5 de agosto 2023
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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ocultó por más de un mes la condena de 26 años y cuatro meses de prisión al obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando José Álvarez, quien fue juzgado en ausencia. El prelado —quien este viernes 4 de enero de 2023 cumplió un año detenido— se enteró de su sentencia el 25 de marzo de 2023, en una visita familiar programada por el régimen para exhibirlo ante los medios de propaganda, señaló el abogado Yader Morazán, quien tuvo acceso a parte del expediente del caso.
La condena contra monseñor Álvarez fue leída el viernes 10 de febrero, un día después que el obispo se negó a ser desterrado junto a 222 expresos políticos, lo que provocó la ira del dictador Ortega, quien lo calificó de “soberbio”, “desquiciado” y “energúmeno”.
Pese a no tener ninguna competencia sobre la causa, el magistrado Octavio Rothschuh Andino, sancionado por Estados Unidos y presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), se encargó de detallar la sentencia contra el obispo, por los supuestos delitos de “conspiración”, “propagación de noticias falsas”, “obstrucción de funciones agravada” y “desacato a la autoridad”.
“Monseñor Álvarez se quedó esperando a que le hicieran, aunque sea, una simulación de juicio, pero ni él, ni su abogada, ni los testigos fueron llevados a los Juzgados, ni a deponer mentiras. Supo de su condena de 26 años, hasta el día que lo exhibieron”, compartió Morazán a través de un hilo de Twitter.
La dictadura había preparado a doce testigos y cuatro peritos para declarar en el juicio contra el obispo de Matagalpa. Entre estos destacaban tres policías, dos trabajadores del Estado y varios simpatizantes sandinistas, según reveló CONFIDENCIAL. Sin embargo, finalmente, no fueron utilizados en el juicio espurio.
“Fue sometido a un proceso en ausencia el que se le negó hasta el derecho conocer de su condena y el derecho de apelar. Todo por predicar con la verdad, acompañar a su rebaño y negarse a ser expulsado del país junto a 222 presos políticos”, señaló Morazán.
Las “pruebas” de la dictadura
El caso contra monseñor Álvarez fue sustentado por el Ministerio Público con videos de Facebook, tuits, y publicaciones periodísticas de medios independientes, incluida una entrevista brindada por prelado al programa Esta Semana, conducido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, publicada el 28 de octubre de 2019 y titulada “En Nicaragua se perdió el miedo”.
La dictadura hizo especial énfasis, según denunció Morazán, a partir del minuto 7:43 de la entrevista, justamente cuando monseñor Álvarez reseña el mensaje emitido por la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) en mayo de 2019, en el que puntualizaron cinco bases sobre las que se debería de construir una nueva Nicaragua.
“En un país donde no existe la libertad de expresión, todas las otras libertades terminan feneciendo. Abogamos por la independencia de poderes, abogamos por un Poder Judicial independiente, imparcial y con mucha ética, abogamos por un Poder Electoral transparente que garantice con observación nacional e internacional las elecciones libres, abogamos por la división de poderes, y donde ninguno esté sobre otro”, señaló Álvarez en la entrevista.
La justicia orteguista incluyó también como prueba un video de Facebook de la Diócesis de Matagalpa, fechado el 22 de mayo de 2022, en el que Álvarez denunció que se le impidió a los sacerdotes Diedrik Calero y Pablo Antonio Villafranca celebrar misa con él.
Asimismo, citan tuits de monseñor haciendo referencia a las votaciones generales de 2021, calificado por la comunidad internacional como una “farsa electoral” porque Ortega y Murillo se enquistaron en el poder con sus principales competidores en prisión.
“Quiero felicitar a quienes se verificaron. Excelente logro. A quienes no lo hicieron, los respeto. Esto nos obliga a repetir: que a nadie se le ocurra jugarnos sucio, dar atol con el dedo o jugarnos sombra. El pueblo es el verdadero soberano. Sigamos observando atentamente”, escribió Álvarez el 28 de julio de 2021.
La Fiscalía citó también un tuit del 5 de agosto de 2021. “Nicaragua está cansada de seguir repitiendo la misma historia; ciclos de violencia, de confrontación y pactos a espaldas del pueblo. No queremos discursos convulsionados, de odio, que inciten a enfrentamientos entre hermanos”, dijo monseñor Álvarez en un contexto convulsionado por las redadas ejecutadas por la Policía orteguista.
La dictadura agregó como pruebas contra Álvarez publicaciones de La Prensa, Artículo 66, Voz de América y la cadena alemana Deutsche Welle.
Otro de los videos señalados fue el del 20 de enero de 2022 —al parecer de la Diócesis de Matagalpa— en el que el religioso reflexionó sobre el “milagro de vivir en paz, de vivir en libertad, de vivir sin presos políticos y sin exiliados que eso es lo que más desea Nicaragua, que haga el milagro de vivir sin esa migración forzada que no está sangrando como país y que está desintegrando a nuestra familia”.
Morazán aseguró que, conforme a la documentación legal que accedió, los actos investigativos fueron avalados por el suboficial Antonio Gutiérrez Valverde, especialista de delitos informáticos, y el teniente Xavier Alberto Corea Martínez, jefe del Departamento de Delitos Informáticos.
De secuestro a ser condenado en ausencia
El 4 de agosto de 2022 un contingente policial secuestró a monseñor Álvarez junto a otros religiosos en la Curia Episcopal de Matagalpa, tras impedir que celebrara la eucaristía del Santísimo. La Policía lo mantuvo bajo vigilancia permanente por 15 días, alegando una investigación por fomentar la violencia.
En la madrugada del 19 de agosto, la Policía asaltó la Curia Episcopal y trasladó a Álvarez a una vivienda bajo “resguardo” y al resto de sacerdotes —ahora desterrados en Estados Unidos— a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote.
El 13 de diciembre de 2022 oficialmente la autoridad judicial giró arresto domiciliar contra monseñor Álvarez. Sus fotografías en los juzgados de Managua fueron divulgadas por la maquinaria de propaganda orteguista.
El prelado, quien se encuentra en una celda de máxima seguridad en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, está en condiciones de “desaparición forzada”, destacó Morazán, ya que las autoridades se niegan a dar información a sus familiares, a quienes ha visto una sola vez en seis meses de encierro.
