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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo excarceló el 5 de febrero de 2026 al preso político y exmilitar Aníbal Martín Rivas Reed, confirmaron familiares y miembros del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX).
La excarcelación del exmilitar, que en 2025 fue sentenciado a 50 años de cárcel por “traición a la patria”, ocurre en un momento en que el Gobierno de Estados Unidos ejerce mucha presión sobre el régimen nicaragüense.
El exmilitar, de 61 años de edad, fue trasladado en horas de la mañana del 5 de febrero de 2025 por miembros del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) hasta la casa de uno de sus hijos, en el departamento de Matagalpa.
Se desconoce si el traslado obedece a algún cambio de medida cautelar impuesta por la justicia del régimen.
Según los familiares, el preso político excarcelado “se ve bien físicamente. En medio de lo que cabe”, a pesar de haber permanecido más de ocho meses en prisión de forma arbitraria.
Las autoridades del régimen ocultaron el paradero de Rivas Reed e impidieron que sus familiares pudieran localizarlo durante 42 días, hasta que finalmente, en junio de 2025, fue sentenciado a 50 años de cárcel en un juicio secreto.
Durante el tiempo que el exmilitar estuvo en custodia del régimen orteguista permaneció en confinamiento solitario, “en una celda pequeña, completamente cerrada y en aislamiento total, sin posibilidad de hablar ni salir al sol”, denunciaron sus familiares en junio de 2025.
Aníbal Rivas Reed fue capturado el 17 de mayo de 2025 por agentes policiales, luego de una redada en el departamento de Matagalpa en la que fueron detenidos varios exmilitares. Entre ellos, el general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero, condenado a 20 años de prisión también por “traición a la patria”.
Rivas Reed, conocido como “El Chele”, es tío materno de la expresa política desterrada Tamara Dávila Rivas.
En junio de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares al exmilitar, por considerar que afronta una situación de “gravedad y urgencia” debido a que sus derechos a la vida e integridad personal se encuentran “en riesgo de daño irreparable”.
