de tiempo a supervisar y la fecha de ejecución; así como la duración y el local en que se desarrollará la supervisión y/o monitoreo”.
Entre las responsabilidades de esta dependencia está “identificar las características y tipos de OSFL, que estén especialmente en riesgo de ser utilizados para fines de financiamiento al terrorismo y dar seguimiento pormenorizado en caso de sospecha de actos o hechos que puedan ser constitutivos de delito”.
Y si esta dependencia del MINT tiene sospechas de que una organización reciba financiamiento para el terrorismo se lo informará a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Los criterios para elevar el monitoreo serán:
- Si se sospecha que es una “oenegé pantalla” que recauda fondos para una organización terrorista.
- Si se usa a la organización para evadir medidas de congelamiento de activos.
- Si está ocultando o encubriendo el desvío clandestino de fondos legítimos hacía terroristas u organizaciones terroristas.
Oenegés deben “cooperar” y evitar el efectivo
La segunda normativa está enfocada en los requisitos que deben tomar las organizaciones al conformarse y también las infracciones y sanciones administrativas que se les pueden aplicar.
Las oenegés están obligadas a colaborar con el monitoreo que realice la DFRC-OSFL, por lo que deberán conservar y poner a su disposición los estados financieros, con desglose, y las transacciones nacionales e internacionales de los últimos diez años.
También deberán darle a la dirección del MINT acceso a los programas informáticos de la oenegé y cuando tengan “sospecha de algo ilícito” por parte de los proveedores de fondos deben reportarlo.
En el artículo 11 de la normativa se establece que las operaciones monetarias de las oenegés deberán hacerse “a través de canales financieros y de pago regulados a fin de evitar el riesgo de uso de efectivo”.
Además autorizan a la DFRC-OSFL a realizar supervisiones in situ, extra situ o supervisiones sorpresas. Estas se caracterizan por los siguiente:
- Supervisión in situ: va dirigida a la oenegés consideradas de “alto riesgo” y se realiza en el domicilio de la misma y con presencia del representante de la oenegé.
- Supervisión extra situ: se realizará a las oenegés de “riesgo moderado y alto”. La organización lleva a las oficinas de la DGRC-OSFL la documentación legal y financiera para ser revisada.
- Supervisión especial: es una visita no programada y se realiza cuando se precisa que una supervisión sea de manera inmediata.
Ortega “en guerra” contra las oenegés
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lleva más de cinco años en guerra contra las oenegés en Nicaragua. A estos organismos no gubernamentales los acusó en 2021 de “lavar dinero y de distribuirlo para actividades terroristas desestabilizadoras”.
Los discursos de odio se tradujeron en el cierre de unas 5614 oenegés, de estas 5418 fueron clausuradas por decisión del MINT y 196 pidieron su disolución ante las trabas del régimen, según un conteo de CONFIDENCIAL.
A nivel jurídico, la dictadura ha ejecutado una serie de cambios desde 2020, cuando se aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que obliga a las organizaciones a inscribirse como agente extranjero.
En marzo de 2022, aprobaron la Ley 1115 o General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL), que prohíbe realizar de forma directa o indirecta proselitismo político y que las organizaciones utilicen su estructura “para violentar el orden público” o promover “campañas de desestabilización” en Nicaragua. Ese mismo año, en agosto, la reformaron para que las OSFL pasarán a ser controladas por el Ministerio de Gobernación, que se transformó en el MINT.
En febrero de 2023, se publicó el reglamento de esta ley en el cual se legalizó la confiscación al establecer que en caso de ser cerrada una oenegé por incumplimiento a la Ley 1115, los bienes muebles o inmuebles serían trasladados a nombre del Estado de Nicaragua, entre otras medidas de control.
Las reformas continuaron en 2024, ese año el régimen le arrebató a las oenegés la autonomía de los proyectos al obligarlas a trabajar en alianzas con el Ministerio del Interior y eliminó las exoneraciones u otros beneficios fiscales que tenían.
En febrero de 2025, el régimen publica estas normativas en las que agudiza la vigilancia e insiste en que hay financiamiento al “terrorismo” a través de estos organismos no gubernamentales.
