14 de febrero 2023
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Fuentes vinculadas a la Iglesia católica revelaron a CONFIDENCIAL que desde el jueves de la semana pasada Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, “se encuentra solo, en una celda de máxima seguridad en la cárcel Modelo.”
Las fuentes informaron que las autoridades del sistema penitenciario de la cárcel Modelo en Tipitapa permitieron que le hicieran llegar al obispo productos de aseo personal.
Monseñor Alvarez se encuentra “muy sereno, lleno de Dios, consciente y firme de la decisión que adoptó”, al rehusarse a aceptar la orden de destierro a Estados Unidos impuesta por el régimen de Daniel Ortega a 222 presos políticos, indicó la fuente.
Menos de 24 horas después que Daniel Ortega atacó públicamente a monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, la jueza Nadia Tardencilla Rodríguez, del Tribunal Segundo Distrito de Juicio en Managua, lo condenó el viernes 10 de febrero de 2023 a 26 años y 4 meses de prisión en un proceso considerado por expertos como una “acción delictiva”.
El fallo judicial indica que al religioso le fueron impuestos diez años por el supuesto delito de conspiración, cinco años por propagación de noticias falsas, cinco años y cuatro meses por “obstrucción de funciones agravadas” y un año por “desacato a la autoridad”.
Álvarez fue despojado además de su nacionalidad, le impusieron una multa de 58000 córdobas–equivalente a 1555 dólares– y lo inhabilitaron de manera perpetua para cargos públicos y de elección popular, según la resolución del poder judicial.
También el obispo fue trasladado por órdenes de Ortega a la prisión La Modelo en Tipitapa, al norte de Managua, después que se negó a aceptar la orden de destierro a Estados Unidos el pasado jueves 9 de febrero a 222 presos de conciencia, quienes fueron enviados por el régimen nicaragüense a Estados Unidos.
La jueza Tardencilla acató la orden con la sentencia ejecutó el viernes 10 de febrero, en un juicio exprés que estaba programado para el miércoles 15 de febrero.
Entre las anomalías señaladas por los abogados consultados por CONFIDENCIAL se encuentra que la condena a Álvarez incluyó dos delitos por los cuales no se le había acusado: obstrucción de funciones agravada y desobediencia a la autoridad.
En un análisis jurídico, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) sostuvo que se trata de acciones repudiables contra monseñor Álvarez, “el más inocente entre los inocentes y alertamos que esta acción perversa del régimen es la reafirmación de la destrucción total de la institucionalidad y el Estado de derecho en Nicaragua. Alertamos que la seguridad y la vida de Monseñor está en riesgo”.
Ni siquiera escucharon a los testigos
La sentencia se dictó cinco días antes de la cita de los testigos para el caso, como estaba previsto según la información publicada en su momento MosaicoCSI, un referente mediático del norte del país.
Los juristas dijeron que incluso tienen dudas sobre sí se realizó el proceso formal del juicio, porque la jueza debió realizar el debate de pena y la sentencia en un día, a juzgar por el proceso expedito de condena al religioso.
El Cenidh calificó como farsa judicial el proceso y dijo que tenían información de que no hubo “ningún juicio en el presente caso”.
Antes de la orden de Ortega, de llevarlo al penal en Tipitapa, Álvarez se encontraba en una residencia familiar en Managua desde el 19 de agosto pasado cuando fue trasladado a la fuerza por la Policía tras el asalto de las tropas especiales a la Curia de Matagalpa.
“La convocatoria a juicio fue únicamente por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, sin embargo, hoy se le condena por otros delitos: obstrucción de funciones agravada y desobediencia o desacato a la autoridad”, insistió el reconocido organismo de derechos humanos.
La jueza Rodríguez tiene antecedentes persiguiendo a presos políticos y es parte de una maquinaria que responde a los intereses de Ortega, integrada por policías, fiscales, jueces y magistrados. El 15 de julio de 2022, ella fue sancionada en una lista de 22 operadores de justicia a los que Estados Unidos castigó por participar en las violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura.
📢🇳🇮COMUNICADO URGENTE| Repudiamos acciones delictivas del régimen Ortega Murillo contra Monseñor Rolando Álvarez. Su seguridad y su vida están en riesgo.#LibertadParaMonseñorÁlvarez#EsInocente#SOSNicaragua pic.twitter.com/QxxIY1VWMw
— Cenidh (@cenidh) February 11, 2023
El Cenidh ratificó que no se puede condenar a nadie por ningún delito que “que no haya sido imputado”. Criticó también el despojo de la nacionalidad a Álvarez, para lo que se aplicó una reforma constitucional que no está vigente, porque se necesitaría la aprobación de la misma en dos legislaturas y la segunda inicia hasta el 9 de enero de 2024.
Esa modificación constitucional fue aprobada horas después del destierro de los 222 reos de conciencia y, según el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, uno de los operadores más cercanos de Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, se dio en aras de buscar “la paz” para el país.
Para un penalista consultado, el juicio de Álvarez muestra cómo funciona el sistema y agregó que la decisión del despojo de la nacionalidad al obispo y los otros presos políticos viola los convenios internacionales suscritos por Nicaragua.
Al jurista le pareció “extraño y completamente irregular” que la jueza Tardencilla no leyó su sentencia. En su lugar, el magistrado Octavio Ernesto Rothschuh Andino, presidente de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), se dirigió a la audiencia.
“Un magistrado del tribunal de apelaciones no puede bajo ningún punto de vista leer una sentencia que ha dictado un juez de primera instancia. Porque la misma puede ser que sea recurrida en apelaciones y en el sorteo el caso puede caer en su despacho”, explicó uno de los abogados consultados en referencia a la actuación de Rothschuh.
El magistrado es parte del TAM, otro eslabón represivo que se ha plegado al ejecutivo en su saña contra los presos políticos. Es conocida la participación de Rothschuh en actividades políticas partidarias a favor del FSLN, de lo que hay muchos registros fotográficos desde hace años en los medios de comunicación.
Funcionarios judiciales con responsabilidades
El penalista dijo que hay dos tipos de responsabilidades en el caso de Álvarez y de todos los presos políticos: individual y colectiva.
El experto añadió que la Policía cometió el delito de abuso de autoridad, igual que los fiscales. Estos últimos incurrieron en acusación falsa, ofrecimientos de testigos y peritos falsos, los que mintieron ante los judiciales incurrieron en falso testimonio, mientras los jueces y magistrados en prevaricato y tortura.
“Eso desde el punto de vista individual, pero no se puede obviar la actuación conjunta, sistémica, se comete un delito de lesa humanidad de persecución y encarcelamiento forzoso contra monseñor Álvarez, según lo establecido en el estatuto de Roma”, agregó la fuente.
