12 de septiembre 2023
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El plazo de 90 días establecido por la Policía del régimen para “investigar” las cuentas bancarias de la Iglesia católica, asociadas a un supuesto caso de lavado de activos, venció desde hace dos semanas. Pero las autoridades del régimen mantienen las cuentas congeladas, incumpliendo con sus propias leyes y causando un gran perjuicio a las obras sociales de la institución.
El congelamiento de las cuentas bancarias de la Iglesia católica en el sistema financiero nicaragüense fue impuesto desde hace 107 días y se ha ejecutado a nivel nacional. Primero cancelaron cuentas bancarias de la Iglesia en Estelí, y siguieron en Matagalpa, Managua, hasta completarse en todos los municipios del país.
Sin embargo, las autoridades del régimen “no han dicho nada”, advierte la abogada Martha Patricia Molina, quien es autora de la investigación Nicaragua, una Iglesia perseguida. “No dicen nada, porque no tienen nada, no tienen pruebas", valoró Molina.
Según la nota de prensa N° 010-2023, de la Policía Nacional, publicada el 27 de mayo pasado, el origen de la “investigación” —que llevó al congelamiento de las cuentas de la Iglesia— fue el supuesto hallazgo de “centenares de miles de dólares, escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a Diócesis del país”. Desde entonces no han vuelto a pronunciarse.
Para la investigadora, el plazo de 90 días de investigación es “inconstitucional, pero arbitrariamente impuesto en la ley”. Sin embargo, las autoridades del régimen “tampoco lo están respetando, ni en la forma ni el fondo del asunto”, agregó.
Iglesia sin fondos para sus obras sociales
Mientras el régimen guarda silencio sobre el caso, el bloqueo bancario continúa haciendo mella en el trabajo de la Iglesia. Feligreses de las Diócesis de Jinotega y Estelí confirmaron que algunas parroquias carecen de fondos para sufragar sus obras sociales.
Algunos feligreses —inclusive— señalan que el asilo de ancianos San Vicente de Paul, de la Diócesis de Jinotega, habría sido “entregado” a la alcaldía de Jinotega y al Ministerio de la Familia. Esta decisión habría sido tomada debido a que la Iglesia no podía seguir cubriendo los gastos de los 25 ancianos, los salarios de los trabajadores y los cobros de impuestos y servicios básicos.
Otras obras sociales de la Iglesia ahora están a cargo de los ministerios religiosos, ya que la institución ha reducido sus responsabilidades “casi a cero”, de acuerdo con los feligreses consultados.
Sacerdotes continúan detenidos
Como parte de esta “investigación”, los sacerdotes Pastor Eugenio Rodríguez Benavides y Leonardo Guevara Gutiérrez, fueron sacados el 23 de mayo por oficiales del régimen de sus parroquias en Jalapa y Estelí, respectivamente, y trasladados a Managua a “una casa de formación” de la Iglesia católica, donde llevan 109 días a la “espera” que la Policía complete el proceso “investigativo” en su contra.
Sin embargo, “no existe ninguna acusación formal y lo único seguro es que se han vulnerado todos los derechos humanos a los implicados”, subrayó Molina en una publicación en sus redes sociales.
Además, el pasado 8 de septiembre la Policía secuestró al sacerdote Osman José Amador Guillén, de 36 años, quien fue el último director de Cáritas Diocesana de Estelí, cancelada por el régimen en marzo de 2023. Por lo que la investigadora teme que sea vinculado con el caso de los sacerdotes Rodríguez y Guevara.
